El sistema de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes no funciona en forma eficaz. Para intentar modificar esta situación, el Ejecutivo presentó un proyecto de ley que reorganiza la estructura en tres direcciones, que delimita las responsabilidades de cada una, que obliga a realizar un seguimiento de los casos, a tener un legajo único de cada pequeño y sobre todo a coordinar acciones entre los distintos entes que intervienen en cada situación.

Las falencias del sistema no son nuevas. En 2005 se aprobó la Ley de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes (26061) que cambió radicalmente las políticas destinadas a la infancia, ya que el objetivo central fue no judicializar las intervenciones, como se hizo durante cien años en la Argentina. Es decir, que las problemáticas sociales, económicas y culturales que atentan contra los derechos de los más chicos, ya no podían ser judicializadas, sino que el Ejecutivo debía  velar por su protección.

La norma se aplicó en Mendoza recién en 2008, ya que todo lo que antes estaba en cabeza del Poder Judicial pasó al Ejecutivo (a la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia –Dinaf-) y esto provocó inconvenientes. Ambos poderes firmaron un protocolo de actuación, que puso en marcha un sistema liderado por el Órgano Administrativo Local (OAL), dependiente de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (Dinaf), que primero tuvo mayor presencia en el Gran Mendoza y luego se extendió a todos los departamentos.

Las falencias del sistema fueron advertidas por especialistas en la materia, como la exministra de la Suprema Corte, Aída Kemelmajer de Carlucci y el pediatra y creador del Programa contra el Maltrato Infantil, Jorge Chahla, quienes coincidieron en la falta de seguimiento de los casos y de determinación clara de responsabilidades de todos los actores. La peor muestra de esas falencias fue y es la muerte evitable de pequeños, pese a que el sistema actuó, como los casos de Valeria Henríquez, Micaela Reina, Andrea Ábalos, Belén Amitrano y Georgi Godoy, Luciana Rodríguez. 

Durante la gestión del exgobernador, Francisco Pérez, (y luego de la muerte de la pequeña Luciana) se firmó un Pacto por la Niñez, que intentó ajustar los procesos. Sin embargo, las falencias no se subsanaron y cuando asumió Alfredo Cornejo, aseguró que impulsaría cambios. Ahora, el Ejecutivo presentó el proyecto del “Régimen Jurídico de Protección de las Personas Menores de Edad”.

Infancia: Chahla calificó como desastrosa la actuación de los entes locales

El pediatra Jorge Chahla no se calló, avisó que su crítica sería airada, un rezongo áspero. Este hombre que ejerció durante más de 30 años como pediatra, además de ser un defensor incansable de los derechos de la niñez, evaluó como patética, desastrosa y decepcionante la actuación de los organismos que tienen la responsabilidad de proteger a los pequeños en Mendoza.

Funciones específicas

La propuesta, que el Ejecutivo presentó en la Legislatura el 4 de julio, busca reconvertir el sistema para crear la Dirección General de Protección de Derechos, que será la encargada de delinear las políticas de niñez y dependerá de la Subsecretaría de Desarrollo Social. De ella se desprenderán dos direcciones: la de Promoción y Restitución de Derechos y la de Cuidados Alternativos, además del Consejo de la Niñez, como órgano consultivo.

Más allá de los cambios de nombres, el proyecto delimita funciones específicas. Los organismos clave que dependerán de la dirección de Promoción y Restitución de Derechos serán los Equipos Técnicos Interdisciplinarios (ETI), con presencia en todos los departamentos y que funcionarán las 24 horas, los 365 días del año. De acuerdo a la iniciativa, su función específica será intervenir en los casos de maltrato infantil, negligencia y abuso sexual infantil y estarán facultados para adoptar medidas de protección o excepcionales, es decir cuando el pequeño debe ser separado de su ámbito familiar para protegerlo, en cuyo caso deberán solicitar el control de legalidad de a la Justicia de Familia.

Una de las modificaciones sustanciales del proyecto es justamente delimitar los casos en que actuarán los ETI (hoy son los Oales), ya que hasta el momento abarcan una gran cantidad de problemáticas que los desborda, desde que un niño no asista a la escuela hasta que no se alimente bien. En este sentido, se fijan funciones determinadas para la Dirección General de Escuelas (DGE), el Ministerio de Salud, para que realicen el primer abordaje. Además, se prevé la firma de acuerdo con las comunas, para la asistencia primaria.

La deuda con los niños y las niñas

La ex ministra de la Suprema Corte de Justicia, profesora de la Facultad de Derecho de la UNCUYO y referente nacional en temas de Familia, Aída Kemelmajer de Carlucci, reflexionó sobre las causas por las que el sistema de protección de derechos de ...

Otro de los cambios clave es que el proyecto establece que los mismos profesionales que actúan en la primera instancia, continúen el seguimiento del caso hasta que cese la razón que motivó la intervención. Este es uno de los grandes cuestionamientos al sistema actual, ya que una multiplicidad de personas y organismos tienen intervención, con lo cual se diluyen las responsabilidades y el real seguimiento.

El acompañamiento en la evolución de los pequeños y sus familias estarán centrados en los Centros de Desarrollo Infantil (hasta los cuatro años) y en los Centros de Desarrollo Infantil y Familiar (hasta los 12 años).

Otra pata importante del sistema propuesto es la Dirección de Cuidados Alternativos, que será la encargada de brindar alojamiento a los pequeños que deben salir de su círculo íntimo por un tiempo para protegerlos. Es decir, que vivirán en algunos de los 33 hogares que tiene el sistema o con una familia temporaria, hasta que puedan re vincularse con su familia de origen, con algún adulto referente o se inicie un proceso de adopción.

De acuerdo al proyecto, la nueva estructura deberá realizarse en base a una reingeniería de recursos humanos y edilicios existentes, con funcionarios y empleados de los actuales Oales y dependencias de la Subsecretaría de Desarrollo Social.