El presidente de la Cámara de Servicios Mineros de Mendoza, Carlos Ferrer, aseguró que la Ley 7722 le pone un cepo a la actividad, y consideró que es el momento de iniciar un debate serio y con bases técnicas respecto de las propuestas para modificar la norma.

Las dos iniciativas que ingresaron a la Legislatura para modificar la Ley 7722 generaron reacciones antagónicas. Por un lado, en una entrevista concedida a Unidiversidad, el senador Alejandro Abraham defendió los proyectos y aseguró que los cambios propuestos son superadores, mientras Marcelo Giraud, profesor de la UNCUYO e integrante de las Asambleas por el Agua Pura, rechazó las propuestas y destacó que están en sintonía con los intereses de las empresas y con la línea que impulsan el gobierno nacional y provincial en esta materia.

El proyecto firmado por Abraham propone tres cambios sustanciales a la ley aprobada en 2007: si bien deja la prohibición de utilizar mercurio y cianuro, saca la frase “otras sustancias”, además de eliminar la obligación de que las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) que deben obtener las empresas pasen por la Legislatura. Además, prevé poner en marcha nuevos controles a la actividad y la creación de una comisión bicameral legislativa.

"Con los cambios a la 7722, el cerro San Jorge ya no existiría"

Así lo dijo Marcelo Giraud, de la Asamblea por el Agua, al cuestionar las modificaciones que se pretenden a la ley que regula la actividad minera #UnidiversidadNoticias

La voz del sector

Ferrer aseguró que las iniciativas de modificación de esta ley, que en 2015 la Suprema Corte de Justicia declaró constitucional, son positivas porque posibilitarán iniciar un debate serio y técnico.

El letrado destacó los aspectos que, a su entender, son los más representativos de la iniciativa: plantea la necesidad de ampliar la matriz productiva de Mendoza, ya que considera que la actual está agotada; resalta la importancia de las divisas que puede generar la actividad, así como los puestos de trabajo; deja de lado la necesidad de que los proyectos mineros pasen por la Legislatura y refuerza los sistemas de control.

Ferrer subrayó la importancia de eliminar la aprobación legislativa. Según su punto de vista, lejos de pensar en el bien común o el medio ambiente, cada bloque “piensa en su beneficio político a la hora de analizar los proyectos”, y aseguró que esa es la razón por la cual ninguno superó esa instancia.

Ambientalistas rechazan nuevos intentos para modificar la 7722

Marcelo Giraud, integrante de las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura, dijo que los proyectos que impulsan eliminan aspectos sustanciales de la norma. Mientras tanto, el senador provincial Alejandro Abraham afirmó que el proyecto presentado ...

Debatir las modificaciones

Para el letrado, la comunidad mendocina está preparada para iniciar un debate serio, basado en aspectos técnicos y que no sea egoísta, sino amplio, y destacó que aportarán toda la información necesaria. Dijo que es la única forma de superar el tratamiento que hasta el momento cree que se dio a este tema y que comparó con un Boca-River.

La Corte confirmó que la ley 7722 es constitucional

El máximo tribunal puso fin a la disputa entre la Provincia, que defendió la constitucionalidad de la ley, y los empresarios mineros.

Consultado respecto de la falta de controles estatales, especialmente luego del derrame de agua cianurada producido en un proyecto de la canadiense Barrick Gold en San Juan, Ferrer explicó que se deben mejorar, “pero nunca prohibir la actividad”.

En sus argumentaciones, Ferrer repitió el ejemplo de Chile, donde aseguró que existen 3000 proyectos en marcha, los que significan 80 000 millones de dólares de exportación. Frente a esto, dijo que la Argentina se niega a desarrollar una actividad lícita y que, en el caso de Mendoza, los proyectos de San Jorge, Hierro Indio y Paramillos quedaron “empantanados” en la discusión legislativa.