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26 DE DICIEMBRE DE 2024
El escritor, periodista y militante social, Ramón Ábalo, reflexiona en torno a los testimonios que se van produciendo en los juicios de lesa humanidad. Particularmente pone el ojo en las complicidades civiles en Mendoza durante la última dictadura.
Cada jornada que se desarrolla en los tribunales federales de Mendoza por los juicios contra genocidas, no dejan de deparar matices ricos en circunstancias, hechos y dichos que emanan de los testimonios. Esta semana pasada - ya se sabe, son dos jornadas por semana, jueves y viernes - no fue la excepción y surgió de testimonios como las de María Assof de Domínguez, madre de Walter y suegra de Gladys Castro, y actualmente presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Mendoza. Y, sin excepción, igualmente llenas de dramatismo, reiterando la esencia represiva, asesina en el marco de crímenes de lesa humanidad de la dictadura cívico militar.
Pero lo más traumático, impactante en las fibras más sensibles de quienes concurrimos, es la reiteración también que surge de los responsables directos del genocidio, varios de los cuales han pasado y están en el banquillo de los acusados, allí apenas a unos pocos metros de la visión de uno. ¿Es que se les puede llamar o denominar seres humanos? ¿Lo es ese cura – monseñor Graselli – capellán de la marina, que atendió a María Domínguez, en aquellos años del 78, cuando logró llegar ante él para saber de su hijo Walter y su nuera Gladys Castro, que al momento de su secuestro estaba embarazada? ¿Lo es cuando casi alegremente respondió a la angustia de María: "...no se preocupe... las chicas embarazadas están muy bien..."? ¿Lo eran, lo son, aquellos que atendían a madres, esposas, hijas, hermanas, y a sabiendas de lo que ocurría respondían negativamente, incluso con humoradas, como aquellos del ministerio del interior, centro del esquema represivo y las órdenes respectivas cuando fue María y una treintena más para inquirir por sus hijas/hijos, y nada? ¿Los que ordenan y los que ejecutan la represión, el secuestro y la desaparición, y después regresan a sus hogares ejercen la paternidad y el amor como cualquier hijo de vecino? Como lo surgido del testimonio de María del Carmen Pérez, este viernes – ex esposa de Juan Antonio Fernández – que integraba la planta de la VIII brigada de infantería de montaña, quien le confesó a María, poco después de haber sufrido la desaparición de sus seres queridos, que su ex esposo conocía "que a las delincuentes subversivas embarazadas se las llevaban al asilo Monseñor Orzali, ubicado en el Parque, y que sus hijos eran dados en adopción...que a ese asilo llegaban mujeres (subversivas) de todas partes". Que ella y su esposo solían compartir tertulias y asados con altos jefes, donde se hablaba de lo que estaba ocurriendo... ¿Y los representantes del derecho, de la Justicia, de los jueces, los camaristas, los fiscales...los Miret, los Romano, los Petra Recabarren, los Guzzo?
Si la ética, la moral, la honradez, la solidaridad son categorías de la condición humana, cuando aparecen las aberraciones de ese ser afirmamos, entonces, que el ser humano es una mescolanza de valores y antivalores. Del bien y del mal, por lo que la lucha por la vida es que prevalezca, nada más y nada menos, que el bien.
“Cada expediente era una novela de terror”
Este concepto, por demás dramático al extremo, fue la carta de presentación de María Beatriz Ortiz de Guillén, que testificó también este viernes. Oriunda de San Juan, vino a Mendoza en agosto de 1986, para desempeñarse como subsecretaria administrativa en la justicia federal, en la Sala B de la cámara de apelaciones, presidida por Miret y como vocales otros actores vinculados a la impunidad, tales Eduardo Mestre Brizuela, de San Juan, y Antonio Endeiza, de San Luis. En parte de su detallado testimonio, Beatriz expresó: "Íbamos al D2 con Mestre y Endeiza para que nos abrieran los archivos. El objetivo era determinar dónde había terminado la cosa...hacer análisis del destino de los desaparecidos. Hice un diagrama grande e iba pidiendo los libros de las comisarías y el D2. En el primer piso encontramos que había otro archivo paralelo, que provenía de los legajos apuntados con las iniciales OP que significaban orden político, que indicaba dónde había estado la víctima, cómo había sido el camino, con quiénes se relacionaba...los expedientes instruidos por la justicia militar eran chiquitos...aquellos escasos meses de investigación (ocho meses) permitieron a Beatriz tener la plena seguridad de una plena participación del D2 en la desaparición de personas y en la coordinación represora de la policía y las FFAA y la complicidad de la justicia federal. "Esos expedientes quedaron, al momento de mi renuncia, en un armario grande...después me di cuenta del valor de esa investigación, las busqué y no encontré nada...pude averiguar, incluso salió en el diario Los Andes, que se habían quemado. Mi siquis, mi carga personal, no admitía más de esas cosas..."
Lo de Beatriz Ortiz de Guillén ejemplariza y ratifica que no solamente los secuestrados, los desaparecidos, los torturados, violados/violadas, los asesinados, han sido - y son - las víctimas del terrorismo de Estado, de los criminales de lesa humanidad.
Fuente: La quinta pata
Fuente: La quinta pata
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