Cuatro jueces y una fiscal fornalizaron su renuncia este martes 3 de enero mientras avanza el proyecto de ley que busca limitar las jubilaciones de privilegio en el Poder Judicial y luego de que el Gobierno nacional anticipara el proyecto para reformar el fuero federal. Las dimisiones fueron confirmadas a través del Boletín Oficial en sucesivos decretos firmados por el presidente Alberto Fernández. Se trata de la fiscal del Tribunal Oral Federal en lo Criminal y Correccional 1 Irma Adriana García Netto (decreto 198/2020) y de los jueces César Osiris Lemos (Tribunal Oral Penal y Económico 2, decreto 199), Rita de la Ascensión Garese (Juzgado de Ejecuciones Fiscales Tributarias de Capital Federal 3 decreto 200), Ricardo Manuel Rojas (Tribunal Oral Criminal y Correccional 18 de Capital Federal decreto 201) y Fernando Adolfo Larraín (Tribunal Oral Criminal y Correccional 2 de Capital Federal decreto 202).

Las renuncias tienen lugar días después de que la Cámara de Diputados aprobara el proyecto que recorta las jubilaciones de privilegio para el Poder Judicial y el servicio exterior. En una sesión polémica, el Frente de Todos consiguió el quórum de 129 legisladores gracias a la presencia de Daniel Scioli, que ejercía como diputado hasta esta semana a pesar de que ya había sido anunciado como embajador en Brasil, lo que llevó a la oposición a denunciar la votación como inválida. Así lo publicó diario PERFIL este martes.

Según estimaciones del Ministerio de Trabajo, unos 17.622 jueces perciben un sueldo promedio de 271.742 pesos, mientras que realizan un aporte promedio de 32.609 pesos. Hay 6983 personas que cobran de esa caja especial (5308 jubilaciones y 1675 pensiones), con un haber promedio de 272.099 pesos. El Gobierno calculó que el déficit de la caja especial de jubilaciones de los jueces en diciembre de 2019 fue de 8.296 millones de pesos. Por eso, jueces y fiscales buscan adelantar su dimisión para ingresar en ese regimen antes de que sea modificado, lo que podría generar al menos 400 vacantes este año en el Poder Judicial. Ese es el punto que cuestiona la oposición, ante la posibilidad de que el oficialismo designe a la mayoría de los reemplazantes. En simultáneo, Alberto Fernández confirmó este domingo 1 de marzo, en su discurso de apertura de sesiones, que enviará un proyecto para reformar el Poder Judicial.

La iniciativa se enfoca en diluir el poder de Comodoro Py al fusionar el fuero federal con el penal porteño. "Los delitos contra la administración pública en los que incurran funcionarios del Estado Nacional, dejarán de estar en manos de unos pocos jueces, para pasar a ser juzgados por más de medio centenar de magistrados", argumentó el jefe de Estado.

Los magistrados insisten en que el proyecto de reforma de la ley 24.018 tiene una redacción ambigua en muchos apartados centrales que modifican las condiciones de jubilación en el régimen especial de jueces y fiscales.

Mañana a las 17, un plenario de comisiones debatirá el proyecto de ley. El jefe de los senadores del Frente de Todos, José Mayans, señaló que la normativa “no requiere tratamiento urgente” pero consideró que “los tiempos apremian” y, en ese marco, pidió abrir la discusión esta misma semana apenas ingresó a la Cámara alta la media sanción emitida el jueves pasado por la Cámara de Diputados.

Por eso, jueces y fiscales buscan adelantar su dimisión para ingresar en ese regimen antes de que sea modificado, lo que podría generar al menos 400 vacantes este año en el Poder Judicial. Ese es el punto que cuestiona la oposición, ante la posibilidad de que el oficialismo designe a la mayoría de los reemplazantes.