El caso del Fiscal Juan Carlos Alessandra, de Godoy Cruz, denunciado en dos casos por maltrato y violencia de género, no solo pone en el tapete el carácter violento de algunos miembros del Poder Judicial, sino que es la punta de un iceberg bajo el cual se esconde una situación “casi feudal”, según Carlos Ordóñez, Secretario General del Gremio Judicial. En efecto, los hechos ocurridos el pasado 14 de agosto muestran la existencia de un sistema impermeable a las críticas, continuado desde hace más de 20 años, período que lleva en el cargo uno de los actores políticos más jugados en contra de la democratización de la Justicia como lo es Rodolfo González.

Aquel día hubo decenas de efectivos de la Policía, entre los que se encontraban preventores de la Municipalidad de Mendoza, policía provincial en tres móviles patrulleros, personal de División Canes, uniformados de la guardia policial del Palacio de Justicia y policía de civil, actuando en función de la orden verbal de una fiscal que no precisaron, aunque sí su objetivo: identificar y luego detener al Secretario del Gremio Judicial, César Llanos, quien antes de participar en la manifestación organizada por el gremio en el Cuarto Piso del Edificio del Poder Judicial, hizo declaraciones a los medios periodísticos sobre la preocupación de los trabajadores ante el acoso laboral. Puntualmente, la protesta giró en torno a la oficina donde están las actuaciones administrativas contra Alessandra, o sea, la Secretaría de la Procuración, cuestionada por no haber tomado la necesaria y corriente intervención.

Alrededor de unas cincuenta personas participaron de esa protesta; al salir de allí, se produjeron los incidentes con la policía en la calle Pedro Molina a la altura de Mitre. De acuerdo a testigos y a la denuncia del Gremio judicial presentada por escrito en la Comisión de Derechos y Garantías del Senado, y ampliada verbalmente, la detención fracasó no solo por la resistencia que opusieron quienes acompañaban a Llanos sino también por la intervención del Jefe de la Distrital, quien finalmente apaciguó los ánimos.


 Ya en frío, analizando lo sucedido, Carlos Ordóñez señaló que lo insólito habría sido que se consumara dicha detención; es decir, que los que habían ido a denunciar a los violentos, terminaran presos. Aun así, Ordóñez subrayó ante los legisladores que el episodio fue grave, que no se entiende cómo una causa por “daño al Estado” surgida de la rotura accidental de un panel de vidrio que los mismos dirigentes gremiales se ofrecieron a reparar, derivó en una situación de persecución, o quizás de represalia corporativa, teniendo en cuenta que tuvo origen en una fiscal y era un fiscal el denunciado por acoso.

De acuerdo a lo que denunciaron los secretarios gremiales, había un agente policial tan “sacado” que tiró su pistola al suelo y se lanzó arriba de un grupo de mujeres para poder atrapar a Llanos y que, incluso, una persona que pasaba por ahí se ofreció a ser testigo por la indignación que le causó ver a un uniformado pegándole a las mujeres.

¿Quién dio la orden de movilizar ese aparato represivo? La respuesta está en manos de la Comisión de Derechos y Garantías del Senado, donde se ha establecido un orden de prioridades. En primer lugar, se decidió elevar un pedido de informes por escrito a la Suprema Corte de Justicia sobre las denuncias concretas que se han presentado contra el Fiscal Juan Carlos Alessandra que hablan de un perfil violento, especialmente con las mujeres de su entorno laboral. Vale aclarar que Alessandra continúa trabajando y es inminente su presentación ante el jury de enjuiciamiento, paso previo a la admisión formal de un proceso de destitución en su contra.

En relación con lo ocurrido después en los alrededores del Palacio de Justicia, el Presidente de la Comisión, Senador Daniel Ortiz (UCR) señaló que hay voluntad de profundizar la investigación. Esta situación no registra antecedentes ya que, desde hace años, el procurador Rodolfo González es exclusivo objeto de consulta, no de interpelación frente a irregularidades, asuntos de desorganización o retraso institucional.

