Hace siete décadas, la construcción de la represa El Nihuil clausuró el acceso de La Pampa al río Atuel y generó un daño ambiental y económico en esa provincia. Un grupo de investigadoras del Instituto de Geografía analizaron el impacto de este cambio en el imaginario colectivo y en las prácticas sociales, culturales y productivas de la región.

En 1947, el río Atuel dejó de ingresar en forma permanente al oeste pampeano debido a la puesta en funcionamiento de la represa El Nihuil, en Mendoza, con fines productivos. El daño ambiental y económico que se produjo en La Pampa derivó en múltiples estudios a lo largo de los años. Sin embargo, el impacto sociocultural del corte había sido poco indagado por las ciencias sociales.

Trabajos realizados por investigadoras del Instituto de Geografía permitieron entender el comportamiento demográfico de la zona, cómo se alteraron algunos elementos del imaginario colectivo de los pobladores, cómo se modificaron los modos de vida y se redefinieron las estrategias productivas y cómo se generó una pérdida de la memoria hídrica colectiva y de la “cultura del río”, especialmente en las nuevas generaciones.

Los resultados de los estudios fueron presentados en la Audiencia Pública de Conciliación entre las provincias que comparten el recurso, convocada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que la UNLPam se presentó bajo la figura de “amigo del Tribunal”.

“El agua potable era escasa; aprendimos a cuidarla desde niños. Era dura y salobre; para sacarla del bajo del médano nos teníamos que colgar de la manga de madera de una bomba. Para quemarla, quemábamos zampas o jume. Cuando la ceniza estaba fría, se le agregaba en proporción al agua. Con ella lavábamos la ropa (…). La gente era feliz. Los comercios daban crédito a los puesteros y esquiladores por seis meses, lo que sobraba se disfrutaba en los boliches. Pero los pobres no eran pobres, vivían así porque era su costumbre: un rancho, la cocina abierta, un cerco circular y en el medio un fogón. Se vivía bien. Pero entre 1940 y el 45 dejaron de correr lentamente el Atuel y el Salado. Los campos comenzaron a secarse, se perdieron animales”. Testimonios como los del señor Serraino, citado del libro del Centenario de Santa Isabel (2004) por las investigadoras del Instituto de Geografía Beatriz Dillon, María Eugenia Comerci y Leticia García, se repiten entre los pobladores que quedan o ya se fueron del oeste pampeano, por donde escurre el Atuel, motivados por el corte del cauce en territorio mendocino.

El corte definitivo del río, que nace en la laguna Atuel en la alta cordillera mendocina, se produjo en 1947, cuando las obras del dique El Nihuil concluyeron y se llenó la represa. A partir de ese momento, el impacto de esta obra provocó un daño, no sólo sobre los bienes y servicios ambientales, sino también sobre el espacio social del oeste pampeano. Las investigadoras sostienen que las prácticas productivas-reproductivas actuales, implementadas por los habitantes del oeste, manifiestan formas de adaptación y de resistencia ante las transformaciones en el hábitat natural que produjo la construcción de la represa y sus usos aguas arriba.

Los estudios revelan que una de las primeras consecuencias sociales del corte se observó en los desplazamientos en la zona. Hasta el censo de 1947 hubo un crecimiento lento pero sostenido de la población del oeste en los departamentos Chical Có, Chalileo, Limay Mahuida y Curacó (estos dos últimos fueron incorporados a los trabajos a partir de analizar el sistema integrado Atuel-Salado).

“A partir del Censo Nacional del 47, y hasta la década del 70, se produce lo que denominamos una diáspora poblacional, que fue progresiva. Poco más del 40 % de la población migra de aquellos Departamentos hacia zonas de desarrollo bajo riego, como General Alvear y San Rafael, en Mendoza; el resto se dirigió a Santa Rosa, que en la década del 50 y con el impulso de la provincialización estaba en crecimiento. Otros pobladores se reubicaron en centros urbanos más cercanos como Santa Isabel, Puelches y 25 de Mayo. Además, la variación intercensal 2001 y 2010 señala un despoblamiento rural, casi total, del oeste”, detalla Beatriz Dillon, directora del Instituto de Geografía.

La investigadora aclara que es la alteración de las condiciones ambientales provocadas por la acción humana la que impacta en la distribución, crecimiento y movilidad de la población del área, y no las posiciones deterministas que asocian la poca población con las condiciones de aridez que caracteriza al occidente pampeano. Y los momentos en los que se detiene el crecimiento de la población se relacionan con aquellos en los que deja de correr el agua.  

Nuevas estrategias productivas y cambios en los modos de vida

Las geógrafas trabajaron las historias de vida, las experiencias y las interacciones de los pobladores rurales del área donde confluyen el Atuel con el Salado, y también de quienes residen en el tramo inferior del río Chadileuvú-Curacó. Además, entrevistaron a funcionarios, niños, docentes y referentes locales.

Los testimonios recogidos les permitieron ratificar la importancia del recurso agua para el sostenimiento de la vida de aquellos habitantes, como fuente de aprovisionamiento de alimentos y de provisión para consumo humano y ganadero. La privación de agua significó pérdidas económicas: los proyectos agrícolas fueron abandonados y los productores de la zona se vieron obligados a readaptar su forma de vida a la falta de agua, ya que tuvieron que suplantar actividades por otras que no formaban parte de sus pautas tradicionales.

