El anuncio del presidente Mauricio Macri de pagar “la deuda histórica” con los jubilados y pensionados no paraliza los juicios en trámite ni inhibe la posibilidad de nuevas presentaciones, ya que sólo cumple con lo que indica desde hace 20 años el máximo tribunal de Justicia de la Nación. Así lo aseguró la abogada Carolina Jacky.

A través de las redes sociales, la letrada explicó los alcances del paquete de medidas que anunció el Presidente y que incluye el pago a los jubilados que tienen sentencia firme en juicios por ajuste de haberes, acuerdos con los que no reclamaron y una actualización de los montos, respetando el 82 % móvil.

De acuerdo con los cálculos del Ejecutivo, la medida beneficiará a 2,5 millones de personas a quienes el Estado calculó mal sus haberes. Según datos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), en Mendoza hay 11 mil presentaciones judiciales, de las cuales el 25 % corresponden a juicios con sentencia firme.

Jacky analizó los alcances del anuncio, al que juzgó como positivo. Primero recordó que el Ejecutivo envió un proyecto de ley al Congreso, por lo que las medidas sólo tendrán vigencia si logran la aprobación de ambas cámaras legislativas. Por esto, la abogada recomendó que los ciudadanos no se acerquen a la oficina de Anses, ya que los trabajadores no tienen precisiones.
 

El derecho a reclamar

La abogada detalló que el derecho a reclamar la movilidad previsional –es decir que el monto tenga relación con lo que cobra un trabajador en actividad– surge de la propia Constitución, así como de los tratados internacionales que Argentina firmó y que desde 1994 tienen rango constitucional. A través de ellos se reforzaron el derecho a la movilidad y la obligación de que el Estado respete ese logro y brinde especial atención a los ancianos.

Jacky explicó que ese derecho consagrado en la Constitución fue el que siguió la Corte Suprema de Justicia a través de distintos fallos que se repiten desde hace 20 años. El más significativo fue el caso del jubilado Valentín Badaro, que solicitó el reajuste de haberes y al que el máximo tribunal le dio la razón en 2007, sentando jurisprudencia.

La letrada explicó que el caso Badaro fue el puntapié para que muchos jubilados iniciaran juicios contra la Anses, que hoy se tramitan en Juzgados y Cámaras Federales, además de los que se encuentran en la Cámara de la Seguridad Social y los que están a la espera de la una resolución de la Corte. Jacky señaló que en todos los casos, los fallos del máximo tribunal indicaron el camino a seguir a los tres poderes del Estado. Es decir, resolvieron el atraso del haber previsional buscando que tuviera relación con lo que percibe un trabajador en actividad, así como la forma y el momento desde el cual debía pagarse la retroactividad.

La abogada recalcó que el anuncio del Presidente no paraliza los juicios en trámite ni inhibe la posibilidad de que los ciudadanos realicen nuevas presentaciones.

Jacky explicó que existen muchos jubilados que ya cuentan con una sentencia firme a favor de su reclamo, aunque aún no logran cobrar el reajuste, ya que se dan hasta seis meses de espera para el pago, aun con una intimación judicial. Comentó que Anses redujo la cantidad de juicios que pagaba y que incluso algunos que ya canceló fueron cuestionados por no respetar los fallos de la Corte y liquidar un monto menor al estipulado.

La abogada recomendó a los jubilados y pensionados esperar el tratamiento y aprobación del proyecto en el Congreso para tomar una decisión de si iniciar o no un reclamo, ya que cada situación es distinta, no todos tienen las mismas necesidades ni su estado de salud es el mismo.

Jacky también explicó que de acuerdo con la información oficial, el Gobierno realizaría una especie de negociación para que los jubilados firmen un acuerdo, si es que aceptan las condiciones. En este sentido, resaltó la importancia de conocer a fondo la letra de los acuerdos, ya que en derecho existe la teoría de los actos propios, es decir que una vez que el jubilado acuerde no puede decir que no entendió el alcance del acuerdo o que fue engañado.

En cuanto a una visión futura sobre si se terminarán los juicios por reajustes de haberes previsionales, la letrada dudó de esa posibilidad, ya que aseguró que está atada a la estabilidad económica del país. Explicó que si hoy se reajusta el haber previsional en relación con lo que percibe un activo, en 2017 se ajustarán los salarios de los trabajadores en actividad, lo que implicará un nuevo ajuste para los jubilados.

Jacky vislumbró que la única forma de evitar que se sigan acumulando las presentaciones por reclamos de movilidad previsional es que se instrumente un sistema de indexación de los haberes previsionales en relación con los trabajadores en actividad.