El juzgado de primera instancia en lo Civil y Comercial de la ciudad santafesina de Reconquista aceptó restituir la administración de la empresa Vicentin SAIC a sus directivos, por un plazo de 60 días, y otorgó el rol de veedores a los interventores designados por el Poder Ejecutivo, informaron fuentes judiciales.

El juez Fabián Lorenzini, en el fallo dado a conocer pasado el mediodía, a la vez se declaró incompetente respecto del planteo de inconstitucionalidad sobre la medida adoptada por el gobierno nacional, presentado por accionistas de la cerealera santafesina.

Según el escrito, al que accedió Télam, la medida regirá por 60 días y podrá ser eventualmente prorrogada por un nuevo plazo.

A la vez, el juez que entiende en el concurso preventivo de la agroexportadora, corrió vista a los interventores por un plazo de cinco días para que “puedan contestar la demanda y efectuar los planteos que juzguen necesarios”, y le pidió que se expida a la Sindicatura del concurso.

La resolución de Lorenzini, adoptada a partir de un planteo de un grupo de accionistas de Vicentin sobre la presunta inconstitucionalidad del DNU que dispuso la intervención, establece que “los administradores naturales de la sociedad concursada, elegidos conforme a la última Asamblea Ordinaria de Accionistas, continúen ejerciendo las funciones para las cuales fueron designados”.

Además, resolvió que los “interventores designados en el DNU 522/2020 del Poder Ejecutivo Nacional, podrán continuar desarrollando su tarea, con el grado de veedores controladores”.

En su solicitud al juez, los accionistas de Vicentin pidieron que se declare inconstitucional el decreto referido, pero Lorenzini se declaró incompetente para intervenir en esa materia.

Para Vicentin, la intervención estatal es "injusta, arbitraria e ilegal"

Nacional Unidiversidad Vicentín / por Unidiversidad / Fuente: Diario La Nación - Clarín / Publicado el 14 DE JUNIO 2020 Este domingo los dueños de la empresa Vicentin enviaron una solicitada a varios medios nacionales donde expresaron su rechazo a la intervención por parte del Gobierno.

A la vez, los accionistas consignaron que de mantenerse la intervención se pondría en riesgo la continuidad de las tareas operativas de la empresa y que “cualquier dilación procesal podría provocar el colapso total de la administración”

Si bien reconocieron en su escrito que la empresa puede ser intervenida en el marco del proceso concursal que atraviesa, puntualizaron que dicha potestad “se encuentran bajo la órbita de esta judicatura concursal”, es decir, del magistrado.

En sus fundamentos para restituir la administración de Vicentin SAIC a sus directivos, Lorenzini resaltó que se está “en presencia de una empresa de enormes dimensiones y con un rol preponderante en el mercado nacional e internacional de granos”.

Además, señaló que “su patrimonio debe ser administrado con el grado de experticia que asegure su adecuada gestión dado que, justamente de ello dependerá su continuidad operativa, la reinserción en el mercado de granos internacional y la exitosa negociación con los acreedores concursales y post concursales”.

Para el juez, la intervención “ha signado el proceso concursal en una suerte de impasse” ya que amenaza “con afectar negativamente su giro comercial y actividad industrial”.

Por esa razón, Lorenzini asignó a Gabriel Delgado y Luciano Zarich –designados como interventores por el decreto presidencial-, el rol de “veedor controlador” que contempla la ley de quiebras.

Esa potestad de contralor será una función, según el fallo, “de seguimiento amplio, efectivo y directo, pero sin intervención en las decisiones del órgano de administración”.

“Resulta conveniente para el adecuado cumplimiento de los objetivos que venimos predicando, la continuidad de los administradores naturales de la sociedad, con las mismas facultades que ostentaban en el momento previo al inicio efectivo de la intervención dispuesta por el PEN”, concluyó el juez.

Vicentin SAIC se declaró en cesación de pagos el 5 de diciembre de 2019 ante una situación que consideró de “estrés financiero” que le hizo imposible afrontar sus compromisos comerciales y con entidades del sistema financiero local e internacional por unos US$ 1.350 millones.

Tras intentar sin éxito durante la feria judicial de enero arribar a un Acuerdo Preventivo Extrajudicial (APE) con sus acreedores, el 10 de febrero presentó su propio concurso, luego de un pedido de quiebra de un acreedor.

El juez Lorenzini abrió el concurso el 5 de marzo pasado y hasta ahora se presentaron a verificar créditos 2.368 acreedores por un monto de 99.345 millones de pesos, aunque el plazo fue extendido hasta el 25 de agosto.

El principal acreedor de la compañía es el Banco de la Nación Argentina, que reclama una acreencia de $18.128 millones.