El viernes 3 de febrero, la Unión de Empleados de Justicia de la Nación (UEJN) convocó a un paro de 24 horas en reclamo por el traslado de los Tribunales a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires. La medida, motivada por el secretario general del gremio Julio Piumato, aún es analizada por los judiciales de la provincia, puesto que la asociación de la que dependen, la Federación Judicial Argentina (CTA), no toma una decisión al respecto.

El gremialista Carlos Ordóñez, secretario general histórico de Judiciales, explicó a Unidiversidad que la Federación aún no tomó una decisión sobre la medida y explicó los motivos que movilizan a los judiciales porteños. Por un lado, el traspaso implica modificar las condiciones de trabajo y, por ende, la situación salarial. En este sentido, el gremialista indicó que si las partidas presupuestarias continúan siendo las mismas, el margen de movimiento en el ámbito judicial será más chico. “Si el presupuesto creciera en proporción a la cantidad de gente sería distinto, pero no es fácil equiparar de un sistema a otro”, sentenció Ordóñez.

En Buenos Aires, el sindicato encabezado por Piumato alega que el traslado es inconstitucional y que atacará la independencia de los jueces. Además da pie a "acuerdos políticos indignos" para la cobertura de la nueva estructura bajo la égida porteña.  

De acuerdo a lo que publicó Ámbito Financiero, los empleados judiciales temen que esto pueda desembocar en la "impunidad" de los funcionarios porteños por la transferencia de delitos contra la administración pública que serán migrados y, como frutilla del postre, la posible "eliminación" de la feria que se traduce, según entienden, en mayor "flexibilización laboral" de los empleados. También, según el matutino, se coló el tema de la pelea entre el Consejo de la Magistratura y la Corte por el personal de maestranza, algo que devela parte de una problemática irresuelta: existe gran cantidad de contratos en el Poder Judicial por fuera de convenio que los sindicalistas denuncian como precarios.
 

Ordóñez insiste con maniobras del Gobierno

Luego de que el Ejecutivo aseguró que no avanzará en la negociación paritaria por falta de autoridades, Ordóñez repitió que se trata de “una burda maniobra del Gobierno con un sindicato que no va a negociar un porcentaje del 17 % de aumento salarial”. En este sentido, explicó que habrá una asamblea el lunes 6 de febrero para analizar la situación.

El sindicalista señaló que esperan el recurso jerárquico que debe resolver el ministro de Trabajo Jorge Triaca y señaló que existió injerencia del ministerio del Trabajo local en los comicios. "Presentaron cuatro veedores el dia de las elecciones y dijeron que los comicios se realizaron con normalidad”, expresó el funcionario, al tiempo que se preguntó: “¿Cómo fueron a ver un proceso que estaba viciado de nulidad?”. 

El gremio se encuentra en conflicto con el Gobierno porque una de las listas (la Bordó) denunció que hubo irregularidades en las elecciones que se realizaron en junio de 2016. En octubre, el Ministerio de Trabajo de la Nación consideró nulo todo el proceso electoral y la ganadora, Adriana Domínguez, no pudo asumir.

El temor de los judiciales es que el aumento se otorgue por decreto. En declaraciones al diario Los Andes el subsecretario de Gestión Pública del Ministerio de Gobierno, Ulpiano Suárez, señaló que esa medida, “de última”, sería tomada “para no perjudicar a los trabajadores”.