Se trata de la pesquisa para establecer si un joven fue apropiado en la ESMA y traído a nuestra provincia  por quienes figuran como sus padres biológicos, Ricardo Santos Hidalgo y Estela Mabel Vatri, según resolvió la sala I del Tribunal de Apelaciones, según el fallo al que accedieron distinto medios nacionales.

La causa. Fue abierta el 17 de setiembre de 2009 en Buenos Aires por denuncia de Abuelas de Plaza de Mayo, pero el juez federal Marcelo Martínez Di Giorgi consideró que debía tramitarse en aquí, donde reside la familia, algo objetado por los querellantes, en un planteo que acaba de ser aceptado por la Cámara Federal.

De esta forma Martínez Di Giorgi deberá continuar investigando para establecer si el joven fue, como dice la denuncia, entregado por un ex marino de la ESMA a su primo, Santos Hidalgo.

Según la denuncia, en el 2003 se recibió un llamado anónimo en la oficina local del Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos (MEDH) donde se alertó sobre "la posibilidad de que el nombrado fuese hijo de personas en condición de desaparición forzada".

"También se hizo saber que viviría en el departamento de Luján de Cuyo,  que quien figuraría como padre biológico sería Ricardo Hidalgo y que habría recibido al niño de un primo suyo de apellido Correa o Correas, quien como marino, habría prestado funciones en la ESMA", subrayó la Cámara.

Posteriormente en otro llamado se informó el domicilio "de quienes figuran como padres biológicos del joven, cuyos nombres serían Ricardo Angel Santos Hidalgo y Estela Mabel Vatri, y que el supuesto entregador habría fallecido a principios de 2009".

El 31 de julio de 2008 el joven se presentó espontáneamente en el MEDH "para expresar las dudas que tenía acerca de su identidad" y luego no volvió a contactarse.

En la partida de nacimiento del joven, adjuntada a la causa, figura anotado en Mendoza -pese a que nació en la ciudad de Buenos Aires- y como médico obstetra en el parto se consigna a Carlos Capdevila Aliaga, quien está procesado por delitos de lesa humanidad y acusado de haber atendido partos en la maternidad clandestina que funcionó en la ESMA.

La Cámara entendió que fue "prematuro" enviar la causa a esta provincia, al considerar no probada la comisión de un delito de lesa humanidad como había resuelto Martínez Di Giorgi, y revocó su decisión y le ordenó profundizar el caso.

"Restan medidas probatorias conducentes a establecer" la maniobra, advirtieron los camaristas Eduardo Freiler, Jorge Ballestero y Eduardo Farah.

Uno de estos aspectos es establecer por qué, si habría nacido en Capital Federal, se autorizó su inscripción en Mendoza y cómo llegó hasta esta provincia.