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Foto archivo Axel Lloret para Unidiversidad
Daniel Ariosto - Presidente de la UCIM
Publicado el 09 DE NOVIEMBRE DE 2017
A través de un fallo, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia resolvió que los demandados en casos civiles, comerciales o laborales si pierden, tendrán que pagar hasta 14 puntos más de intereses anuales por el tiempo transcurrido desde que se inició el juicio hasta que debe pagar.
El aumento que establecen, que es de un 32 %, fue tomando como argumento la inflación y actuar en defensa del trabajador. Pero la inflación de ninguna manera es ese porcentaje, el dato es exagerado, sobre todo teniendo en cuenta que no es en beneficio del trabajador sino que gran parte de ese dinero se destina a quienes conforman el sistema judicial, abogados, peritos, entre otros.
Otro ítem es que el tiempo que dure el juicio atenta en contra del demandado ya que, con un interés tan alto, lo mejor es que el juicio se dilate todo lo posible de tal forma que al finalizar el monto sea más abultado con mayor beneficios para los demandantes y sus abogados. Esto sin contar con los tiempos dependen totalmente de la Justicia.
Esta decisión es un nuevo ataque a las pymes dado que no solo deben padecer la enorme cantidad de juicios laborales, que en Mendoza representan un problema de dimensiones enormes y que amenazan la misma vida de las empresa, sino que profundiza un problema que ya de por sí es muy grave.
De esta manera se presenta un panorama completamente desalentador para el sector empresario, dado que a la realidad cotidiana de inflación persistente, un cuadro de presión impositiva insoportable, falta de competitividad y competencia desleal y contrabando, falta de crédito, inseguridad y altos índices de judicialización laboral se le suma esta medida.
Dado que la política económica aún no ha logrado implementar medidas rápidas y efectivas el apuntalamiento de las economías regionales que siguen decayendo o en el mejor de los casos, no manifestando ningún signo de mejoría, los pequeños y medianos empresarios, siguen luchando para sostener la tarea diaria.
Y en este contexto, el Poder Judicial que, en nuestra provincia se encuentra sobrecargado de expedientes frente a los cuales nos puede brindar solución en los diversos fueros entre los que se destaca el laboral, hoy aumenta la presión a sectores económicos que muchas veces se ven injustamente penalizados y con esta medida, ven aumentados los intereses lo cual hará imposible afrontar sus responsabilidades.
Aunque es muy difícil sobrevivir en esta condiciones, los empresarios seguimos trabajando, apostando al futuro y arriesgando para construir un país mejor. El Estado debería hacer lo que le corresponde para garantizar el crecimiento económico, la seguridad de las personas, crear las condiciones necesarias para la generación de empleo y mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos, tareas todas en las que el sector económico tiene mucho por hacer.
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