El titular de la AFIP, Alberto Abad, decidió ir a fondo para que se investigue cómo se filtró la información de una serie de personas que blanquearon por un monto de USD 130 millones, según publica Infobae. El miércoles 30, el organismo presentó una denuncia penal para dilucidar quiénes estuvieron involucrados y la causa recayó en el juez Rodolfo Canicoba Corral.

La demanda está relacionada con dos delitos: violación de secreto fiscal y defraudación. En caso de encontrarse culpables, podrían sufrir pena de prisión, según lo establece tanto el Código Penal como la Ley de Sinceramiento Fiscal en su artículo 87. Allí expresamente se establecen penas de dos años de prisión y cuatro de inhabilitación para quienes violen información relacionada con el blanqueo.

Al mismo tiempo, presentó su renuncia el responsable de la subdirección general de sistemas y telecomunicaciones, Jorge Enrique Linskens. Desde el organismo reconocieron que fue consecuencia directa de las filtraciones sobre el blanqueo que llegaron a la prensa el fin de semana. Se trata de un funcionario que ya había trabajado en la anterior gestión de Abad, al tiempo que también se había desempeñado con altos rangos en el Correo Argentino y en el gobierno porteño.

Fue reemplazado por Néstor Sosa, quien dejó la subdirección general de la auditoría interna. Él es el funcionario que, además, firmó la denuncia judicial que presentó la AFIP.

Esta movida busca que sea la Justicia la que determine quiénes habrían sido los responsables dentro del organismo de filtrar la información de aquellos que se adhirieron al blanqueo. Entre los nombres filtrados figura un hermano y un íntimo amigo del Presidente, Mauricio Macri, además de empresarios de primera línea.

Para Abad resultó además un fuerte golpe, ya que él se había comprometido a resguardar al máximo la información sobre quiénes entraron al sinceramiento fiscal. Pero menos de seis meses después comenzaron a conocerse nombres y el temor es que en los próximos días se filtren más. El temor a que se divulgue la información fue lo que, además, hizo dudar a muchos sobre adherirse o no al plan lanzado por el Gobierno. El sinceramiento fiscal finalizó el 31 de marzo pasado.

Aunque no se dieron mayores precisiones, todo indica que además de la actuación judicial, también dentro de la AFIP realizarán su propia investigación para determinar responsabilidades.