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El objetivo de modificar el Código Procesal de Familia es acelerar los tiempos de la Justicia en relación a cuestiones clave en esta materia, como el divorcio y las denuncias por violencia.
“Venimos modificando todos los códigos porque venimos a cambiar”, manifestó Cornejo en la presentación del proyecto (Foto: Prensa Gobierno de Mendoza)
El Gobierno presentó un proyecto de ley en la Legislatura para modificar el Código Procesal de Familia y Violencia Familiar. El punto de partida: agilizar los procesos judiciales en cuanto a la violencia familiar, los pedidos de divorcio y la adopción.
El texto ingresó en la Cámara de Diputados para su tratamiento, impulsado por Dalmiro Garay, el ministro de Gobierno, que lo presentó en la tarde del jueves junto a Alfredo Cornejo y a la ministra de Salud, Desarrollo Social y Deportes, Elisabeth Crescitelli.
Cornejo piensa en este proyecto como parte del conjunto de modificaciones que quiere imprimirle al Poder Judicial mendocino. En primer lugar, impulsó cambios al Código Procesal Penal, y este paso representa la adecuación del Código Procesal Civil mendocino a la ley nacional —en 2015, el Código Civil y Comercial de la Nación entró en vigencia—.
Como las provincias deben reglamentar los Códigos que rigen a nivel nacional, están encargadas de la elaboración de las normas de procedimiento, llamadas códigos procesales. Es en ese contexto que viene a insertarse este proyecto de ley de Código Procesal de Familia y Violencia Familiar.
Más celeridad en los procesos
La iniciativa del Ejecutivo establece para los casos de violencia familiar una comunicación directa del juez con las personas que intervienen en el proceso. La identidad del denunciante puede quedar bajo reserva. Por otro lado, la ley establece que los juzgados de Familia tengan guardia las 24 horas.
Las adopciones también serían más rápidas. El proyecto insta a que los procesos sean orales y haya contacto directo del menor con el juez. Lo más importante es la cuestión de los plazos: un adoptante deberá esperar nueve meses como máximo para adoptar a una persona menor de edad que tenga la situación de adoptabilidad declarada.
“Queremos una Justicia más accesible en temas tan delicados como estos. Hoy tenemos 300 niños aptos para ser adoptados. Queremos con esta ley que en nueve meses se dé una adopción”, ratificó Garay en la conferencia de prensa de presentación.
El recién aprobado miembro de la Suprema Corte destacó: “Les damos a los jueces de Familia herramientas para mejorar el servicio de Justicia. Este proyecto regula los procesos judiciales en estos temas. Lo que cambia es el paradigma de la familia de hoy”.
En lo relativo a los divorcios, ya no será necesario presentar pruebas para solicitarlos. También se establece una división entre divorcios unilaterales (pedidos por solo una de las personas implicadas) y bilaterales (trámite iniciado por ambas). En el caso de las primeras, la sentencia del juez saldrá en 15 días, y en los bilaterales, en 10. También en estos casos los procesos serán orales.
El Gobierno busca agilizar la Justicia de familia
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