Se presentó el 4 de noviembre en la Biblioteca San Martín el libro El caso Penitenciarías de Mendoza y el Sistema Interamericano, de autoría del doctor Pablo Gabriel Salinas, abogado de reconocida trayectoria en el campo de los derechos humanos. La obra, editada por Editores del Puerto, recoge la experiencia judicial de un grupo de abogados mendocinos que desde fines del siglo pasado visibiliza las violaciones de las condiciones de detención en las cárceles de la provincia, y el avance que el impulso de esas denuncias significó para los actuales cambios de paradigma en materia de políticas penitenciarias. La publicación abreva en la tesis de maestría de Pensamiento Latinoamericano, del propio Salinas. 

Al igual que su anterior libro, La aplicación de la tortura en la República Argentina. Realidad social y regulación jurídica (2010), este fue promovido por el diputado nacional por el Frente para la Victoria Guillermo Carmona, y por el Foro Nuevo Cuyo, con el fin de “generar ámbitos de reflexión para visualizar la dimensión internacional del Sistema de Derechos Humanos Americano”. Carmona, que compartió el panel con los abogados Diego Lavado, titular de la cátedra de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la UNCUYO, miembro fundador de la Asociación Xumek y peticionante junto a Salinas ante organismos internacionales por la situación de las cárceles mendocinas; y Pablo Garciarena, titular de la Dirección de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, valoró fundamentales aportes como el libro: “No es común que haya profesionales que profundicen su labor a través de la investigación y la escritura. Es destacable el compromiso, conocimiento y rigor académico con que Salinas encara sus trabajos y los elementos jurídicos que plasman una lucha consecuente con el correr de los años”.

El doctor Garciarena prefirió referirse al autor antes que a su obra. Destacó sus facetas como profesor universitario e investigador, y su trayectoria tanto de abogado como de cuadro político: “Tuve la posibilidad de verlo en acción en el segundo y el tercer juicio por delitos de lesa humanidad en Mendoza, compartimos la mesa acusadora en audiencias de hasta seis, siete horas. Allí demostró que es la síntesis de un tipo que se ha formado mucho y que lleva esa formación a su labor como abogado con verdadero compromiso militante. La obra real consiste en haber puesto la piedra angular de la discusión profunda y seria de las cuestiones de fondo sobre la situación de las personas privadas de la libertad. Sobre todo porque hay un nuevo enfoque por el cual el Estado debe asumirlas como políticas de derechos humanos”. 

Respecto al “Caso Penitenciarías”, para Garciarena se trata “de una acción militante, un hecho concreto en defensa de los derechos de las personas más vulnerables de nuestra sociedad que son las personas privadas de la libertad. El libro explica cuáles fueron las causas y consecuencias del caso y cuál es hoy la situación en las cárceles después de las denuncias e intervenciones. Esto generó un cambio de paradigma en las instituciones penitenciarias, con lo que eso significa. Pablo devela cuáles fueron las condiciones que llevaron a las cárceles de la miseria, de las ejecuciones y encarcelamientos por la calidad de pobres de las personas. Hoy, desde espacios institucionales como la Suprema Corte y desde el gobierno de Mendoza, existen iniciativas como la de Milagros Noli, subdirectora del Servicio Penitenciario, con un fuerte trabajo de formación de los perfiles del personal. Esta es una intensa actividad que demanda una mesa de trabajo coordinada por el Poder Ejecutivo, la Corte, la UNCUYO y las organizaciones civiles, y el compromiso político para continuarlo”. Otros avances apuntados por el abogado fueron la puesta en funciones del procurador de las Personas Privadas de la Libertad, Fabricio Imparado; los monitoreos y visitas de seguimiento a los penales, y el protocolo de medidas de resguardo para las personas aisladas.

La historia penada

Para la vendimia del año 2000 se produjo un violento motín en la Penitenciaría de Boulogne sur Mer “que la dejó prácticamente destruida. Se precipitó entonces una serie de internas que se manifestó en muertes cotidianas de los detenidos, fomentadas por el personal penitenciario. Algunos abogados que trabajaban en la defensa de los derechos humanos, con el doctor Alfredo Guevara Blanco al frente, más los jóvenes Carlos Varela, Alfredo Guevara (hijo), Diego Lavado y Pablo Salinas, comenzaron a motorizar denuncias internacionales que llevarían a la intervención de la Corte Interamericana en 2004. Para Lavado, “el libro se debe atesorar como elemento de consulta permanente, por su nivel de exposición y rigor metodológico y porque rescata un momento bisagra de la historia reciente: la tarea de un grupo de abogados por la cual el Estado Provincial fue siguiendo las exigencias de instancias internacionales, a las cuales se recurrió para abarcar grandes problemas de violaciones a los derechos humanos”. Con conocimiento del acontecer político local y nacional, Lavado historizó los hechos y omisiones principales que desde lo político influyeron en estas políticas durante los últimos 15 años:

