El largo proceso que ha llevado en Ecuador el tratamiento de la llamada Ley de Comunicación, parece estar llegando a su fin.

El próximo miércoles, se votará un proyecto que fue entregado en su versión final a la Asamblea Nacional de parte del asambleísta Mauro Andino, con algunas modificaciones que podrían hacer que algunos miembros modifiquen su posición y apoyen esta iniciativa, considerada por el Gobierno del país como fundamental para la democratización de la comunicación.

Cabe recordar que la elaboración de una ley de comunicación fue ordenada por la Constitución de 2008 y ratificada por un referendo que tuvo lugar el 7 de mayo de 2011, donde una mayoría de electores se pronunció porque la Asamblea Nacional, sin dilaciones, promulgara una Ley de Comunicación “que cree un Consejo de Regulación que regule la difusión de contenidos que contengan mensajes de violencia, explícitamente sexuales o discriminatorios y prohíba que las instituciones del sistema financiero privado, así como las empresas de comunicación privadas, de carácter nacional, sus directores y principales accionistas, sean dueños o tengan participación accionaria fuera del ámbito financiero o comunicacional, respectivamente”.

El proyecto de ley consta de 128 artículos y establece nuevas reglas para el ejercicio del derecho a  la comunicación. De aprobarse,  sustituiría a la actual  Ley de Ejercicio Profesional del Periodista, que data del 30 de septiembre de 1975, cuando en el Ecuador gobernaba una dictadura militar, caso muy similar al ocurrido en nuestro país con el tratamiento de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, hoy vigente en la Argentina.

Para los principales detractores de la norma, ésta busca generar mordazas en la prensa independiente, además de crear un monopolio estatal, y cambian el ángulo de análisis al denominar al proyecto como “ley de medios”, simplificando la naturaleza del proyecto, que en realidad plantea una ley orgánica de comunicación que democratiza la comunicación, protege a la niñez y a las personas con discapacidad, crea un Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación para regular a los medios privados, públicos y comunitarios, fomenta la producción nacional en la programación,  la producción independiente y la música nacional, beneficia a los publicistas nacionales y regula los espectáculos públicos y la gestión del espectro radioeléctrico.

Según  Giovana Tassi Bianch, Directora de la radio pública de Ecuador, “en estos dos años en que se está discutiendo esta ley se han recogido las  inquietudes de más de 650 grupos sociales y organizaciones que han hecho su aporte en distintos foros y reuniones. Sin embargo la oposición se opone argumentando que con la norma se favorece la creación de medios públicos no solo nacionales sino también a nivel local. Cada provincia o cada municipio podrían tener radios, por ejemplo, y ese concepto es utilizado para asegurar que se busca crear un monopolio estatal. Por otro lado, desde los sectores opositores se oponen a la división del espectro radiofónico en un 33 por ciento a los medios públicos, un 33 a los medios privados y un 34 a los medios comunitarios, (caso similar al argentino) ya que aseguran que no hay una diversidad tan grande en el Ecuador que pueda ocupar el 34 por ciento para la comunidad, lo cual constituye una falacia, dada la diversidad cultural y étnica que existe en el país”.

Para la directora de la radio pública, “en realidad la verdadera razón para oponerse viene de la presión de los grupos privados que por primera vez en la historia del país se verían controlados tanto en cuanto la opinión editorial como en cuanto a la forma en que manejan sus medios, ya que la ley pone límites al tipo de programación, obliga a la programación intercultural, y habla de la responsabilidad ulterior y la responsabilidad compartida, y estos son temas que ningún privado quiere asumir en nombre de una mala idea de libertad de expresión”.

Teniendo en cuenta una nueva distribución del espectro radioeléctrico, hoy concentrado en un 95 por ciento en manos privadas, el proyecto de ley dispone que esa nueva distribución se alcance de manera progresiva, mediante la reversión de las frecuencias obtenidas ilegalmente y la asignación de las todavía disponibles. Este mismo criterio equitativo se aplicaría cuando entre en vigencia la digitalización de los sistemas de transmisión de radio y televisión.

Siguiendo conceptos muy similares a los vigentes en la nueva Ley de Servicios de Comunicación argentina, también se toman medidas para evitar el monopolio y la mercantilización de las frecuencias y la concentración de las mismas en una sola persona natural o jurídica, disponiendo que ésta solo podrá ser adjudicataria de una frecuencia de radio AM, una de FM y una de televisión.

 Como bien dice Tassi Bianch, estas consideraciones son las que han provocado la forma virulenta y agresiva con la que han reaccionado en estos últimos tres años los propietarios de los medios en contra de esta ley.

Pero más allá de los medios audiovisuales, el proyecto también va sobre los medios gráficos, sobre todo en el denominado  principio de la transparencia, mediante el cual se obliga a los medios impresos a difundir en cada una de sus publicaciones el número de ejemplares que ponen en circulación. También les obliga a seguir ciertas normas para evitar la manipulación: responsabilizarse de las informaciones y opiniones que difundan;  diferenciar las noticias de las opiniones; cuidar que los titulares se correspondan con los contenidos de las informaciones,   rectificar a la brevedad posible las informaciones y opiniones que se han demostrado falsas, entre otras.

La profesionalización de los trabajadores queda expresada en los artículos 40 y 41 donde se dice que la comunicación tiene la garantía de su libre ejercicio, pero para el trabajo profesional en medios y para las actividades periodísticas se debe tener un título profesional, excepto para las actividades de los editorialistas, articulistas, quienes se dedican a la exposición en medios de artes, ciencias y religión, aunque quedan fuera de esta norma los periodistas que trabajan en lenguas indígenas y en medios comunitarios.

En otro artículo francamente innovador, la ley establece un plazo de seis años para que los periodistas se titularicen y pide a las empresas que otorguen las facilidades de estudios.

Son  muchos más los puntos en disputa, varios de ellos surgidos de los 10 puntos básicos que fueron el  fruto de amplios debates y consensos con representantes de organizaciones sociales, redes nacionales e internacionales, y que sirvieron de partida para la elaboración del proyecto.

Lo cierto es que este miércoles, más allá de los aciertos o errores que tenga el proyecto presentado, la Asamblea Nacional tiene la obligación de cumplir con el mandato ciudadano. Las cosas no parecen tan fáciles, ya que el movimiento oficialista Alianza País no cuenta con los 63 votos que se requiere para aprobar la ley, aunque sólo estarían faltando cuatro sufragios. Los que representan a la derecha, de la mano de César Montúfar, se han pronunciado por el archivo de la misma, en tanto que los asambleístas de la izquierda nucleados en Pachakutik y en el Movimiento Popular Democrático, tampoco se han pronunciado a favor de la aprobación de la misma.

Son varias las organizaciones de derechos humanos y de comunicadores en toda América Latina que apoyan la promulgación de esta ley, aunque la oligarquía mediática, francamente enfrentada con el presidente Correa se opone a la misma de la mano de organizaciones empresariales como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), con el insostenible pretexto de “se verá afectada su libertad de expresión” que no es más ni menos que su libertad de empresa.  

Lo que resta saber es si ahora los Asambleístas cumplen con el mandato dado en la consulta popular o siguen siendo serviles a los medios hegemónicos que miran con preocupación la pérdida del monopolio informativo en la región, que en realidad no es más que la pérdida de la posición dominante en cuanto a la manipulación mediática de contenidos y voluntades.