Desde siempre los organismos de DDHH señalamos y denunciamos el deterioro moral, ético y humano de gran parte de los componentes, en el nivel de decisión, de la Justicia, tanto federal como provincial. Dicha comprobación lo fue desde el primer momento en que, en representación de los familiares de las víctimas del terrorismo de Estado, presentábamos los habeas corpus inquiriendo sobre el paradero de los seres queridos. Nunca hubo una respuesta, ni siquiera la información de que se estuviera investigando. Dónde está la Justicia, dónde están los jueces, nos preguntábamos al comprobar la ausencia total de posibilidades de lograr alguna respuesta, pero no se perdía la esperanza ni la permanente acción en pos de respuestas positivas.

Al respecto, en nuestro libro El Terrorismo de Estado en Mendoza, nos decíamos con la CONADEP: "Al comprobarse la gran cantidad de personas desaparecidas y los miles de secuestro realizados con inusitado despliegue de vehículos, al comprobarse que los amplios y organizados centros de detención y torturas ubicados en lugares densamente poblados, albergando a centenares de prisioneros continuamente renovados; al conocerse que los familiares de desaparecidos han hecho uso prácticamente de todo los procedimientos legales, se siente la necesidad de preguntar: Cómo fue posible mantener la impunidad de tantos delitos consumados con la evidencia de un mismo "modus operandi" y muchos de ellos ante numerosos testigos? ¿Cómo se explica que los jueces no hayan ubicado a ningún secuestrado, después de varios años que tomaron estado público las versiones de quiénes con mejor suerte, fueron liberados?....¿qué les impidió allanar oportunamente tan solo uno de los lugares de cautiverio?". Y esto lo dijo la CONADEP en 1985/86, como también lo había ya denunciado el documento que elaboró la Comisión Interamericana de DDHH de la OEA, en 1979/80, al mismo tiempo que comprobábamos que la totalidad de los jueces, camaristas y fiscales, de todas las jurisdicciones provinciales y federales, debieron jurar por las llamadas Actas del "proceso", que sustituían a la Constitución. Los representantes del Derecho aceptaban ubicuamente -o por temor- la vergonzosa responsabilidad de avalar la represión. La seguridad jurídica del país quedaba en manos de mojigatos o directamente cómplices. En el ámbito provincial, sólo un magistrado se negó a firmar. Fue el camarista Patricio Buteler, y este rasgo de valor cívico fue sancionado, excepcionalmente, por la jubilación.

Inmediatamente después de recuperada la democracia, los organismos solicitamos y exigimos al poder político en el gobierno, que se pusiera en comisión a la totalidad de los jueces de la jurisdicción provincial. Y se prosiguiera con el examen y la constatación de cuál había sido la respuesta a los dictados genocidas de la dictadura. Sin embargo, ese gobierno apenas si hizo una "limpieza" superficial, y el 90 por ciento siguió en sus puestos.

Lo que dejó en las estadísticas el año pasado

La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad ha dado a conocer una estadística donde se consignan datos y cifras que evidencian los resultados de los juicios que por lesa humanidad se vienen realizando en todo el país. Se consigna que el año pasado fueron condenados 144 represores. De esta forma, de 593 en el 2011 se pasó a 813 en el 2012 y ahora, en el 2013, a 927. La totalidad de detenidos, todos en cárcel común, esperan también que se confirmen las penas, la mayoría de ellas a prisión perpetua. Otros datos significativos son los que señalan que hay 272 civiles involucrados en distintas causas, sobre un total de 2335 imputados, que involucra a hombres de la iglesia católica y empresarios, pero lo más sobresaliente son miembros del Poder Judicial, en la jurisdicción federal, que son 53, 32 de ellos jueces. Ello es importante, si se tiene en cuenta que a la fecha hay un solo ex juez que está penalizado y detenido. Se trata de Hernán Victor Brusa, ex juez de La Plata.

Otra fuente, como la del CELS, expresa que a diciembre del año que se fue, son 272 los civiles registrados en distintas causas. Ello representa el 12% del total involucrado, o sea 2335 imputados, de lo que se deduce que la gran mayoría pertenecen a individuos de las FFAA y de Seguridad, y en mayor proporción éstas, más que nada de la policía. Lo que demuestra, además, el rol de las fuerzas de seguridad de total dependencia del Ejército, asumiendo el papel de ser ejecutores de "los trabajos sucios". Nada menos que torturar, asesinar y hacer desaparecer a personas, y con total impunidad.

Pero el dato más relevante, y que nos importa mucho en Mendoza, es el del rol del Poder Judicial. De los 53 afectados, fiscales, asesores, de menores, defensores, secretarios y jueces, la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad, que encabezan Jorge Auat y Carolina Varsky, y a tono con las decisiones del Tribunal de Mendoza, este año van a ser llevados a juicio, seis ex jueces de la jurisdicción de Mendoza, y varios más a las otras jurisdicciones.