“En la última etapa del gobierno de Arturo Lafalla (1995-1999) surgió la idea de encarar políticas de seguridad con compromiso de las fuerzas políticas, a raíz de una serie de hechos relevados a nivel internacional sobre casos de torturas a fines de los años 90 y en 2000-2001. La respuesta fue contundente, produjo medidas de transformación –como la radical reforma policial– en el sistema de justicia penal. Sin embargo, una de las cuentas pendientes fue trasladar esos cambios también al sistema penitenciario. En los gobiernos de Roberto Iglesias (1999-20003) y de Julio Cobos (2003-2007), “se abandonó lo que debía profundizarse. No se efectuó la reforma judicial. El desinterés político y social prefirió no ver que la realidad penitenciaria atenta contra los sectores más vulnerados en lo económico y cultural. Son ellos los únicos seleccionados a esta forma de toma de conciencia que son las cárceles. Porque la condición para llegar a la cárcel es no contar con las oportunidades económicas y sociales para evitarlo. En el caso del último año de mandato de Cobos, la Penitenciaría llegó a tener 20 muertos. Esto tomó estado público por las intervenciones de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ya era un escándalo que muriera alguien a cargo del Estado, pero que se haya llegado a cifras y niveles de violencia inusitados es una tragedia. Esto derivó en un compromiso para la creación de nuevas políticas públicas para encausar estrategias que permitan una transformación. Derivó así en un nuevo compromiso para la creación de políticas penitenciarias. Mendoza es el primer distrito que adopta un mecanismo de prevención contra la tortura y los malos tratos en todas las instituciones del Estado. También se crearon un segundo y un tercer juzgados de instrucción de penas privativas de la libertad, que descomprimen una situación imposible; se estableció legislativamente la figura del defensor de ejecución penal; y se creó la figura del defensor de las personas privadas respecto del régimen de sanciones disciplinarias. Se plasmó, desde el Estado en general, una real preocupación por tratar de revertir esta situación. El caso Penitenciarías no solo ha llevado numerosas vidas y causado un enorme dolor, también daña al Estado como institución y le significa un alto costo por la reparación de las consecuencias. El libro es una presentación histórica, porque sirve para las nuevas generaciones, con el fin de lograr un cambio de conciencia y una profunda reforma institucional”.


La praxis como obra

Los tres presentadores coincidieron en ponderar la calidad de los trabajos de Salinas por su voluntad de modificar la realidad desde la práctica judicial y la militancia política. O lo que el autor llama “praxis”, en relación a su trayectoria pero también por la lectura que hace del presente a partir de los terrores del pasado. Explicó Pablo Salinas: “Jamás podría haber escrito un libro como La aplicación de la tortura si no hubiera sido por la praxis, si no hubiera sido abogado querellante en los juicios contra los represores. O antes, cuando tenía siete años y patotas militares secuestraron a mi madre y a mí. Somos lo que hacemos. Los derechos humanos son una praxis, no son teoría, dos, tres teorías, no son principios inmutables. Mejorar lo que se pueda las condiciones de los sectores más vulnerables es nuestro objetivo”.

Salinas explicó a la audiencia el devenir de aquel grupo de abogados, siempre en torno a la lucha por memoria, verdad y justicia, respecto de los crímenes cometidos durante la dictadura cívico-militar en Mendoza. La interpretación de la historia política y social de la última década –Salinas es militante kirchnerista– recubrió también su exposición y abrió el debate con el público: “Entramos a la cárcel tras el motín vendimial y lo primero que encontramos es que delante nuestro se desnuda a una persona y se la veja en su intimidad. Planteamos entonces el primer Habeas corpus por las condiciones de detención y empezamos a utilizar nuestra herramienta, el derecho, para al menos darle un golpe a la realidad”.

“El Informe de Brodeck”, novela de Philippe Claudel sobre la posguerra europea, fue ampliamente citada por Salinas al referirse al horror del genocidio como marco que presupone toda violación a los derechos humanos. Extrajo de ese relato la experiencia de personas obligadas a comer como perros en un campo de concentración nazi: “El que se resistía moría de hambre. En el centro de eso se encuentra la dignidad. En el centro de toda persona privada de la libertad está la dignidad”. Y enumeró “conquistas” que desde el primer peronismo se fueron consiguiendo: “Eliminar el traje a rayas, permitir visitas íntimas, cerrar la cárcel de Ushuaia, darle a la problemática carcelaria una mirada integral, trabajar en el hoy, porque es en el hoy que hay cárceles, son cuestiones de dignidad. Si entramos a la Comisaría Séptima y vemos un cuadro de Santuccione (jefe policial de la dictadura), o entramos a la cárcel y vemos cómo un pibe de 26 años patea a uno de 18, y le saca fotos con el celular para divertirse, como se divertían los guardias nazis con el perro de Brodeck, entendemos que falta mucho. Hasta hace diez años había buzones (miniceldas de castigo). La cárcel es este infierno del cual nadie quiere hablar y Mendoza quiere dejar clausurado atrás del parque”.

El análisis se extendió a las responsabilidades histórico-políticas de un sistema económico que a la vez excluye y castiga: “Si a la pobreza estructural de Latinoamérica le agregás los años de violencia institucional de la dictadura y del neoliberalismo, te encontrás con cárceles de la muerte. Las prisiones del poder neoliberal, donde la población muere por falta de atención, por enfermedades producto de las condiciones sanitarias, o por asesinato, es lo que hay que cambiar. Hoy tenemos herramientas. Hay que darle a la problemática su merecido lugar y profundizar sobre la importancia de la educación, la formación y la salida laboral”.

Para el final, y a instancias del diputado Carmona, Salinas se refirió a la importancia del litigio: “Los estados hoy, a partir de la labor de los defensores de derechos humanos, avanzan en mejoras de las condiciones de detención. Como litigantes, lo que se nos requiere son acciones antes que teoría. Es decir, a partir de este juicio, ¿qué se consiguió? Interpelar al Estado de la misma manera que lo hacen las organizaciones civiles. Se logró reevaluar las condiciones de detención de determinado lugar. Aunque parezca que aramos en el mar, creo que no, creo que se demostró que el miedo que sostenía a la violencia se cayó”.