Luego del retorno de Jorge Horacio Nanclares a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, y en medio de un marcado conflicto entre el Poder Judicial y el Ejecutivo que el magistrado buscará sanar, son varios los cambios que se esperan en el ámbito de las leyes para los próximos meses.  Es por eso que la Asociación Gremial de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial de Mendoza se manifestó esta mañana en el Palacio de Justicia contra las reformas que se están llevando a cabo y aquellas que pueden venirse.

“Estamos preocupados por las reformas generales dentro de la Justicia”, dijo el secretario general del sindicato, Carlos Ordóñez. “Las mismas se dan bajo el pretexto de hacer una Justicia más rápida, más eficaz, más eficiente y más transparente, pero no son más que proyectos “populares”, para la tribuna. Además, tienen un altísimo impacto presupuestario. Para el ciudadano común, el derecho a la justicia no ha variado sustancialmente”, sentenció. “Un caso concreto es el del Código Procesal Penal (CPP): más del 90% de las causas terminan siendo archivadas como NN (NdR: cuando se ignora al autor)”.

El gremio reclama paritarias y aumento de salario para los trabajadores judiciales, puesto que realizan sus tareas de forma “totalmente precarizadas”. También reclama que el Ejecutivo de “marcha atrás” con las reformas que ha planteado. Ellos aseguran que aún no están dadas las condiciones para llevarlas a cabo. “Nos preocupa, y mucho, el no llamado a paritarias; nos preocupa, y mucho, que se siga profundizando y agrandando la brecha entre los que más ganan en la Justicia y los que menos ganan. Nosotros entendemos que hay un número importante de judiciales que trabajan por debajo del valor de la canasta total de consumo”, aseguró Ordóñez. Esa preocupación se traduce en un estado de “alerta” y “movilización” permanente.

Juzgados plurales

El proyecto de ley de “Transformación de la Justicia Penal” que el Gobierno envió a la legislatura el 7 de noviembre pasado plantea la necesidad de un sistema de juzgados plurales. El mismo ordena que los jueces no se dediquen más a las tareas administrativas, que de ellas se encargue la Oficina Administrativa. Dentro de ese régimen de trabajo, se prevé ocupar tareas durante el turno tarde. Al respecto, Ordóñez dijo lo siguiente: “Defendemos la carga horaria semanal de 6 horas. Habrá que ver si lo que hay que estudiar es la implementación total de un turno tarde, porque, de hecho, hay un número importante de órganos jurisdiccionales que trabajan a la tarde y otros las 24 horas.  Habrá que ver si seguimos avanzando sobre esto, pero con la cantidad de personas que el servicio requiere”.

“Hay toda una decisión política del Gobierno nacional y del Gobierno provincial de tirar abajo el salario de los trabajadores, o sea, que trabajen más horas por el mismo sueldo. Y esto se ha visto en Brasil, se está empezando a ver en Chile, y se está llevando adelante en la Argentina. Eso nos preocupa, y no solamente como trabajadores estatales, sino como trabajadores en general. Se flexibiliza un número de conquistas que a los trabajadores argentinos les costó, y mucho. Por ejemplo,  el tema de la indemnización, de las 8 horas de trabajo o el de la reducción de las cargas patronales”, dijo Ordóñez.   

Intervención del gremio

Por otro lado, respecto a la intervención que sufrió el sindicato en abril de este año por parte del Ministerio de Trabajo, el dirigente aseguró que se buscaba una fragmentación de la organización para poder introducir reformas. “En el mes de julio, la Cámara Nacional de Apelaciones dispuso 3 cosas: primero, dejar sin efecto la intervención ordenada por el Ministerio de Trabajo; segundo, mantener y prorrogar el mandato de la anterior comisión directiva (por eso estamos en función en este momento); y tercero, darle 72 horas al Ministerio de Trabajo para que extendiera la certificación de autoridades. Parecía algo insólito, ¿no? Pero al día de hoy, el Ministerio no ha cumplido con la orden de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo”

En este contexto, las paritarias se vuelven difíciles de alcanzar. “Por eso, precisamente el estado de alerta y movilización permanente. Ya van 2 años que Judiciales obtiene incrementos salariales por debajo de la inflación y por decreto”, finalizó Ordóñez.