“Antes nos tiraban con balas, ahora con ustedes”, lanzó Cristina Fernández. Es decir: antes los golpes los daban las Fuerzas Armadas y de seguridad, hoy los dan los fiscales y jueces (junto con los medios hegemónicos, y los políticos de la derecha). Rotundo. Muchos lo niegan, porque fueron protagonistas del llamado “lawfare” (golpe judicial), o porque fueron favorecidos por él. Pero su existencia es obvia: ¿cómo se atacó a Lula y Dilma? Judicialmente. ¿Cómo se persigue a Correa aún hoy, luego de que su partido ganó la primera vuelta? Con el aparato judicial. ¿Cómo se persiguió a Cristina y a un sinnúmero de sus miembros del gobierno? Judicialmente. ¿Cómo se echó a Evo en su momento de Bolivia? Conjugando múltiples factores, entre ellos el de la justicia electoral.

La gente común no lo advierte, no tiene por qué estudiar política internacional. Se informa por medios que están al servicio del lawfare y –les crea o no plenamente- no tiene otra versión. No es fácil advertir que el poder judicial actúa en complicidad con sectores de la tv, que estos satanizan a alguien para que luego se le inicie causa judicial, o –en su caso- que se le inicia la causa para que los medios satanicen. Todo con la interminable prédica sobre la corrupción que, real o inexistente, es aquí lo de menos: siempre justificarán la persecución en pretendida corrupción, y si no la hay se la inventa. La corrupción estructural, se sabe, es la de los sectores ligados al empresariado, que cuando están en el gobierno pueden hacer a destajo, pues están de los dos lados del mostrador. No importa: la población suele no darse cuenta, porque no puede saber si alguno de los grandes empresarios conocidos, ayer tenía seis mil millones, y hoy tiene siete mil (7.000.000.000). No se sabe, no se nota. Pero si un político ayer tenía 10 millones y hoy 40, claro que se nota, aunque lo retenido sea muchísimo menos: por supuesto, en cualquier caso es injustificable. Pero el “lawfare” no se interesa en la moral, eso no le importa nada: la única cuestión es acusar de “corruptos” a los líderes de movimientos populares, para perseguir a estos.

Eso es el lawfare. Como la gente no sabe del mismo, la ex presidenta decidió exponerlo en la sesión judicial del jueves. De manera clara y precisa. Por supuesto, muchos pusieron el grito en el cielo, pero nadie se anima a enfrentársele en la cara. Todos hablan pestes a sus espaldas, pero ningún periodista ni funcionario judicial, o siquiera políticos de la actual oposición, se han mostrado a la altura de debatir con quien es una figura cumbre de la política nacional.

Ya el presidente lo había anticipado en su discurso del 1 de marzo. Se acabó el tiempo para ver si el poder judicial se autodepuraba. No sólo no hubo sanción ni autoexamen de las irregularidades extremas habidas entre 2015 y 2019, sino que…se continuó haciendo lo mismo!!

Los hechos están suficientemente ventilados en las causas de Dolores y de Lomas de Zamora. Son inauditos y variadísimos: espías por todos lados repartiendo informes secretos y carpetazos, operaciones entre espías, políticos y mediáticos (como el invento de “la Morsa” contra Aníbal Fernández), escuchas ilegales a granel, difusión de las escuchas por los medios amigos (también ilegales), micrófonos secretos en las cárceles, aprietes a los jueces que no se agacharan, amenazas públicas como las que se hiciera a Gils Carbó, llamados mediáticos a agredir a los hijos de jueces “rebeldes” en la escuela, dinero a cambio de no meter presos a empresarios, exigencias de “hablás mal de Cristina y salís libre, si no vas en cana”, causas definidamente implausibles e inventadas como es esta de los dólares a futuro, reuniones en el despacho de Garavano con un condenado como Fariña para guionar declaraciones –en presencia de Majul-, una insólita “mesa judicial” en que estaban Arribas y hasta Angelici, jueces destituidos como Farah y Rozanski, Barrionuevo que declara por tv cómo “prepararon” a Elaskar para que declarara contra CFK…es de no acabar.

Raúl Alfonsín dio tiempo a las FF.AA. para que se autojuzgaran. Nada hicieron. Por ello, comenzó el juicio a las Juntas. Aquí pasa algo parecido. Pasó el período de autocorrección. No hubo ninguna. Ahora vendrá una comisión bicameral, que responde a la Constitución, y no tendrá poder de sanción: enviará lo investigado a la justicia penal, la civil, o al Consejo de la Magistratura. Pero se acabaron el secretismo y la impunidad: llegó la hora de hablar del lawfare, lo que constituirá la base de opinión pública necesaria para sanear la cúpula de un Poder judicial al que la ex presidenta llamó “podrido”.

Es que la continuidad de Hornos (autodeclarado amigo de Macri y que varias veces falló contra Cristina Kirchner), o la de Stornelli, procesado por ilegalidades extremas, es ya intolerable para un sector importante de la opinión informada del país. Llegó la hora de poner en visibilidad a un poder arrogante donde –lamentablemente- la corrupción y el privilegio han anidado.-