Las autoras de los estudios especifican trece procesos de cambio socioespaciales y culturales que produjeron el nuevo hábitat a partir de la falta de agua. Estos van desde la relocalización de puestos, la menor disponibilidad de recursos del monte, la mortandad de ganado, el mencionado éxodo de población, hasta el abandono de huertas familiares, invasión de especies exóticas y los cortes e interrupciones de caminos en períodos de sueltas.

Justamente, en referencia a las sueltas, periódicamente, quienes viven en los puestos a la vera del Atuel padecieron inundaciones que se producían cuando, sin previo aviso, se liberaba agua desde el dique. Las investigaciones demuestran que estas sueltas de agua, sumadas a la falta de encauzamiento del río, producen desbordes. Los relatos dan cuenta de que estos comprometen corrales, playones, viviendas y provocan aislamientos de los animales. Como consecuencia, las unidades productivas se ven afectadas. De hecho, se registraron testimonios de pobladores que sostienen que no desean que vuelva el agua a La Pampa, debido al impacto perjudicial que las inundaciones generan en su economía.  

Pérdida de la “cultura del agua”

Un indicador del impacto cultural por el cese del escurrimiento fue detectado en niños que asisten a la escuela primaria de la localidad de Limay Mahuida. El equipo de investigación realizó un taller de grupo focal en el que presentaron a los alumnos tres imágenes del río con diferentes niveles de agua: una con agua, otra en la que estaba salinizado y la tercera sin caudal. La consigna les solicitaba que indicaran cuál de todas las imágenes les gustaba más. Dillon revela que los niños respondieron que preferían la imagen del cauce seco.

“Lejos de sorprendernos, la imagen del río seco representaba el espacio conocido, la situación actual, la cotidianidad del ambiente que los rodea”. Y explica: “La respuesta debe interpretarse como un indicador más de la pérdida de valores culturales asociados al río”. Este indicador, sumado a las estrategias de supervivencia adoptadas por las personas ante la escasez de agua, forma parte de procesos que se desarrollan desde hace más de setenta años en el oeste de La Pampa, y generan lo que las especialistas denominan amnesia hídrica o pérdida de la memoria hídrica.  

El derecho humano al agua

Dillon resalta que otro aspecto clave para analizar la problemática desde un enfoque social consiste en considerar el acceso al recurso hídrico como un derecho humano universal. En 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció, a través de la Resolución 64/292, que “el derecho al agua potable y el saneamiento es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos”. Y exhortó a los Estados y a las organizaciones internacionales a que “proporcionen recursos financieros y propicien el aumento de la capacidad y la transferencia de tecnología por medio de la asistencia y la cooperación internacionales, en particular a los países en desarrollo, a fin de intensificar los esfuerzos por proporcionar a toda la población un acceso económico al agua potable y el saneamiento”.

Desde esta perspectiva, Dillon sostiene que la utilización del recurso aguas arribas en pos del desarrollo pone en condiciones de escasez y de vulnerabilidad a los pobladores de aguas abajo, y provoca, como consecuencia, una desigualdad muy marcada”.  

Histórico conflicto

En 1949, después de dos años sin que el agua ingresara a suelo pampeano, los reclamos de los habitantes del oeste y de la Gobernación del Territorio Nacional de La Pampa motivaron al Ejecutivo Nacional, a cargo de Juan Domingo Perón, a reglamentar el aprovechamiento y los usos del agua del Atuel a través de la Resolución 50/49.

Esa norma disponía una suelta periódica para que el recurso pudiera llegar a La Pampa. La resolución, que reconoció el carácter interprovincial del río, fue desconocida por el Gobierno de Mendoza, que mantuvo su decisión de no liberar agua. Los reclamos pampeanos continuaron durante toda la década del 70, hasta que en 1979 La Pampa presentó una demanda a Mendoza ante el Alto Tribunal por el incumplimiento de la Resolución de 1949.

Fue recién en 1987 cuando la Corte Suprema de Justicia se expidió; en su fallo, dictaminó que la cuenca hidrográfica del Atuel era de carácter interprovincial y que Mendoza tenía derecho a regar 70 mil hectáreas. Además, exhortó a las partes a que celebraran acuerdos por un uso equitativo.

En el año 2008, el Gobierno Nacional, a través de los Ministerios del Interior y de Planificación Federal, y las provincias de La Pampa y Mendoza, representada por sus gobernadores, firmaron un “Convenio Marco sobre el aprovechamiento por partes iguales de la mayor disponibilidad de agua del río Atuel”. El acuerdo tenía como objetivo “posibilitar el desarrollo de acciones comunes y estratégicas, a través de la planificación y gestión armónica del recurso hídrico” (...); y la “formulación e implementación de obras de infraestructura y acciones no estructurales a materializarse en las jurisdicciones provinciales de La Pampa y Mendoza”. En ese marco, el Convenio también proponía “la conducción del aprovechamiento por partes iguales entre ambas provincias, de la mayor disponibilidad de agua que resultará de la realización de las acciones a desarrollar en el Río Atuel”.

El Convenio fue ratificado por la Legislatura de La Pampa (Ley 2468), no así por la de Mendoza. Y ante un nuevo de pedido de juicio por parte de La Pampa, el 14 de junio de 2017 se realizó una audiencia pública de conciliación en la Suprema Corte, donde instituciones de cada una de las partes se presentaron como Amicus curiae. La Universidad Nacional de La Pampa, una de las designadas por la Corte como amiga del Tribunal, expuso, junto a argumentos de tipo hidrológico y ambiental, los estudios que buscan determinar el impacto sociocultural del corte.