El más resonante de estos  testimonios fue el del comunicador Rodrigo Sepúlveda, quien desde hace varios años se dedica a investigar en profundidad la composición y el modo de funcionamiento del aparato represivo desplegado en la provincia entre 1976 y 1983.

Como base de sus declaraciones, Sepúlveda presentó el  pasado 10 de enero, fecha en que se reiniciaron las sesiones luego de un breve receso judicial, las conclusiones del documental que dirigió junto Fernanda Santo: “D2: Centro Clandestino de Detención”.

Dicho trabajo consta no solo de testimonios de familiares y compañeros de víctimas, sino que la rigurisidad de la investigación documental incluye escritos oficiales de la época, y lo más relevante todavía, confesiones de algunos de los represores. Razón por la cual la fiscalía a cargo decidió sumar el testimonio del periodista al debate.

En la participación de civiles dentro de la estructura represiva  del mayor centro clandestino de detención local, el D2, se focalizó la exposición del comunicador. De esta manera y con pruebas contudentes quedó reforzada la evidencia de que la maquinaria terrorista contó en sus engranajes con  el oficio de curas, jueces y médicos, entre otros que  se excluyen de las filas policiales y militares.

El testigo dio nombres de algunos de los médicos que habrían participado en  las sesiones de torturas que se cometían en el D2: Miguel Apolinares, Jorge Bajuk Radej e Ibrahim Prieto. Hasta el momento ninguno de ellos ha sido citado por la justicia, lo que no descarta que en el futuro sean convocados.

En primera persona

En tanto, en la reciente jornada del 2 de febrero prestó declaración el periodista Rafael Morán, quien fuera jefe de la sección Policiales del diario Los Andes a la hora de su detención , el mismo día en que se implantó el golpe militar en nuestro país, aquel 24 de marzo de 1976.

Morán sufrió el cautiverio durante cuatro meses, luego de ser secuestrado en la misma redacción del matutino provincial. Según contó, primero fue alojado en el Liceo Militar y luego enviado a la VIII Compañía de Comunicaciones hasta el momento de su liberación en agosto del mismo año.

El aporte de su testimonio al debate se basa en la denuncia sobre la existencia de   “condenas secretas” decididas  por la Comunidad Informativa. Según explicó, se trataría de un cuerpo integrado por miembros de todas  las dependencias militares y policiales con base en Mendoza.  En el interior de la misma se consensuaba entre los represores  las operaciones a realizar, y las marcaciones a los próximas personas a detener y/o a desaparecer.

Sin filiaciones políticas ni participación militante en esos años, el comunicador sostuvo que las razones de su secuestro se vinculan con las notas que publicó en aquella época sobre la proliferación de detenciones ilegales y operativos clandestinos por parte de las fuerzas represivas, al igual que en el caso de muchos de sus colegas.

Si bien el hombre declaró no haber sido torturado físicamente durante su secuestro, se reconoció como una víctima de la violencia psicológica que ejercieron contra él los terroristas tras exponerlo a duros interrogatorios.

En este punto, detalló el ensañamiento de los genocidas contra el escritor y sub director de Los Andes  de ese tiempo, Antonio Di Benedetto. En casi la totalidad de los interrogatorios por los que pasó Morán el objeto de los mismos fue justamente el de obtener información sobre Di Benetto, quien luego de padecer brutales torturas consiguió exiliarse del país como única forma de salvar su vida de la persecución dictatorial.

Morán mencionó el caso de muchos de sus compañeros de oficio que también fueron detenidos. Entre ellos, detalló el de su esposa con quien compartía además la pasión por el periodismo. Se trata de Norma Sibilla, encargada en ese tiempo de la sección de Gremiales del mismo diario.

Tal como explicó a los magistrados Rafael Morán, la mujer corrió peor suerte que él, ya que pasó detenida nueve meses y sufrió pésimas condiciones de arresto.

De esta manera, la relevancia de la prensa en la escena social y política del país se confirma con la desición de jueces y fiscales de contemplar los minuciosos trabajos periodísticos de Sepúlveda, como factor fundamental para la reconstrucción de los hechos del pasado reciente de nuestra provincia. También en los testimonios de comunicadores que sobrevivieron a la época y sobre los que no lo consiguieron y aún hoy permanecen desaparecidos. Este es el caso de Aldo Casadidio y Raquel Moretti, dos jóvenes estudiantes de periodismo que tras ser desaparecidos en 1976, hoy  integran dos de las dieciocho causas por las que el Tribunal Oral Federal  Nº 1 encara en nuestra provincia  este histórico juicio.