El informe especialmente preparado para medios de comunicación que se presenta hoy en el Hospital Universitario, es parte de un proyecto impulsado por el Instituto de Género de la UNCuyo (IDEGE) y el Hospital Universitario (HU), en el que se realizaron 7 ciclos formativos en intervención socio-sanitaria desde una perspectiva de género, en los departamentos: Guaymallén, Las Heras, Capital, Godoy Cruz; y en los Hospitales Universitario, Schestacow, Lencinas y El Carmen.

Han completado los ciclos 251 trabajadoras/es de la salud de la provincia, en tanto han asistido 352 personas a más de la mitad del ciclo de formación.

 La elección de la población destinataria directa tuvo especialmente en cuenta que, en su carácter de funcionarias/os públicos y agentes de intervención social y sanitaria, su labor es estratégica a la hora de garantizar el acceso de las mujeres a derechos humanos tales como la salud integralmente considerada, la información clara, suficiente y libre de sesgos que causan discriminación, la intimidad, la autonomía, los derechos sexuales y reproductivos, el derecho a no sufrir discriminación y a una vida libre de violencias.

Algunos resultados del informe

La obstaculización del acceso a anticoncepción, a contracepción quirúrgica (ligadura tubaria) y aborto no punible, la desprotección de la salud sexual de mujeres, lesbianas o bisexuales, la violencia obstétrica en particular respecto de mujeres que llegan a los hospitales públicos con complicaciones post-aborto.

A través de los cuestionarios de conocimientos previos realizados al inicio de cada ciclo formativo, (más de 100) aproximadamente el 98% de los mismos suponen que la violencia de género puede darse tanto de varones a mujeres como a la inversa, paralelamente a lo cual, se identifican, de un total de 13 indicadores de violencia, una escasa media de 5.

Esto da cuenta de la falta de herramientas para situar y comprender la violencia de género, que como señala la ley de protección integral, tiene anclaje en las relaciones desiguales de poder entre varones y mujeres, relaciones que dada la vigencia de un sistema heteropatriarcal global, sitúan estructuralmente al colectivo varones por encima del colectivo mujeres.
Asimismo, aproximadamente un 93% afirma que la violencia es innata en los varones, desconociendo que la misma se aprende y que hay estructuras sociales que la promueven y reproducen.

Todo lo señalado conlleva la reproducción de la violencia de género desde las instituciones públicas, problemática que no se dimensiona por la inexistencia de estadísticas oficiales. Tampoco resulta un dato menor que nuestra provincia no cuente con un protocolo de atención integral, ni existan servicios especializados de abordaje y tratamiento.

Pero quizás la deuda más profunda, por sistemática, sea la de formación en las carreras de grado en todas aquellas disciplinas llamadas a promover y garantizar el acceso a la salud y a la justicia; desde las Ciencias Médicas y el Derecho, hasta Trabajo Social, Comunicación Social, Ciencias Políticas, Sociología y formación docente.

A partir de todo lo expuesto se identifica la necesidad de incorporar áreas seminarizadas y asignaturas de estudios de las mujeres, género y derechos humanos; así como la incorporación transversal de estas perspectivas en las currículas de grado.