La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) aclaró hoy al juez comercial Javier Cosentino que los planes de pago o moratorias no están previstos para el caso del Impuesto a las Transferencias de Combustibles (ITC) que la empresa Oil Combustibles, la mayor del Grupo Indalo, retuvo por cerca de 8000 millones de pesos, dijeron hoy fuentes judiciales.

Con esta definición de la entidad recaudadora, la principal empresa del Grupo Indalo, de Cristobal López, quedó en una situación muy delicada que puede derivar en su quiebra en la Justicia. 

Cosentino convocó este lunes a un encuentro a directivos del Grupo Indalo y a los abogados de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para buscar una salida, esto es, una quita, un plan de pago o algún mecanismo que permitiera a la empresa cancelar su deuda. Pero el subdirector de Asuntos Jurídicos de la AFIP, Eliseo Devoto, fue taxativo ante el juez cuando señaló que la retención del impuesto a los combustibles no admite más que su pago efectivo en tiempo y forma, señalaron fuentes judiciales.

La situación de la petrolera se agravó la semana pasada cuando el mismo juez desplazó a los administradores del grupo de López, Ignacio Rosner y Santiago Dellatorre, por "irregularidades" en la gestión, advertidas en gastos elevados sin justificación.

En paralelo al rechazo a otorgar un plan de pagos, la AFIP le reclamó hoy a la Cámara Federal de Casación Penal que los empresarios titulares, Cristóbal López y Fabián de Sousa, sean juzgados por "defraudación al Estado", y no por "apropiación indebida de tributo", como dispuso ese tribunal en un polémico fallo.

El reclamo de la AFIP quedó plasmado en la apelación presentada este mediodía por el abogado del organismo, Ricardo Gil Lavedra, contra el fallo de la Cámara Federal porteña, que dispuso el cambio de carátula en la causa contra López y De Sousa. "La Administración Federal de Ingresos Públicos tiene la firme decisión de impulsar la acción penal contra todos los responsables de una maniobra que ha causado un perjuicio al Estado de miles de millones de pesos", sostuvieron los abogados de AFIP que, en su calidad de querellantes, no pueden apelar la liberación de los dos empresarios.