Dados los efectos de la conjunción de los tres vértices del llamado “triángulo de oro” –las telecomunicaciones, los medios de comunicación social e Internet- la democracia puede verse más amenazada sin regulaciones que con ellas. Haber puesto esto en el debate político de  la Argentina y llevar a la acción una regulación que desarticulará los monopolios de la comunicación genera una suerte de víspera democrática. En el futuro podrá ser evaluada por el curso de diferentes procesos que ya se prefiguran como experiencias  interesantes. Concretamente, que las ofertas de contenido de calidad sean lo más amplias posibles de manera que todas las diferencias culturales y sociales encuentren una oportunidad de satisfacción.

Nadie cuestiona hoy que deba existir un control público sobre los poderes económicos, el problema es cómo se hace. De no haber una vigilancia constante, mucha reflexión y debate cuesta pensar que la sociedad asuma un papel activo en esta lucha por una comunicación democrática. No basta con la acción del Estado, a quien por cierto hemos visto a la defensiva, en medio de  una “ley de la jungla” que se impone por el impulso de satisfacción de quienes ostentan más de la mitad del mercado de la televisión paga además de sus posiciones monopólicas en la televisión abierta y la llegada a grandes públicos a través de otros rubros de la prensa.  

Lo positivo es que hay una experiencia en este terreno. Tuvimos la posibilidad de ver cómo con diversos grados de disposición y actitudes salió adelante el debate y el borrador de la Ley de Servicios Audiovisuales. Las actitudes más valientes no vinieron de los medios de difusión ni de la gran mayoría de los periodistas, sino de los centros públicos educativos, las radios comunitarias, los actores de la cultura ligados a las industrias audiovisuales; también se lanzaron a la iniciativa jóvenes, adultos, políticos, personas que empezaron a descifrar la lógica de la oposición política al proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo y fueron críticos tanto de aquellos que adoptaron el mismo discurso de los empresarios como a ese clima perverso según el cual la sociedad argentina está llamada a sobrevivir los más feroces ataques a las libertades.

El Thomas que no es Jefferson

El escenario actual es heredero de aquella situación. Hay algunos que piensan, informan, orientan, debaten, otros sencillamente nada de eso hacen. Han aparecido las confesiones de parte, como cuando el grupo Clarín se defendió diciendo que tenía  “derechos adquiridos” cuando no existe  derecho a ejercer conductas monopólicas. Pronto se ve que el tema es un campo abierto a contribuciones lúcidas, a contracorriente, vigilantes en el buen sentido de la palabra, pero también el clima social es propenso al conformismo, al no hacerse ilusiones, como si toda iniciativa haya sido absorbida por el hecho de que algunos se dejaron intoxicar por lo que hay en el ambiente.

En Mendoza tuvimos sobrados ejemplos, a raíz de la judicialización de la política, hubo quienes formaron voluntades políticas alrededor de una medida cautelar que presentó Enrique Thomas en la Justicia Federal. Ese hecho derivó en un proceso largo, costoso y bochornoso a juzgar por el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No obstante, es el fallo de la Cámara (el redactado por el ex juez prófugo de la justicia Otilio Roque Romano) el que es tomado en algunos ámbitos del foro local como modelo de respuesta justa ante los vicios de origen de la Ley de Medios. 

Pensar en perspectiva

Hoy, el mayor desafío es  aportar códigos culturales y políticos comunes para pensar estos problemas. ¿De dónde es que surge esa sensación de batalla perdida en lo inmediato,  si una disputa de esta naturaleza supone la existencia de largos periodos para establecer  una posible victoria o fracaso? ¿Será por el temor o sensación de rechazo a todo lo que huele a  burocracia estatal? ¿Será que la ley no es lo suficientemente perfecta?  Otra cuestión: ¿Cómo se convive entre posiciones tan opuestas? Hay que tener en cuenta lo siguiente: más allá de que la Ley de Medios ha obtenido un apoyo mayoritario, las posiciones contrarias vienen revestidas por un velo académico y ya adelantaron una fractura al hacer de este arsenal jurídico la nueva frontera de la democracia.  

Los argumentos que vienen a continuación fueron vertidos este año en unas Jornadas sobre la  Libertad de Prensa organizadas por la Universidad de Mendoza.  En el arranque del análisis se dijo que la Ley de Medios es una ley que se impone por el Estado, que nace gestada con vicios en su elaboración y sanción, que genera permanentemente problemas de interpretación semántica y que contiene ella misma el “germen de su propia destrucción”. 

Mafalda y la Ley de Medios

A efectos de ilustrar el razonamiento se utilizó la imagen de una Mafalda sentada frente a una pantalla de televisión apagada.  Es decir, el pensamiento crítico de la sociedad se estaría preguntando si esta ley mejorará la comunicación y la respuesta sería “No”,  porque de lo que se trata es de aportar algo a conciencia, apagar el televisor si es necesario o elegir una revista distinta ya que sin ése comportamiento ni la libertad de expresión ni la de los medios tiene mucho sentido. 

