El operativo de seguridad que la Policía de Mendoza despliega en cada una de las audiencias del megajuicio que se desarrolla en Tribunales Provinciales debe velar por la protección y garantías, tanto de los acusados como de las víctimas directas, testigos, público en general, periodistas, abogados y abogadas intervinientes. Esto abarca el resguardo de lo que sucede en las inmediaciones del Tribunal, el control de acceso al mismo y el mantenimiento del orden en la sala. Se articula con la guardia que Gendarmería realiza en el exterior de la sala y alrededor de los acusados que se presentan a las audiencias. De sus traslados se ocupa personal del Servicio Penitenciario.

Banderas y consignas contrarias a la memoria, la justicia y la democracia, al lado de las que recuerdan a las personas desaparecidas en Mendoza.

Si bien se trata de un proceso oral y público, la dimensión del juicio y lo revolucionario que significa tener en el banquillo de los acusados a agentes actuantes de la última dictadura cívico-militar aún con estrechas vinculaciones de poder, sobre todo las que sostienen los excamaristas federales, exige celo y respeto de las fuerzas que participan en los operativos. Sin embargo, desde la primera audiencia se percibe claramente una doble vara por parte de algunos de los policías asignados: por un lado, permisividad excesiva para con las reacciones y provocaciones de los acusados, especialmente respecto del exjuez Luis Francisco Miret; y por el otro, una cada vez más acuciada animosidad de los uniformados para con las víctimas y sus acompañantes, que ofende lo humanamente sensible que de por sí conlleva cualquier proceso donde se investigan las violaciones a los derechos humanos cometidas por el terrorismo estatal.

Propaganda en favor del genocida Videla, en el Memorial a los desaparecidos frente a Tribunales Federales. Foto: @metapolacara

Una de las zonas críticas es la antesala de ingreso al Tribunal, donde se presentan los documentos y acreditaciones, se realiza el cacheo de personas, de sus pertenencias, y de los equipos que las y los trabajadores de prensa portan para las coberturas. Por allí también ingresan, además de Miret, otros acusados en libertad, como el exjuez Guillermo Petra Recabarren y el ex guardiacárcel Pedro Linares. Expresiones estigmatizantes abonadas en la teoría de los dos demonios son cada vez más frecuentes entre los policías. Así como los absurdos cacheos a los que someten al público asistente cada vez que se alejan un par de metros de la sala, sea para ir al baño, atender una llamada telefónica o hacer un móvil radial desde la puerta misma del Tribunal.

Los acusados exjueces Miret y Petra Recabarren, consultando la estrategia en común.

También la sala es un punto crítico en lo que respecta al obrar de las fuerzas de seguridad: el mismo día que concluyó la apertura del debate, la bravuconada del acusado exjuez Otilio Romano al agitar sus muñecas esposadas, seguida del vitoreo de los defensores privados de los represores y de sus familiares, mostró la total inacción de los uniformados para, al menos, darle al hecho un matiz de convivencia democrática. Durante esa audiencia, Miret tomó una intimidante foto al doctor Jorge Auat, fiscal general por delitos de lesa humanidad. Quedó así evidenciado que la revisación de control no es la misma para todos. En la siguiente audiencia, Juan Carlos Caliri, encargado del operativo por parte de la Policía Provincial, saludó alegremente a Miret con el mote de “Doctor Camarita”.

Los abogados Calderón y Carreño, representantes de Romano y de Petra, respectivamente.

La tercera de las zonas críticas corresponde al exterior de Tribunales, donde, a hechos repudiables como la aparición de propaganda pro-dictadura y de banalización del genocidio, se le suman agravios hacia las víctimas y el accionar de la justicia de la democracia. Estos y otros antecedentes, en apenas 10 jornadas de juicio, explican la preocupación de los Organismos de Derechos Humanos y del público mayoritario, por lo cual se hace menester la decisión de investigar, ya formulada por el Gobierno de Mendoza, y una mayor firmeza por parte del Tribunal Oral Federal 1, ante las denuncias ya planteadas en el debate por el Ministerio Público y las querellas.

Insólita audiencia en la que Miret se paró, interrumpió al fiscal Vega y se dirigió al baño. Inacción total de la Policía y de Gendarmería, ocupados de su guardia. El presidente del Tribunal, Alejandro Waldo Piña, solo le pidió que no volviera a hacerlo.

Por último, este cúmulo de aprietes e irregularidades se complementa con los ataques que desde que comenzó el megajuicio han sufrido diversos espacios de la memoria, como la esquina que homenajea a Paco Urondo y a Alicia Cora Raboy, o la emblemática plaza San Martín, donde los jueves las Madres de Mendoza hacen su reclamo imperecedero por memoria, verdad y justicia.

