Ricardo Villalba: “Este fallo fue apabullante y descorazonador”

Medio Ambiente

“Todavía no tenemos claro si van a avalar o no la tecnología con la cual pensamos trabajar los próximos cinco años. En ese marco de incertidumbre, en esa nebulosa, tenemos el inventario funcionando con la mínima. Es importante tener en cuenta que, cuando uno hace un inventario, toma una fotografía de dónde y cómo están los glaciares, pero eso no dice nada sobre a qué tasa se están derritiendo, cuánta agua están aportando, qué tan vulnerables son al cambio climático o a otras actividades que se estén desarrollando en las cercanías. Eso es justamente lo que queríamos profundizar en esta etapa, obtener más y mejor información sobre qué les está pasando y qué les va a pasar”, comentó.

La causa judicial

La causa judicial a la que aludió Ruiz fue impulsada por representantes de la Asamblea Jáchal No se Toca, que cuestionaron la metodología con la que se hizo el inventario. El planteo fue que solo incluyeron los glaciares de una hectárea de extensión en adelante, lo que dejó afuera los de menor superficie, entre ellos, los ubicados en la zona de la mina Veladero, que opera en San Juan la canadiense Barrick Gold. Según su punto de vista, esto posibilitó los derrames de solución cianurada que se produjeron en 2015 y 2016, ya que la Ley de Glaciares prohíbe la actividad minera en estas zonas.

La causa quedó en manos del juez federal Sebastián Casanello, que en 2017 imputó a ocho personas, incluidos funcionarios de Medio Ambiente y el investigador superior de Conicet Ricardo Villalba, ya que era el director del Ianigla cuando comenzó el trabajo, en 2012. El magistrado no atendió las razones del profesional ni de colegas que declararon, que coincidieron en que el límite de una hectárea no fue caprichoso, sino una convención internacional para este tipo de trabajos.

La imputación a Villalba provocó la reacción de la comunidad científica, que le brindó su apoyo en un abrazo simbólico realizado en el CCT Conicet Mendoza.

Ruiz subrayó la angustia que significó la imputación. “En 2018 publicamos el Inventario de Glaciares que fue un hito, pero, para ser sincero, para nosotros fue un baldazo de agua fría la denuncia a Ricardo (Villalba). Eso trajo una angustia muy grande porque nos pareció muy injusta la forma en la que se nos vinculó como Ianigla y personalmente a Ricardo, uno de los grandes promotores de la Ley de Glaciares, porque, sin restarles peso a las asambleas y la pata civil del proceso, desde el mundo académico, fue sin duda la persona que más trabajó y traccionó para que hoy podamos tener una Ley de protección de glaciares y ambiente periglaciar”, expresó el investigador.

La causa sigue su curso y está en manos de la jueza federal María Romilda Servini de Cubría, que decidirá la fecha de inicio del juicio. Ruiz dijo que la denuncia y el devenir de la causa judicial sembraron dudas respecto de un trabajo de cinco años al que consideró un hito en la historia de la glaciología y en la historia ambiental del país, teniendo en cuenta que por primera vez se realizó un inventario con la misma y mejor tecnología y con recursos humanos calificados desde Tierra del Fuego a Jujuy.

“Como científicos, seguimos trabajando, pero la denuncia cayó como un freno a las actividades del Ianigla y de la ley, porque se vio como una herramienta de presión o de coacción, y eso generó mucho miedo en las autoridades para seguir. Estamos finalizando 2021 y todavía no tenemos aprobado el plan para la actualización del inventario, que debería haber sido aprobado en 2019, pero no lo fue debido a ese freno que hubo por parte de las autoridades, porque no es un freno legal, simplemente es el miedo a la acción por no tener en claro la resolución de esa causa”, expresó el investigador.

La última versión del plan de trabajo de actualización del inventario está en manos de las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de Nación. A raíz de la causa judicial, pidieron su revisión a un grupo de expertos que no pertenece al Ianigla, además de abrir una consulta pública para escuchar la opinión de otros actores sobre la metodología, algo que para Ruiz es complejo, ya que, si bien considera esencial el aporte de organizaciones y colectivos, explicó que se trata de un aspecto técnico, para el que se necesita experticia en la temática.

Pese a esto, el geólogo aseguró que la esperanza del grupo de Ianigla está centrada en que aprueben el plan de trabajo en diciembre para iniciar la actualización en 2022.

Glaciares colgantes de la pared sur del Cerro Aconcagua. Foto: M. Castro, publicada englaciaresargentinos.gob.ar

Una ley clave

La Ley 26639 se aprobó el 30 de septiembre de 2010 y prevé un Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares del Ambiente Periglacial, es decir, una serie de pautas que deben seguir las provincias con el objetivo de proteger esas reservas estratégicas de agua dulce.

La ley contempló la realización del Inventario Nacional de Glaciares y se designó al Ianigla para concretar esa tarea, con la coordinación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación. Esa información se consideró vital para que Argentina sepa con qué recursos cuenta y cuáles son las zonas que debe proteger.

