La senadora nacional Liliana Fellner (FPV – Jujuy) realizó gestiones ante la Cámara de Diputados de la Nación para que se le dé pronto tratamiento al proyecto de ley que crea el Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos, que se encuentra en esa Cámara desde el año 2013, oportunidad en la que recibió sanción del Senado. De no recibir tratamiento durante este periodo, el proyecto perderá nuevamente el estado parlamentario, ya que el Senado sancionó por primera vez esta iniciativa en el año 2010 y pero no se convirtió en ley porque la Cámara de Diputados no la trató.

“El fin inmediato del proyecto es la creación del Registro, pero su finalidad real va más allá, y lo que busca es generar conciencia acerca de la necesidad de cumplir con el pago de las cuotas alimentarias y establecer una serie de impedimentos y dificultades de orden práctico para aquellas personas que estando en condiciones de pagar, no lo hacen”, manifestó la legisladora jujeña.

“Para hacer efectivo este principio, el proyecto establece que es obligatoria la presentación del certificado de libre deuda para realizar diversos trámites y solicitudes. En caso de que la persona esté inscripta en el registro, no podrá realizar determinados trámites, gestiones o actos jurídicos, como el cobro de sumas de dinero, por ejemplo”, señaló.

La intención plasmada en la iniciativa nace de la firme convicción de que el incumplimiento de la obligación alimentaria constituye un grave problema social cuya repercusión involucra a muchas personas y no sólo a las afectadas directamente. El derecho alimentario presupone el derecho a la vida, y en este caso el derecho a la vida de los propios hijos.

En este sentido, Fellner expresó: “es inaceptable que existan familias sufriendo penurias económicas, mientras quien es responsable del pago de las cuotas alimentarias esté en condiciones de asumirlas y aún así no presente auxilio y manutención a sus hijos”.

Por último, la senadora señaló que “lo que se pretende es crear condicionantes y medidas positivas que tengan la virtualidad de ejercer una mayor presión sobre los deudores alimentarios que, teniendo algún tipo de recurso, se niegan en forma sistemática a cumplir con el pago de la cuota alimentaria; ya sea por razones vinculadas a su mala relación conyugal, por las características del conflicto que han vivido, por irresponsabilidad o por negación de sus obligaciones”.