Los vecinos autoconvocados en asambleas por el agua transmitieron un mensaje claro a los senadores que analizan dos iniciativas de modificación de la Ley 7722: no quieren reflejarse en el espejo de Jáchal, el distrito sanjuanino donde está enclavada la mina Veladero, de la canadiense Barrick Gold, y donde se produjeron derrames de agua cianurada que llevaron a un crecimiento exponencial de mercurio, manganeso y aluminio en las aguas del río La Palca.

Poco después de las 9 comenzó una nueva reunión de los integrantes de las comisiones de Ambiente, Hidrocarburos y Legislación del Senado, que desde hace semanas escuchan la opinión de referentes de distintos sectores respecto de las dos iniciativas que buscan modificar la Ley 7722, la norma que prohíbe el uso de sustancias contaminantes en los proyectos mineros. Ya escucharon a los empresarios, a los representantes de sindicatos y a investigadores, y ahora fue el turno de las organizaciones ambientalistas y los vecinos autoconvocados en las Asambleas por el Agua Pura de distintos departamentos.

El derrame de la Barrick envenenó el agua de Jáchal

La municipalidad del departamento sanjuanino solicitó, a pedido de los vecinos, un estudio técnico sobre el agua de los ríos de la zona. Así se detectó contaminación con metales en dosis de hasta 1400 % por encima de los valores tolerables.

Veinte personas expusieron  sus razones ante los senadores, entre los que escucharon antentamente los dos justicialistas autores de las iniciativas: el exintendente de Guaymallén, Alejandro Abraham, y el exmandatario de Malargüe, Juan Agulles.

Más allá de que cada vecino utilizó sus diez minutos para expresarse, todos coincidieron en un mensaje: no quieren reflejarse ni en Jáchal ni en pueblos de La Rioja, donde a los ciudadanos les prometieron que la actividad no contaminaría, que los controles serían estrictos, que se generarían muchos puestos de trabajo y, sobre todo, que las ganancias de las compañías también serían para ellos. Los ambientalistas aseguraron que nada de eso pasó y que la muestra más clara es que los ciudadanos de las provincias vecinas no mejoraron su calidad de vida, sino que, por el contrario, siguen sin acceder a servicios básicos, a lo que se sumó la contaminación de agua o el ambiente.

La Corte confirmó que la ley 7722 es constitucional

El máximo tribunal puso fin a la disputa entre la Provincia, que defendió la constitucionalidad de la ley, y los empresarios mineros.

Los representantes de las asambleas refutaron cada una de las razones que dieron tanto los autores de las iniciativas como los empresarios para impulsar modificaciones en la ley, que fue declarada constitucional por la Suprema Corte de Justicia. Negaron que la minería vaya a colaborar en la ampliación de la matriz productiva, ya que aseguraron que se trata de una actividad extractiva, que no produce, sino que saca minerales que se venden en el mundo. Negaron que tienda a generar mano de obra, para lo que utilizaron información oficial respecto de los puestos que brinda en San Juan y Catamarca. Negaron que pueda crear riqueza en los pueblos, teniendo en cuenta que sólo pagan el 5 % de lo que extraen en boca de pozo, un porcentaje ínfimo respecto de lo que ganan, según explicaron.

Los integrantes de las asambleas dijeron a los legisladores que descreen de la eficacia de los controles estatales a las empresas mineras y explicaron que sólo hace falta ver lo que hicieron en otros pueblos del país e incluso de Chile, al que se toma como un ejemplo en la materia. Sin embargo, uno de los vecinos dio detalles, con cifras oficiales, respecto de los elevados índices de pobreza de los ciudadanos chilenos que habitan en las zonas de donde las empresas extraen minerales por millones de dólares.

El agua, y la necesidad de cuidarla y defenderla, fue otro de los aspectos que plantearon. Aseguraron que la vida de los habitantes de Mendoza está unida a ese líquido vital y que los años de escasez hacen que se fortalezca la importancia de cuidar ese recurso común y de evitar que se contamine.

Las empresas dicen que la Ley 7722 es "un cepo" para la actividad minera

Así lo aseguró Carlos Ferrer, de la Cámara de Servicios Mineros Mendoza. Dijo que es necesario iniciar un debate serio y técnico para analizar las propuestas de modificación de la norma.

Los ambientalistas no se quedaron en la queja. Propusieron ampliar la matriz productiva y generar puestos de trabajo con base en proyectos turísticos, la creación de parques naturales, el impulso a la energía solar y al sector agrícola, que no está agotado, subrayaron. Respecto de este último punto, aseguraron que la agricultura –a diferencia de la minería– tiene licencia social, produce alimentos de calidad y es necesario poner el acento en su diversificación y mejora.

Los vecinos les pidieron a los senadores creatividad para buscar alternativas de crecimiento. Explicaron que la base de esas iniciativas debe ser el respeto por el medio ambiente, por los bienes comunes, por los usos y costumbres de los ciudadanos, y no por el lucro, como es el caso de los proyectos mineros. 

Reclamo ciudadano

Los vecinos dieron otro mensaje claro a los senadores: les pidieron que representen los intereses reales de las personas, de los ciudadanos que viven en todo el territorio, no sólo en el Gran Mendoza. Les aseguraron que estos proyectos de modificación de la ley 7722 son impulsados directamente por las multinacionales, en especial por quienes propician el proyecto San Jorge.

Muchos de los expositores dijeron sentirse defraudados. Aseguraron que algunos de los senadores los decepcionaron, ya que prometieron defender el medio ambiente y no tocar la Ley 7722. En el mismo sentido, criticaron al gobernador Alfredo Cornejo, ya que explicaron que durante su campaña aseguró que se realizarían iniciativas mineras, pero siempre que respetaran los lineamientos de esa norma provincial.

Reforma de la 7722: entre la falta de certeza jurídica y el miedo

Unidiversidad entrevistó al integrante de la Comisión de Ambiente del Colegio de Abogados. Consideró necesario cambiar la llamada ley "antiminera", pero que antes el Ejecutivo debe controlar mejor.

Mientras los ciudadanos exponían en el salón Rojas, desde afuera llegaba la arenga de sus compañeros, que se reunieron en la plaza desde donde brindaron información a los transeúntes sobre los proyectos de modificación de la ley y pidieron a los automovilistas que tocaran bocina para acompañar su lucha.

La semana próxima, específicamente el jueves 15, los senadores escucharán a funcionarios de distintos ministerios y organismos de gobierno. Luego, según especificó el senador Jorge Teves, buscarán sacar un dictamen de comisión e intentarán tratar las iniciativas en el recinto antes de fin de año.