La visita del subsecretario de Justicia, Marcelo D'Agostino, a la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) tuvo dos puntos centrales: definir los alcances del proyecto de juicios por jurado y responder los requerimientos de los legisladores de que se avance en otros delitos para que la norma sea completa. De acuerdo con lo que dijo el funcionario, primero es necesario avanzar en un grupo de delitos para luego ampliar la normativa.

En general, hay consenso acerca del proyecto que surgió como consecuencia del encuentro entre el gobernador Alfredo Cornejo y la legisladora Anabel Fernández Sagasti (FpV).

La iniciativa contempla la creación de un jurado de doce personas, seis hombres y seis mujeres, que funcionaría en aquellos casos en que la posible pena sea la prisión perpetua. “Nos parece que debemos ir en general a que todos los procesos sean a través de juicios por jurado, pero hay pago de viáticos y otros gastos que, de aplicarse, serían un presupuesto inalcanzable”, sentenció D´Agostino.

Es que el proyecto establece que la labor de los jurados debe ser retribuida. Si el integrante es un empleado público o privado, su empleador debe ofrecer una declaratoria con goce de haberes, mantenerlo en su puesto mientras esté en actividad como miembro del jurado y sostener sus privilegios laborales como si hubiera prestado servicio durante el tiempo empeñado para cumplir con la función. En tanto, si se trata de trabajadores independientes o desempleados, podrán ser retribuidos a su pedido.

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El perfil de los jurados

Más allá de la retribución, no cualquiera puede ser jurado. “En principio ser jurado es una carga pública. La Cámara Electoral de la provincia determinará los requisitos para ser jurado: la selección será obligatoria (no se puede negar o renunciar) y deberá pasar un tamiz de recusaciones que se puedan llegar a presentar”, dijo D'Agostino.

Pero hay requisitos que se deben cumplir. En concreto, deben ser argentinos o nativos naturalizados con no menos de cinco años de ciudadanía; y tener una residencia permanente no inferior a cuatro años en el territorio provincial y de dos años en el territorio de la jurisdicción del Tribunal Colegiado competente. Además, los jurados deberán tener entre 18 y 75 años de edad, saber leer, escribir y haber completado la educación básica obligatoria.

Visto bueno camporista

El diputado Lucas Ilardo (PJ-FPV) aseguró que el proyecto es necesario que salga para “ajustar la Justicia a la gente”. Calificó el proyecto como revolucionario y adelantó que en los próximos dias visitarán la provincia los miembros de la Asociación Argentina de Juicios por Jurado. “Algunos diputados pidieron ampliarlo, pero sería irresponsable. Es necesario probar el proyecto en esta primera instancia y luego ampliarlo”, dijo Ilardo.

Esta respuesta fue hacia Mario Vadillo (PI), quien pidió que se consideren los juicios por jurado para casos de corrupción política. “La gente quiere que quien mete la mano en la lata vaya presa”, expresó el legislador del Partido Intransigente durante la comisión. En cuanto al análisis, si bien este fue el primer encuentro, las reuniones continuarán durante las próximas semanas.  

Por separado

“No es la idea que vayan en conjunto”, dijo D'Agostino sobre la posibilidad de que el proyecto de juicios por jurado se trate en simultáneo con la ampliación de la Suprema Corte. “Es un instituto muy nuevo. La ampliación de la Suprema Corte tiene despacho favorable y me parece que tenemos que realizar un análisis serio de este proyecto”, agregó el funcionario.