Resulta increíblemente ingenuo pensar así. Efectivamente, es la falta de seriedad de una programación televisiva  lo que genera una actitud de tipo crítica. Pero no está en juego una libertad meramente individual, sino una necesidad de tipo colectiva que se satisface con la comunicación.  Dicho de otro modo, aun cuando haya que valorizar la lógica de la demanda -preguntarse qué es lo que pide el público-, lo importante en verdad es la lógica de la oferta a la que hay que exigirle calidad, variedad y una vinculación con los valores democráticos.

Este concepto surge de la primera definición de la Ley, cuando establece que la actividad audiovisual es una actividad absolutamente “cultural”. ¿Cuál es el alcance de este concepto? Es claro que nos referimos a toda expresión a través de medios audiovisuales y que como toda expresión puede ser emitida libremente, lo cual no obsta que se fijen límites, en la medida que la actividad realiza derechos de interés público. 

Hay que decir que este enfoque es el que se aplica en varios modelos de radiodifusión de gestión pública o privada. Ahora bien, al hilo de la crítica de la ley lo que se dice es que estamos frente a una contradicción entre la injerencia del Estado y los valores de la libertad de expresión. Es decir, se trata de una herramienta de “censura” de contenidos. ¿Cuáles son los fundamentos de una aseveración de estas características? Bueno, en primer lugar, que los controles de contenido “son serios” cuando se refieren a los objetivos que tienen que tener las emisiones. Por ejemplo, dado que la ley indica que son objetivos de las emisiones el promover el “regionalismo y la integración Latinoamericana”, y es la autoridad de aplicación (AFSCA) quien va a determinar qué contenido se ajusta o no a los objetivos e incluso puede visualizar previamente cada emisión, está abierta la puerta para prohibir contenidos que no estén en favor de la integración.

Si tomáramos ese razonamiento como válido, no sólo no habría razón de hacer estatuto alguno para la televisión, tampoco tendría mucho sentido apostar a vivir en comunidad con respeto a valores democráticos.  La crítica sería válida en la medida que se trajeran ejemplos concretos de censura, cosa impensable en los sistemas jurídicos democráticos donde funcionan todas las garantías constitucionales de libertad de expresión y de información.    

Mirta Legrand en verano

Se critican dos aspectos más de la Ley, el relativo a la publicidad comercial y a la prohibición de redes.  Se dice por ejemplo: “Los que gustamos de ver Mirta Legrand en verano vamos a estar en problemas  porque la ley establece que las emisoras que transmiten en red no pueden superponer sus emisiones salvo que exista una autorización fiscalizadora, un trámite que puede demorar hasta 60 días. A razón de esto podríamos ver a Mirtha recién en invierno en Mendoza”.

Al respecto cabe decir que obviamente tienen que existir mecanismos efectivos de fomento de los contenidos audiovisuales generados en cada región, el ejemplo señalado habla más del buen sentido de la regulación que de sus deficiencias. En todo caso, lo que habría que plantear  es cómo se habrá de superar la excesiva segmentación de los públicos – en Mendoza, por ejemplo, las señales parten el territorio en dos- y además hay otro problema, y es que para poder acceder a esos espacios destinados hoy a la repetición de programas de tv hechos en Buenos Aires, las productoras audiovisuales locales tienen que pagar importantes sumas de dinero.

Otro tema es que las quejas de las audiencias van a ser atendidas por la Defensoría del Público.  Ese es el ámbito donde pueden plantearse objeciones concretas, como las del ejemplo, en pos de una emisión en vivo para todo el país del programa de Mirta Legrand.

De cómo nos venden la Coca-cola

La otra objeción que se señala lleva a decir que va a haber “censura” de publicidad no tradicional porque hay que pedir autorización para poder insertar dentro de un programa, un unitario o una novela, por ejemplo una botella de coca-cola encima de una mesa. Una vez más el argumento carece de sustento. A quien hay que proteger es al público de la propaganda incordiante, la que puede llevar a deformaciones o engaños.  Es por tanto muy razonable actuar con reglamentaciones propias para cada tipo de mensaje y que el televidente pueda distinguir con claridad cuándo se halla frente a un producto artístico o cultural y cuándo frente a un mensaje publicitario. 

“Censura”, “imposiciones del Estado”, “serias injerencias”…el uso de estas palabras cada vez más ideologizadas  no hacen más que reafirmar las dificultades de una regulación que no es para nada “natural”. La necesidad de extenderse que tienen los mercados sí suele ser ligada al natural rumbo de las cosas, el lema “enriquecerse” también. No así las “conquistas” - la regulación que defiende posiciones de igualdad y de respeto a las diferencias sí lo son-.  Éstas son formales, a veces eso adquiere un tono peyorativo, pero ¿qué actividad humana y social llevada adelante con libertad avanza prescindiendo de principios generales? ¿Por qué los diferentes servicios de comunicación tendrían que ser la excepción?