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22 DE JULIO DE 2024
La denuncia de la abogada Carolina Jacky y la polémica judicial tras la detención de Nélida Rojas pusieron en la lupa a David Mangiafico y Alejandra Mauricio.
Foto ilustrativa tomada de austral.edu.ar
David Mangiafico y Alejandra Mauricio, jueces de garantía, fueron denunciados por la abogada Carolina Jacky, quien considera que los magistrados no aplicaron la Ley de Violencia de Género. Es la consecuencia –como efecto– del femicidio de Micaela García, en Entre Ríos. Unidiversidad, Sitio Andino y MDZ Online se hacen eco de esta instancia que pone de relieve la resistencia judicial a los cambios que impuso la legislación en defensa de las víctimas de la violencia sexista.
Efecto Micaela: denunciaron ante el Jury a dos jueces
La letrada especializada en cuestiones de género, Carolina Jacky, hizo una doble presentación contra David Mangiafico y Alejandra Mauricio. Pide que se los investigue por no aplicar la Ley de Violencia de Género.
Los mismos magistrados también están en medio de la polémica judicial que se desató tras la detención temprana de Nélida Rojas, la jefa de la agrupación social Tupac Amaru en Mendoza, por estafa y coacción agravada en 24 expedientes que investiga la fiscal Gabriela Chaves. La investigadora sospecha que la información fue deslizada desde el juzgado de Mangiafico –quien ahora está de viaje– y también señala a Mauricio de haberle trabado medidas para recopilar pruebas. Se hace ver, así, la división de aguas dentro de Tribunales.
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Dice Daniel Peralta en Los Andes: “Otra vez quedó expuesta la grieta judicial entre los sectores vinculados a lo más tradicional de la Justicia y el Gobierno provincial y los sectores aglutinados en torno a Justicia Legítima, el espacio kirchnerista en el ámbito legal. En esta oportunidad, la fractura se manifestó en una causa sensible: la investigación sobre Nélida Rojas, la jefa de la Tupac Amaru de Mendoza. La única novedad estrictamente procesal es que Rojas declarará ante la fiscal Gabriela Chaves el miércoles a las 15. Todo lo demás fueron acusaciones mutuas entre los bandos. Ayer la fiscal Chaves decía que ‘esta no es una causa normal’. Tal vez nunca más en lo cierto. ‘Me doy cuenta de que tengo muchos obstáculos, por eso estoy tratando de ir más rápido que ellos para conseguir los elementos de prueba que considero que puedo encontrar’, decía la fiscal, quien ayer también fue el blanco de la defensa de Nélida Rojas”.
Marcelo Torrez, por su parte, indaga en Sitio Andino: “Chaves, de acuerdo con lo que ella comentó públicamente y de lo que se pudo reconstruir en base a testimonios de allegados a la magistrada, había arrancado la semana anterior con la firme decisión de avanzar a fondo en la causa, pedir la autorización para realizar una serie de 24 allanamientos y junto con eso proceder a la detención de Nélida Rojas y su familia por los delitos de 'asociación ilícita' con Rojas como jefa, coacción agravada, extorsión, estafas reiteradas y usurpación en la modalidad de despojo. Por la magnitud de los operativos que tenía en mente cumplir, Chaves entendió que debía proceder a partir del lunes 10 y fue allí, quizás, donde cometió el traspié o el error de una medida que podría terminar en fracaso por todo lo que vendría luego. El jueves 6 de abril, con la mayoría del operativo ya planificado, la fiscal le adelantó al juzgado que estaría de turno en el arranque de semana, el Sexto Juzgado de Garantía, conducido por el reconocido juez K David Mangiafico, la autorización para hacer los 24 allanamientos junto con un equipo de investigadores policiales de su confianza. Pero el viernes 7, alrededor de las 15, Nélida Rojas, su esposo Ramón Martínez y sus dos hijas se presentaron espontáneamente y de ‘visita sorpresa’ en el despacho de la fiscal, dispuestos a ponerse a disposición de la Justicia. Ese mismo día, Chaves, que ya había dispuesto solicitar la detención del grupo que lidera la Tupac en Mendoza con los 24 allanamientos, supo que alguien le estaba jugando en contra con la intención de hacer caer la causa. Ordenó la detención de los cuatro y, alrededor de las 22 de ese mismo viernes, decidió cambiar de estrategia y apurar los operativos que tenía pensados para el lunes. Por teléfono pidió hablar con el magistrado de Garantía de turno y se encontró con la doctora Alejandra Mauricio. Allí supo, también, que por los antecedentes de la magistrada aparecerían nuevas trabas. Por su estilo –aquí no aparecen en principio razones políticas o ideológicas en apariencia–, Mauricio se toma su tiempo para autorizar allanamientos en las propiedades privadas. A partir de esa comunicación, Chaves y Mauricio dejaron el teléfono de lado para seguir una discusión técnica –vía correos electrónicos– que se extendió hasta cerca de las 2.30 de la madrugada del sábado 8. La conclusión fue que Chaves no convenció a Mauricio y Mauricio se negó a permitir que se realizaran los allanamientos esa misma noche, con Rojas y su familia detenida”.
En tanto, el Diario UNO elige encabezar su tapa impresa con el título apuntado a los damnificados por las operatorias de vivienda de la Tupac, donde señala que hay “731 casas sin terminar”.
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