Una forma de disminuir desigualdades, de mejorar un servicio, de transparentar la información: de eso se trata el concepto de Justicia Abierta, de poner en marcha un proceso de cambio de un poder con escasa credibilidad social, asociado al secretismo y a los privilegios. El gran desafío de ese proceso –que ya se inició en Argentina– es que no sea sólo una moda, que se deje de lado cuando los gustos o las tendencias cambien, sino que se transforme en un modo de gestión.

Ese fue el desafío en el que coincidieron profesionales de distintas especialidades que participaron en las Terceras Jornadas de Estado Abierto “Justicia Abierta”, organizadas por la Secretaría de Políticas Públicas y Planificación de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCUYO), el Poder Judicial de Mendoza y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

Esa necesidad de caminar hacia este modo de gestión del servicio de justicia fue confirmada durante los dos días de las jornadas. Lo ratificó el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Nanclares, al asegurar que su única certeza es que no pueden seguir trabajando del mismo modo, con una gestión del siglo XIX; lo ratificó la vicegobernadora, Laura Montero, al recalcar que existe una crisis de gobernanza y una incapacidad de responder a las demandas ciudadanas; y lo ratificó el rector de la UNCUYO, Daniel Pizzi, al subrayar que existen diagnósticos sobre la problemática y un proyecto para superarla, pero que solemos tener dificultades para sostenerlo en el tiempo, por lo que puso a disposición todos los recursos universitarios.

El problema de la asimetría

Profesionales de distintas ramas explicaron y analizaron el concepto de Gobierno Abierto, que se impuso en las agendas y en los compromisos mundiales y que se basa en tres pilares: la transparencia, el acceso a la información y la participación ciudadana. Ninguno de estos aspectos por sí solo garantiza un cambio, pero la combinación de los tres posibilita una gestión de puertas abiertas de los poderes del Estado.

El investigador y director del Programa de Posgrado en Administración Pública de la UBA, Oscar Oszlak, explicó que en el concepto de Justicia Abierta –implícito en el de Estado Abierto– lo central es la información, su apertura y su transparencia como modo de achicar desigualdades.

Oszlak comentó que la función de los tres poderes está relacionada con el tiempo: el Ejecutivo es el día a día; el Legislativo, el futuro, y el Judicial, el que juzga los hechos del pasado. Frente a ellos –recalcó– hay una ciudadanía que está asumiendo un rol, aunque aún con escasa participación, que puede intervenir en cada uno de esos tiempos.

La obsesión de Nanclares: acercarse a la comunidad

Para algunos puede ser un defecto, pero para Jorge Nanclares, la tozudez que heredó de sus abuelos vascos es el motor que lo impulsa a perseguir sus objetivos.

El investigador se preguntó quién tiene la llave para abrir esa Justicia. Su respuesta fue que el ciudadano tiene una, pero que no es ni puede ser el único cerrajero, porque son muchos los cerrojos. Por eso, recalcó que debe existir una decisión clara de transparentar la información y lograr que las personas obtengan un mejor servicio.

Justamente de la apertura de algunos de esos cerrojos habló la responsable del Programa Justicia Abierta de la Nación, Sandra Elena, quien comentó las iniciativas que llevan adelante para lograr el acceso a la información –no sólo en lo relacionado con la práctica judicial propiamente dicha, sino con la rendición de cuentas– y los modos de aceitar la participación de los ciudadanos. Parte de ese trabajo está contenido en un sitio web que brinda la posibilidad de analizar y evaluar la tarea de los operadores judiciales, y que sigue lineamientos del programa Justicia 2020.

El titular de la Suprema Corte, Jorge Nanclares, también enumeró parte de los cerrojos que se abrieron en Mendoza. Dijo que la "niña bonita" es el Móvil Judicial, que brinda a los vecinos asistencia en forma gratuita en distintas temáticas; los enlaces abiertos, que permiten ver los expedientes y conocer el recorrido que siguen; el canal de YouTube, por el que se transmiten algunos juicios; la implementación del sistema oral en los fueros Civil y Penal; las audiencias púbicas; el trabajo de las oficinas de la Dirección de Derechos Humanos y de la Mujer, así como las mejoras en el sistema de ingreso por concurso.

Durante los dos días que duraron las jornadas, funcionarios, catedráticos, integrantes de organizaciones de la sociedad civil y periodistas analizaron la necesidad de acercar el servicio de justicia al ciudadano, de dejar atrás ese modelo en que el juez o la jueza decidía a solas aspectos relacionados con la vida o los bienes de los ciudadanos, sin conocer o escuchar a las partes, que la mayoría de las veces no comprenden la razón de sus decisiones. Por eso, los profesionales coincidieron en la necesidad de que el concepto de Justicia Abierta no sea sólo una moda que se deje de lado cuando las tendencias cambien, sino un modo de gestión cuyo fin último sea mejorar un servicio esencial.