Cabe destacar que, de acuerdo a la Constitución de Mendoza –texto de 1916–, el Procurador es un funcionario que “actúa” ante el máximo Tribunal y, desde que Rodolfo González ocupa ese cargo, o sea, comienzos de la década del 90, hasta la fecha, tanto a nivel nacional como internacional, se han producido muchas innovaciones, tanto en lo que hace a la organización del servicio de justicia como a la aplicación de los instrumentos internacionales de derechos humanos incorporados a la Constitución Nacional. 

En 2008, siendo Diego Lavado subsecretario de Justicia, el Poder Ejecutivo trabajó el primer proyecto de ley para organizar el funcionamiento de este órgano tan importante del Poder Judicial, más a tono con el Ministerio Público Fiscal que pensaron los constituyentes en 1994. Para entonces, González seguía rigiéndose por la Ley Orgánica de Tribunales que data de 1910. Ese salto institucional no se consumó: si bien la Ley del Ejecutivo terminó siendo aprobada, se bastardearon varios aspectos. Es que los Legisladores adoptaron el criterio de Rodolfo González y tacharon de inconstitucionales las innovaciones centrales del proyecto como, por ejemplo, la institucionalización de un Defensor General, como el que existe en la Nación, con la misma jerarquía que el Procurador General.


   Solo el desconocimiento de la pirámide jurídica explica que en Mendoza se continúe con esta rémora. A todo esto, además de desconocer la “igualdad de armas”, esto es, el principio según el cual el ciudadano que accede a la justicia debe encontrarse con una organización y recursos equivalentes entre quienes investigan y producen pruebas y quienes defienden a los acusados de delitos, también se hizo caso omiso del compromiso internacional que había asumido la provincia, justamente de crear la figura del Defensor ante la instancia de Ejecución Penal. Nos referimos al Acuerdo de Solución Amistosa firmado luego de las denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la situación carcelaria de Mendoza. Allí, entre las medidas de reparación no pecuniarias, se obliga al Poder Ejecutivo Provincial a “Someter a consideración de la Legislatura de la Provincia de Mendoza, en un plazo no mayor a 90 días, un proyecto de ley mediante el cual se crea una defensoría pública oficial ante los juzgados de ejecución penal y a realizar las gestiones pertinentes para lograr su aprobación”.


El proyecto se presentó y, si bien Rodolfo González no respondió ninguna consulta previa, operó en la Legislatura para que la Defensoría como órgano máximo del Ministerio Público no prosperara. Tanto es así que el entonces diputado del PJ Carlos Bianchinelli se congratuló de este rol del Procurador de la provincia, que “en su propio despacho terminó de armar un esquema en el que se encontró consenso” entre los legisladores. Dicho esquema es en definitiva funcional al poder de González, se trata de un Secretario de la Defensa instruido por él mismo, lo que supone una contradicción, ya que de una misma persona dependen funciones esencialmente contradictorias como lo son las de acusación y las de defensa. 

Por último, cabe destacar una anécdota que parece más un episodio del Medioevo, o sea, de la sociedad estamental donde existía un sistema de alianzas para defenderse unos de otros, que de la actualidad donde se plantea cada vez más la necesaria democratización de las relaciones en el interior del "Palacio" Judicial. Al conocerse un nuevo conjunto de agresiones por parte de Alessandra, un golpe en la cabeza y otro en el rostro de una agente auxiliar con una libreta telefónica, además de humillaciones sistemáticas, el Gremio Judicial decidió hacer una protesta en la planta baja, pero al ver aparecer a la esposa e hijos de Alessandra, prefirieron trasladar la actividad al segundo piso. Para sorpresa de los gremialistas, se reiteró la misma situación. Es entonces cuando, según Ordóñez, decidieron de manera impensada subir al cuarto piso. También allí se hicieron presentes la esposa y los hijos del fiscal denunciado aunque, en ese momento, el Gremio eligió realizar sin más postergaciones su protesta.