Durante las horas de la tarde del viernes pasado (22/7) el diario Perfil.com publicó un artículo donde denunciaba que “el juez de la Corte Suprema Eugenio Raúl Zaffaroni vive en un lujoso caserón del barrio porteño de Caballito. Pero, durante el año 2000, había comprado un departamento en Recoleta donde funcionaba un prostíbulo privado”.

“El negocio funciona, según pudo comprobar Perfil.com, en Vicente López 2217, frente al cementerio de Recoleta. El departamento 19 del piso 5º, que figura a nombre de Zaffaroni en el prorrateo de expensas, tiene unos 25 metros cuadrados divididos en tres habitáculos. El juez reconoció ante el Congreso que había adquirido ese departamento en octubre del 2000, según indican una resolución de la Cámara de Diputados y el diario de sesiones del Senado del 2003.

Allí, dos o tres chicas, “trabajan” de lunes a viernes las 24 horas y cobra 120 pesos la hora. Estas mujeres promocionaban la actividad a través de volanteros que repartían el “anuncios de ‘caramelitos y masajes 24 horas’ en la zona y en los mismos departamentos del edificio”.

Según Perfil.com un vecino contó que "Zaffaroni tiene este departamento hace unos 10 años, pero él no aparece nunca. Hace cuatro años que trabajan prostitutas, pero en los últimos dos meses llegaron éstas que traen problemas". "Puede entrar cualquier persona, el otro día vi cómo ayudaban a entrar a un lisiado en silla de ruedas”, mientras que otro vecino que también pidió anonimato, dijo que “a veces se confunden y quieren entrar a otros departamentos", sostenía la publicación.

Según el medio digital, desde redacción se intentó comunicar con el Juez “sin obtener respuestas”. Pero, unos días más tarde (25/7), en el programa radial del periodista Víctor Hugo Norales que se emite por Radio Continental, Zaffaroni dijo que “realmente no tengo explicación para esto. Francamente, lo único que sucede, según me informan mi apoderado y la inmobiliaria que me maneja esas cuestiones, es que hay un contrato de locación", aseguró Eugenio Zaffaroni, en relación a la denuncia del diario.

"Yo no firmo los contratos ni conozco a mis inquilinos; no puedo ocuparme de la administración de esto, de modo que, puede ser, aunque a mí no me consta, puede suceder. Si está sucediendo, agradezco el escándalo porque de esa manera me ahorrará un desalojo", aseguró el juez en la entrevista que le dio a Víctor Hugo Morales. Zaffaroni agregó: "Si después de cuarenta años de profesor de Criminología y treinta y cinco años de juez penal, se me ocurre poner un prostíbulo con mi nombre y apellido, soy un débil mental”.

Consultado sobre si creía que había una campaña en su contra, el juez reflexionó: "Yo no sé, no creo en conspiraciones, pero por otra parte tengo un acoso permanente. Ayer mandaron una pobre chica con un taxi en frente de mi casa todo el día, si salgo a la calle me siguen y me fotografían".

Durante la mañana de hoy distintas agencias de noticias y medios digitales se hicieron eco de una carta abierta a Víctor Hugo Morales publicada por La Alameda y el MTE (Movimiento de Trabajadores Excluidos); luego de que el periodista recibiera a Eugenio Zafaroni, juez de la Corte Suprema de Justicia y dueño de uno de los departamentos denunciados por estas organizaciones como sitios donde se explotan a migrantes.

La carta comienza expresando el “respeto y admiración” por la labor periodística de Víctor Hugo. Tal es así que el periodista “forma parte del video institucional por una sociedad sin esclavos ni excluidos” y por ello el periodista conoce que dichos organismos no integran “ningún sector ‘desestabilizador’ o ‘conspirativo’” sino que son “organizaciones que luchamos consecuentemente contra la injusticia social desde la más absoluta independencia”.

“En 2009 presentamos una denuncia ante la UFASE (Unidad Fiscal Asistencia en Secuestros) señalando la existencia de 613 prostíbulos bajo la modalidad de ‘privados’ donde -con complicidad policial federal y metropolitana- se explota la prostitución ajena de menores y migrantes, en abierta violación a la ley de profilaxis y los tratados internacionales de derechos humanos. Uno -sólo uno- de estos departamentos resultó ser del juez Eugenio Zaffaroni y saltó por la exposición pública del personaje. Allí, seis hermanas paraguayas son sometidas de manera sistemática e impune aún hoy. Lo mismo ocurre en los otros 612 ‘privados’... ya pasaron dos años, nada se hizo, es la justicia federal, algo está fallando”, decía la carta.

“Nos sorprende la reacción del Juez ante la difusión de la noticia. Se victimiza, ironiza, se hace el canchero, se lava las manos. No dudamos que su señoría no tenía conocimiento de la utilización que los explotadores le daban a su departamento. No obstante, su responsabilidad por la administración negligente de sus bienes es evidente y debe reparar los terribles daños en los cuerpos lacerados y las psiquis destrozadas de las mujeres que durante al menos dos años fueron salvajemente explotadas en su departamento. Es el principio jurídico de la ‘responsabilidad objetiva’. Zaffaroni lo conoce, lo enseña y lo aplica en sus fallos. La responsabilidad objetiva se configura independientemente del conocimiento que tenga el propietario o poseedor de un objeto cuando éste produce un daño. Es el mismo principio que opera si le prestas el auto a un amigo y tu amigo choca: tenés que indemnizar a las víctimas, te tenés que hacer cargo de lo que sucedió”, expresaba tajantemente la publicación.

La carta continúa diciendo “el Juez -como hombre de honor y de derecho- en vez de victimizarse y manifestar suelto de cuerpo "que hagan la denuncia si creen que hay un delito", debería disculparse con la sociedad, rescindir el contrato, denunciar penalmente a los proxenetas e indemnizar a las víctimas. Asimismo, debería tomar conocimiento del defectuoso accionar de la UFASE y los fiscales federales que no aplican el derecho en defensa de las víctimas de trata y explotación sexual”.

En cuanto al tratamiento mediático, la carta publicada expresa muy claramente que “no hacemos complots los que pensamos que Shocklender tiene que estar preso por robarle a los pobres, no somos desestabilizadores los que luchamos contra la mafia esclavista amparada por el poder, no somos ‘la opo’ los que denunciamos ‘Las Casitas’ de Río Gallegos... a veces, la megalomanía y la falta de autocrítica justifica las peores atrocidades. Siempre se puede argumentar que es un complot del establishment contra los buenos. Sin embargo, los títulos que pusieron los medios y el conflicto de intereses que expresan no son el problema central sino la violación sistemática a los Derechos Humanos que constituye la trata y la explotación de la prostitución ajena que ni el Poder Judicial ni el Ejecutivo han abordado con la seriedad que requiere”, concluye esta carta abierta firmada por Gustavo Vera - LA ALAMEDA y Juan Grabois – MTE.