El gremio de Judiciales denunciará penalmente al ministro de Trabajo Jorge Triaca. La decisión se tomó luego de que el Gobierno nacional enviara un delegado normalizador al sindicato, que se encuentra acéfalo desde junio de 2016. Al mismo tiempo, aseguraron que se trata de una medida del Ejecutivo provincial para “diezmar” al sindicato.

La interna del gremio judicial parece una historia de nunca acabar. En el mes de junio de 2016 se realizaron las elecciones en el gremio y la fórmula oficialista, encabezada por Adriana Domínguez y César Llanos, venció por sólo 30 votos a la lista Bordó, que llevaba como candidato a Sergio Mortarotti. Este último aseguró que hubo irregularidades en los comicios, por lo que la Secretaría de Trabajo decidió anular la elección.

En declaraciones a Unidiversidad, el eterno secretario general del gremio, Carlos Ordóñez, aseguró que la presentación contra el ministro de Trabajo es por incumplimiento de sus obligaciones como funcionario público. En este caso, argumentó que Triaca envió al normalizador cuando la situación ya no dependía del Ministerio de Trabajo, sino de la Cámara de Competencias del Trabajo.

Ante esto, calificó como un "atropello prepotente e irresponsable" el accionar del Ministerio y afirmó que,si se avanza en la intervención, será la primera vez que eso suceda en la historia del sindicato en democracia. “En 60 años, el sindicato sólo fue intervenido durante la dictadura militar”, recordó el gremialista, quien, además, esgrimió que hay contradicciones en el accionar del Ejecutivo provincial

Por una parte, Ordóñez aseguró que, a finales de 2016, el Gobierno se sentó a negociar el bono de fin de año, incluso cuando no había gente al frente del sindicato, pero luego no quiso negociar paritarias y las aprobó por decreto. “Hubo una decisión de robarnos las elecciones. Quieren liquidar un gremio que se ha peleado con todos los gobiernos”, argumentó el sindicalista, que concluyó que durante el fin de semana habrá asambleas para definir las nuevas acciones del gremio.
 

El interventor

Hugo Parrino es el normalizador nombrado por el Ministerio de Trabajo. Se trata de un abogado del foro local que se desempeña en el derecho laboral. Luego de su llegada al gremio, Parrino deberá presentar un informe detallado sobre la situación económico-financiera del sindicato. Ese plazo debe cumplirse a medidados de mayo. Luego, tendrá 120 días para regularizar la situación institucional, es decir, llamar a elecciones y lograr que haya una nueva comisión directiva electa.