El Tribunal Federal de Santa Fe ordenó al Registro Civil de Reconquista realizar las rectificaciones correspondientes para realizar el nuevo DNI de José Maulín Pratto, el nieto 120. En el juicio por apropiación y suspensión de identidad del entonces recién nacido en 1977, la Justicia también condenó a ocho años de prisión a Cecilia Góngora, autora responsable de la apropiación, y a seis años a Elsa Nasatsky, obstetra que firmó la falsa partida de nacimiento.

José María Escobar Cello, presidente del Tribunal Oral, leyó la esperada sentencia y le adjudicó a Cecilia Góngora los delitos de autora de retención y ocultamiento del bebé sustraído previamente a su madre, falsedad ideológica de documento público y alteración del estado civil de quien fue inscripto bajo una falsa identidad con el nombre de José Luis Seretín. Sobre Elsa Nasatsky pesan los cargos de autora y partícipe de los delitos de falsedad ideológica de documento público y alteración del estado civil de Maulín Pratto. La obstetra fue absuelta del delito de retención y ocultamiento, por el que también había sido acusada.

Había un tercer imputado en la causa, Danilo Sambuelli, exjefe de Inteligencia de la Brigada Aérea de Reconquista y exjefe del centro clandestino de detención. Sambuelli murió en 2014 tras ser condenado a 21 años de prisión por los delitos de lesa humanidad cometidos en la época más oscura por la que atravesó la Argentina.

El 6 de octubre se leerán los fundamentos de la sentencia y hasta que no quede firme, ambas acusadas permanecerán en libertad. La investigación se inició en 2005.

   A la izquierda, Cecilia Góngora, apropiadora. A la derecha, Elsa Nasatsky, médica obstetra.

La historia

En octubre de 1976, en Reconquista, provincia de Santa Fe, una patota integrada por policías, miembros de la III Brigada Área de Reconquista y personal militar realizó un operativo en la casa de los Maulín Pratto. Allí secuestraron a Rubén Maulín, un trabajador y militante político del PRT, delante de sus dos hijos pequeños y de su esposa, Luisa Pratto, embarazada de cuatro meses.

Luisa fue torturada en su domicilio, frente a sus hijos, y violada en reiteradas ocasiones. Cuando fue a dar a luz a un sanatorio privado local, el 26 de marzo de 1977, Luisa fue registrada con el nombre de la apropiadora Cecilia Góngora de Segretín, evidenciando la premeditación del delito pero, a la vez, dejando la prueba del apellido que llevaría su hijo.

El bebé fue entregado así al matrimonio conformado por José Ángel Segretín y Cecilia Góngora, vinculados familiarmente a la Fuerza Aérea, y pasó a llamarse José Luis. Sus apropiadores lo inscribieron en el Registro Civil con un acta de nacimiento fraguada, firmada por la doctora Elsa Nasatsky de Martino.

Por entonces, Rubén seguía detenido pero ya como preso político. Fueron años de dolor los que vivió Luisa. Después del parto y durante mucho tiempo siguió siendo visitada por la misma patota policial que había secuestrado a su marido y hermanos, que la sometía a torturas y abusos sexuales.

La abuela de José Luis, Ana Elena, se ocupó de los niños y acompañó a Luisa en el reclamo por su marido y su hijo robado. Cuando Rubén Maulín recuperó su libertad, en 1982, ambos se presentaron ante la justicia para reclamar por el niño pero no obtuvieron respuesta y les dijeron que no podían hacer nada.

Durante mucho tiempo Rubén y Luisa desconocieron el paradero de su hijo, pero a fines de los 80 una vecina de la pareja trajo el dato del lugar donde estaba viviendo. Decidieron ir a reclamar por él, pero la falta de documentación y las amenazas de los apropiadores impidieron el encuentro.

A principios de los 90, Gisela, la hermana mayor de José Luis, escuchó que en su escuela había un niño con el apellido Segretín y se acercó a hablarle, pero el encuentro no prosperó y Cecilia Góngora amenazó a Gisela para obstaculizar la búsqueda. José Luis, en ese entonces, ya sabía que no era hijo de la mujer que lo había criado, pero los relatos iban variando según las circunstancias y conveniencia. Desde temprana edad tenía dudas de su identidad, por las diferencias físicas y porque tenía una hermana mayor adoptada. En un primer momento le dijeron que era fruto de una relación extramatrimonial de Segretín y luego se fueron sumando otras versiones, siempre inconsistentes.

En 2008, Luisa y su hermana Griselda hicieron otra declaración ante la Justicia contando nuevamente lo que habían padecido durante el terrorismo de Estado. Después de años de impunidad fue la primera vez que la justicia santafesina aceptó investigar su caso. Para ese momento, ya hacía dos años que muchas víctimas del terrorismo de Estado en la región habían comenzado a dar testimonio en la “Causa Base Aérea”. Luisa dio una nota en una radio de la ciudad y su historia llegó a conocimiento de José, quien se sintió motivado a averiguar sobre su identidad.

En enero de 2009, José Luis llamó a Luisa para contarle que, según las descripciones que ella había dado en la radio, él podría ser su hijo. Se encontraron por primera vez en febrero, y en abril se presentó a la Justicia para reclamar por su identidad. Rápidamente, José Luis, Rubén Maulín y Luisa Pratto viajaron a Buenos Aires y realizaron el estudio en el Banco Nacional de Datos Genéticos para confirmar su vínculo: era el hijo que durante 32 años habían buscado.