Un pacto latente

El 31 de marzo, al cabo de la más extensa jornada de debate de la historia en juicios de este tipo en Mendoza, el Tribunal decidió no aceptar el pedido de prisión preventiva, solicitado por la fiscalía y las querellas, de quienes concurren al juicio en libertad, al menos hasta la sentencia. Tal vez esto derivó en las nuevas provocaciones que al día siguiente mostraron los acusados, sus abogados defensores particulares y el círculo que los rodea: volvieron las banderas de la vergüenza, Miret increpó en el ingreso a una familiar de una persona desaparecida, y la guardia policial recayó en conductas revictimizantes para con el público, tras la “neutralidad” exhibida el día anterior, cuando se dirimía la suerte de algunos acusados.

Comisario Caliri, jefe del operativo de seguridad, cuando ordenó a su personal, a instancias del Tribunal, a retirar las ofensivas banderas.

El 1.º de abril fue lamentable la postura de Omar Venier, abogado del expolicía José Constantino Lorenzo, quien, una vez concluida la audiencia por el presidente Alejandro Piña, y apoyado por el resto de los abogados privados, agitó contra la memoria de los y las desaparecidas y el dolor de sus seres queridos para que fueran retiradas las banderas que los recuerdan.

El expolicía Armando Hipólito Guevara, acusado por crímenes de lesa humanidad cometidos en la comisaría 13 de Rivadavia bajo accionar del D2.

Sin embargo, la ignominia no concluyó con el cuarto intermedio expedido hasta el próximo lunes. Las sospechas sobre un círculo estratégico conformado por acusados, vínculos, defensores particulares y ciertas complicidades contenidas en la “familia” policial, y articuladas con la intención de dilatar el proceso y deslegitimar la justicia y la democracia, se vieron acentuadas algo más allá de los Tribunales.

Abrazo entre el represor Guevara y Caliri, al final de una audiencia.

La imagen de tapa de esta nota fue tomada media hora después de concluida la última audiencia. En ella se ve al jefe del operativo y comisario de la Seccional Segunda, Juan Carlos Caliri, departiendo con el abogado Reig, quien defiende al expolicía Antonio Indalecio Garro y, entre otras cosas, en la audiencia del 31 de marzo pidió, y le fue rechazada, la nulidad de la elevación de los requerimientos.

Comisario Caliri, muy presto en la marcha del pasado 24 de marzo.

El hecho no resultaría grave –al fin y al cabo, Reig es uno de los principales defensores de la “familia policial”– si no se contara con antecedentes sospechosos relevados en el curso del juicio. Constan así el abrazo efusivo que Caliri dio al final de una audiencia a Aníbal Hipólito Guevara, acusado por delitos cometidos en la comisaría 13.ª de Rivadavia, la cual integró durante los años del terrorismo de Estado bajo órbita del D2, el mayor centro clandestino de la provincia. Caliri también fue fotografiado, de civil, en la última marcha del 24 de marzo.

Escena habitual del modo de dirigirse de Miret, tanto frente al Tribunal como a las partes acusatorias.

La ruinas circulares

Entre los “logros” del abogado Reig se encuentran la condena en suspenso por homicidio culposo que obtuvo para el sargento Carlos Eduardo Lescano, quien el 11 de noviembre de 1994 asesinó de un balazo en la nuca a Claudio Sebastián Peralta Asís. Ese accionar se produjo bajo las órdenes del entonces juez Leiva. En el año 2000, Reig defendió a Carlos Plácido Escobar, comisario en Malargüe en 1997, cuando se produjo el asesinato de Sebastián Bordón. A pesar de estar comprobado que Bordón estuvo en ese distrito, Escobar –señalado por sobrevivientes de la dictadura, como Fernando Rule, por su rol en el terrorismo estatal– fue absuelto.

Cartel colocado y retirado el 1.º de abril. Ni la condición de "políticos", ni, en algunos casos, de "presos", condice con la realidad. Tampoco, ni mucho menos, el supuesto apoyo. 

Lo mismo sucedió con Cristián Bressán, policía que en 2006 asesinó a Mauro Morán, de 14 años, en el caso del tren de carbón en Perdriel, Luján de Cuyo. Reig no pudo sin embargo salvar de la condena a perpetua al policía Walter García Lenis, culpable del asesinato en 2012 del joven Franco Díaz. No es la primera vez que el abogado participa de la defensa de represores: junto con Adolfo Moreno, en su momento abogado de Romano, defendieron en algunas instancias a Luciano Benjamín Menéndez.

“Los linchamientos a los que hoy asistimos, impulsados por los medios de comunicación y sectores políticos como el de Sergio Massa, alertan sobre la justicia que parte de la sociedad argentina propugna, por fuera de la ley y violentando la democracia. Nada más alejado del proyecto de memoria, verdad y justicia iniciado hace 10 años, y del cual estos juicios son ejemplo en la lucha contra la complicidad, el colaboracionismo y la impunidad. Sostener y ampliar este camino es nuestra tarea. No podemos dejar de estar alertas”, dijo, a la vez crítico y contenedor, el doctor Jorge Auat, interviniente en el megajuicio, luego de la audiencia del 31 de marzo. 

Los hechos aquí narrados así lo ameritan. Por la justicia y la memoria de las víctimas del genocidio, y también por los pibes y las pibas de hoy y mañana.