El secretario general del SUTE, Sebastián Henríquez, denunció que el Ejecutivo, con Alfredo Cornejo a la cabeza, dio un "golpe institucional" al incidir en el funcionamiento de la Suprema Corte, en lo que respecta al pedido de inconstitucionalidad del ítem aula, sin respetar la división de poderes. Frente a esto, anunció que presentaron un recurso ante la Justicia para que el tribunal revea su decisión de resolver el tema en plenario, es decir, con el voto de todos los supremos, en lugar de la Sala 2.

Henríquez explicó que este recurso –llamado incidente de nulidad– tiene como objetivo denunciar las irregularidades en el proceso que desembocó en la aceptación de parte del máximo tribunal del pedido del Gobierno de analizar el caso del ítem aula en plenario, en lugar de que lo hicieran sólo los jueces de la Sala 2. 

Así lo explicó Henríquez: “El 15 de diciembre se vencía el plazo para dictar sentencia. A ese momento, consta en el expediente que ya había dos votos emitidos: Palermo y Adaro. El juez Valerio tenía que emitir su voto antes del 21 de noviembre. Su voto estaba vencido”.

Amparándose en el Código Procesal, el dirigente afirmó que hay un momento en el que las partes son notificadas de que ya está todo listo para avanzar en la sentencia. A partir de ese momento, corren 60 días hábiles para que haya una sentencia; 60 días hábiles que se dividen entre los tres miembros de la Sala 2, que estaba a cargo de expedirse sobre el caso.

El secretario general del SUTE aseguró que hubo injerencia del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial. Foto: Prensa SUTE. 

Lo que se plantea es que José Valerio no cumplió con ese plazo y su voto estaba vencido. ¿Cuándo, según el reclamo, el Gobernador podría haber planteado que fuera un fallo plenario de la Corte? “Antes de que se avanzara en el proceso de sentencia”, reclamó Henríquez.

El secretario del SUTE concluyó que “lo que hubo fue una injerencia del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial. Para nosotros un golpe institucional, como lo he planteado”.

Fin de año sin bono, por ahora

El bono de $ 7000 que el Gobierno viene ofreciendo a los gremios que cerraron un acuerdo en paritarias en 2017 por ahora no llega a los docentes. En principio inhabilitados para percibirlo –el aumento de este año para ellos fue dado por decreto–, el Gobierno manifestó su intención de extenderlo a los docentes. Sin embargo, esto está condicionado a que lo acepten los demás gremios.

Desde el SUTE hay enojo porque consideran injusto que el bono esté incluido en un paquete que incluye la oferta del aumento del 15,7 % en tres tramos. Hasta ahora no ha habido acuerdos entre el Gobierno y los principales gremios al respecto y el bono está lejos de ser una realidad.

Por otra parte, el gobernador Cornejo había afirmado que se iba a pagar la enorme deuda que tiene el Estado con los docentes por el ítem zona antes de fin de año. Sin embargo, en el gremio docente consideran que esto recién podría suceder a partir de febrero, ya que el Ejecutivo manifestó que todavía falta la reglamentación de la flamante ley del ítem zona.