La norma estableció también la prohibición de realizar algunas actividades en las zonas de ambientes glaciares para evitar que se afecte su condición natural o que se interfiera en su avance. Estas son: la construcción de obras (salvo las necesarias para la investigación científica y la prevención de riesgos), la exploración y explotación minera e hidrocarburífera, y la instalación de industrias.

"Guardianes del agua (parte 1)", un documento en el que se explica la importancia de los glaciares

Dos causas judiciales

Teniendo en cuenta estas prohibiciones, las empresas Barrick Exploraciones Argentinas S.A. y Exploraciones Mineras Argentinas S.A, junto con el gobierno de San Juan, interpusieron una demanda de inconstitucionalidad contra la ley. El caso llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en junio de 2019 rechazó la demanda con base en tres fundamentos: avaló la forma en que fue aprobada la norma, desestimó la acusación de que la Nación se hubiera excedido en el ejercicio de sus competencias sobre recursos naturales provinciales y determinó que ni las firmas ni el gobierno de San Juan demostraron que el sistema de preservación de los glaciares les generase algún tipo de daño en sus derechos.

Con esta decisión, la Corte avaló la plena vigencia de la ley en todo el territorio nacional.

La otra causa judicial ya mencionada no cuestionó la ley, sino la metodología con que se realizó el inventario, un instrumento previsto para determinar con qué recursos de agua dulce cuenta Argentina.

Dos profesionales de Ianigla, en pleno trabajo de campo en las nacientes del río Atuel. Foto: M. Castro, publicada en glaciaresargentinos.gob.ar

Ley e Inventario

El geólogo explicó que la denuncia de los ambientalistas no solo provocó un freno en el monitoreo, sino que impuso un concepto erróneo: confundir la ley y el inventario, como si fueran la misma cosa. Dijo que la ley protege a todos los glaciares, estén o no incluidos en el inventario, que es como una foto de estos, pero siguiendo convenciones internacionales (mayores de una hectárea), es decir que toma cuerpos de hielo representativos de cada cuenca, lo que significa que puede haber –y en efecto existen– cuerpos menores.

Ruiz dio un ejemplo. Contó que Suiza publicó hace una semana el inventario de sus glaciares, que realizó sobre la base de imágenes de ultrarresolución, con un gran nivel de detalle, porque las fotografías fueron tomadas desde aviones, pese a lo cual mantuvo el umbral de una hectárea. Esto es porque es lo que permite comparar geoformas e incluir la gran mayoría de todo el volumen de agua contenido en esos reservorios, según Ruiz.

“La línea argumental de ellos fue: el Ianigla está en connivencia con las mineras y por eso hacen el inventario con una hectárea, mientras les mostramos la evidencia científica que dice que los inventarios se hacen con una hectárea porque es una convención internacional. Oh, casualidad, todo el mundo hace los inventarios con una hectárea para cubrir nuestro pacto secreto con la Barrick. Es muy descabellado”, expresó el investigador.

"Guardianes del agua (parte 2)", un documento en el que explica la importancia de los glaciares

Recursos y decisión política

La Corte determinó que la ley es constitucional y está en vigencia en todo el país. ¿Cree que hoy se cumple con su objetivo central, que es proteger a los glaciares de actividades que pueden afectarlos?

La ley está vigente y es potestad de todos hacerla cumplir. De todas formas, veo que se va cumpliendo a medias, porque hay muchos intereses asociados a la minería y a algunas provincias. Hay ejemplos en los cuales la ley se cumple porque se desarrollan las auditorías ambientales, los estudios de impacto ambiental, se reconoce dónde están los glaciares, entonces se modifica el diseño de los proyectos para cumplir con la ley, pero hay lugares donde esto se no se cumple. Hacer cumplir la ley es potestad de las autoridades provinciales.

¿Por qué no lo hacen?

Lo que sucede, y no lo digo como representante del Ianigla, sino a nivel personal, es que las autoridades que tienen que velar porque se cumpla la ley no tienen los recursos y eso vuelve muy difícil el control, porque, pregunto: ¿cómo llegan al proyecto? Con técnicos y camionetas de la empresa. Eso es lo que sucedió con Veladero: los técnicos que estaban fiscalizando el día que sucedió el derrame (2015-2016) hicieron el cambio de guardia y no anotaron nada, eso está en la causa judicial. Entonces, si no les damos los recursos a las autoridades y los técnicos que deben controlar, es muy difícil que se realice. Es importante tener en cuenta que la ley está vigente, hay que hacerla cumplir y para eso necesitamos brindarles las herramientas, los recursos y el respaldo a los técnicos y las secretarías de Ambiente de las provincias. Hay provincias en las que se hace y otras en las que no se hace de la mejor manera, porque los recursos que hay para la minera son muy desiguales respecto de los que hay para los organismos de control, y creo que hay que tratar de equilibrar la balanza. Me parece que la ciudadanía tiene que exigirlo. Las asambleas son la punta de lanza, hay un gran conjunto de la sociedad que no está en las asambleas, pero está consciente de la importancia de cuidar sus recursos. Entonces necesitamos organismos técnicos dotados de recursos y con el aval político para hacer cumplir la ley.