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La consigna fue acompañar a las víctimas que fueron abusadas sexualmente en el establecimiento para que se logre una sentencia ejemplificadora.
Las familias de las víctimas también vienen denunciando la falta de apoyo por parte del Estado provincial. Foto: Axel Lloret.
Familiares de niños y niñas abusados sexualmente en el Instituto Próvolo, para sordos e hipoacúsicos, marcharon en la fría tarde de este 19 de mayo para acompañar a las víctimas en su reclamo por verdad y justicia. La convocatoria tuvo como marco la presentación del abogado querellante, Sergio Salinas, quien el jueves llevó ante Tribunales judiciales un documento que acredita que el Vaticano conocía desde 2014 las reiteradas denuncias hechas por las víctimas de Verona, Italia, contra el sacerdote Nicola Corradi, imputado y detenido por la misma razón en la provincia.
Además, esta nueva movilización se dio luego de la detención de la monja Kumiko, señalada por algunas de las víctimas como partícipe y encubridora de los abusos cometidos por los curas del instituto, y de que saliera a la luz que la Iglesia tuvo acceso al expediente judicial de manera irregular. Los abogados de las víctimas denunciaron hace pocos días que los enviados por la máxima autoridad eclesiástica a "seguir" el caso tuvieron acceso al expediente a instancias del fiscal de la causa. Señalaron que la decisión del fiscal de permitir el acceso a la causa por parte de la Iglesia atenta contra tratados internacionales, en especial las convenciones internacionales sobre los Derechos del Niño y de las Personas con Discapacidad.
El abogado de víctimas eclesiásticas, Carlos Lombardi, habló durante la marcha con Señal U sobre el incumplimiento judicial que llevaron adelante los enviados del Vaticano, quienes no presentaron la documentación canónica que recopilaron ante el fiscal que investiga en Mendoza los abusos en el Instituto Próvolo, Gustavo Stroppiana.
Lombardi consideró que esta falta, sumada a la conferencia de prensa privada que dieron para anunciar que "ya no necesitan información" sobre los abusos porque tienen sus facultades limitadas, es una burla al Poder Judicial de Mendoza.
Las familias de las víctimas también vienen denunciando la falta de apoyo por parte del Estado provincial. Incluso, en una conferencia de prensa, cruzaron al gobernador Alfredo Cornejo por sus desafortunados dichos sobre la causa, cuando declaró que los abusos sexuales son un problema de las familias.
"Me gustaría saber si él leyó el expediente para poder opinar así. Él no puede culpar a las familias, las familias no son culpables, las familias son el único sostén de estos niños", cuestionó una de las madres.
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