Inicia el debate para reformar la Ley de Alquileres
El debate se iniciará en la comisión de Legislación General de Diputados. Allí se discutirá el plazo de vigencia de los contratos y el sistema de actualización de la norma vigente.
Foto: Télam
Quienes buscaron una vivienda para alquilar en los últimos meses lo saben: la oferta es escasa y los precios le dejan muy poco margen a un trabajador con un salario promedio. Esta situación se suele atribuir a los cambios que introdujo la Ley de Alquileres, vigente desde junio de 2020, y por eso la Cámara de Diputados inicia este martes un proceso para revisarla.
La discusión se dará en la comisión de Legislación General, que se conformará a las 15, a partir de un acuerdo alcanzado el miércoles pasado por el presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa, con los titulares de los bloques de la UCR, Mario Negri, y del PRO, Cristian Ritondo, que conforman el interbloque Juntos por el Cambio. Para lograr ese objetivo, Massa firmó el viernes pasado la respectiva resolución citando a esa comisión que tendrá 31 miembros, de los cuales 16 corresponderán al Frente de Todos, 14 a Juntos por el Cambio y uno al interbloque Federal.
El acuerdo entre el FdT y JxC establece que, a lo largo de 30 días hábiles –equivalente a alrededor de 45 días corridos–, se discutirán las reformas a la ley de alquileres que se encuentra vigente en la actualidad, que entró en funcionamiento el año pasado, con el objetivo de lograr un dictamen mayoritario entre las principales fuerzas políticas.
También se determinó que la discusión se lleve adelante solo en la comisión de Legislación General, como pidió Juntos por el Cambio, lo que de algún modo deja de lado la posibilidad de que se incluya la creación de un impuesto a la vivienda ociosa, como propone el legislador del FdT y exgobernador de San Juan José Luis Gioja.
En el Congreso, coexisten 17 proyectos sobre el tema, con líneas totalmente divergentes. Algunas recogen los argumentos del sector inmobiliario y buscan desactivar los dos puntos centrales de la ley: el plazo mínimo de tres años de contrato y la metodología de actualización anual de la cuota. Otras se hacen eco de la postura de las organizaciones de la sociedad civil y federaciones de inquilinos, y no solo se niegan a retroceder, sino que proponen ir más a fondo con la intervención del Estado en el mercado.
Fuente: Télam y diarioAR
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