Una de cada tres empresas no está comprometida con la infancia. No lo está “puertas adentro”, entre sus empleados que tienen hijos o en sus políticas corporativas; tampoco lo está “puertas afuera”, cuando lo que vende u ofrece está destinado a los chicos.

Así concluyó un estudio que hizo Unicef entre 710 empresas argentinas. Es representativo, es decir que sus resultados son un reflejo de lo que actualmente es el sector privado en nuestro país. El 90 % de los participantes fueron pymes que pertenecen a distintas industrias, como alimentos y bebidas, transporte, turismo, comercio y tecnología, entre otras.

Basándose en varios indicadores (como las oportunidades laborales a jóvenes, las licencias de maternidad y paternidad, o las cláusulas relacionadas con la prohibición de trabajo infantil, entre otros), identificaron que solo el 21 % de las empresas tiene un compromiso alto con la infancia; el 49 %, un compromiso medio, y el 30 %, un compromiso directamente bajo.

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“Los que están en el nivel bajo muchas veces no conocen la normativa vigente. En el segundo grupo, de compromiso medio, a veces no la cumplen porque no saben cómo. El grupo de los de compromiso alto conocen más la normativa”, dijo Luisa Brumana, representante de Unicef Argentina, durante la presentación de prensa.

El estudio arrojó que no todos respetan las licencias por maternidad y paternidad. El 8 % de las empresas otorga menos de 90 días a las madres recientes y el 5 % ofrece menos de dos días a los padres, que es lo que define la Ley de Contrato de Trabajo. Sin embargo, en la paternidad, hay una tendencia a mejorar las condiciones legales. “Casi la mitad de las empresas supera lo establecido por la ley (que son dos días de licencia). Es un dato positivo. Nos encontramos con empresas que están ofreciendo 10 días, 15 días, un mes. Tal vez, el trabajo de Unicef en los próximos años sea ver cómo transformamos esta legislación para que alcance a todos los trabajadores”, sostuvo Pablo Ferreyra, gerente de alianzas corporativas y RSE de Unicef.

Los días de licencia de maternidad y paternidad crecen en las empresas donde las mujeres desempeñan puestos jerárquicos. “Era algo que nos imaginábamos, pero que se confirmó con el estudio. Es un dato interesante en lo que tiene que ver con cuestiones de equidad de género”, apuntó Ferreyra.

Una lectura minuciosa del estudio puede provocar dolor y bronca. Por ejemplo, si una empleada tiene un hijo con síndrome de Down, tres de cada 10 empresas no le ofrecen ni le ofrecerían una licencia extendida.

Con respecto a la lactancia materna, el 92 % de las empresas no cuenta con un lactario. “En esto se puede trabajar. ¿Cómo llevamos las normativas a una implementación concreta y real por parte de las empresas?”, dijo Ferreyra. El 32 % de las compañías no aplica la reducción de horario, aun cuando nuestra ley establece que todas las madres disponen, durante al menos un año, de dos descansos de media hora para amamantar o extraer leche para sus hijos.

En las cuestiones referidas a las políticas internas, solo el 14 % de las empresas incorporó de forma explícita cuestiones relativas a los derechos de niños y adolescentes en su política de derechos humanos, sus declaraciones de valores empresariales, códigos de conducta o similares. Además, existe un alto desconocimiento sobre la ley de prohibición de trabajo infantil y protección del trabajo adolescente. Casi la mitad (el 45 %) de los encuestados no conoce en detalle la ley. Un dato llamativo: el 18 % señala que “no es posible aplicarla”. Es casi como decir que no la cumple.

¿Qué pasa en la cadena de valor? Quienes dirigen o gestionan las compañías tienen un bajo conocimiento acerca de si sus proveedores respetan la legislación sobre prohibición del trabajo infantil (el 18 %), cumplen con las licencias por maternidad y paternidad (el 15 %) y cumplen con las normas sanitarias y ambientales (el 29 %).

“Puertas afuera”, muchos tampoco están comprometidos con la infancia. El 43 % de las empresas que ofrecen productos y servicios consumidos por chicos desconocen si existe alguna normativa específica sobre la protección de niños y adolescentes en la producción, comercialización y distribución de sus productos (como códigos de conducta de la industria, principios de derechos humanos o normas ISO específicas sobre infancia).

En cuanto a las acciones de publicidad y marketing, casi la mitad (el 47 %) de las empresas que dirigen su comunicación a chicos no cuenta con políticas formales que la regulen. Así, son varios los riesgos que se corren; por ejemplo, que no eviten mensajes discriminatorios, que promuevan estereotipos físicos o de género, o que atenten contra los buenos hábitos alimenticios.

A partir de los resultados, desde Unicef quieren trabajar con las empresas y con el Estado para que se conozcan y se cumplan las normativas vigentes. “Lo que vemos son desafíos y oportunidades. Faltan leyes y falta el cumplimiento de algunas leyes. Este estudio nos dice que hay mucho por hacer”, concluyó Brumana.