A dos días del vencimiento del Decreto 320/2020, que prohíbe los desalojos por falta de pago, los inquilinos viven horas de incertidumbre. En este sentido, desde la Asociación Inquilinos de Mendoza (AIM) destacaron a Unidiversidad que a pesar de la vigencia de la normativa muchas familias reciben constantes presiones, hostigamiento y amenazas por parte del mercado inmobiliario.

“El primer decreto fue de marzo a septiembre y, en ese mes, se extendió hasta el 31 de enero inclusive. Llegamos al final de este mes y no teníamos noticias sobre extensión. Sabíamos que había una gran puja por parte de los sectores inmobiliarios que no querían la prórroga porque el decreto no solo prohíbe los desalojos, sino también los aumentos y renovaciones. Hace una semana el Gobierno dijo en los medios que el decreto se extendía hasta el 31 de marzo pero hasta el día de hoy no se ha publicado en el Boletín Oficial”, detalló Julieta Miranda Berrios, vocera de la Asociación Inquilinos de Mendoza.

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De esta manera, desde la AIM indicaron que aproximadamente son 9 millones los argentinos que alquilan, y aunque no poseen cifras locales, en Mendoza hay un déficit de 70 mil viviendas. A su vez, el panorama señala que existen 1,5 millones de hogares con deudas, de las cuales el promedio de deuda es de 150 mil pesos, llegando a sectores que adeudaron más de 250 mil. A esto, se suma que un 70 % posee deudas en materia de servicios.

“Hasta el momento no ha llegado algún caso de desalojo propiamente dicho pero sí tenemos casos de amenazas constantes, hostigamiento, envíos de cartas documento para embargar los sueldos de los inquilinos o de los garantes. Todo esto genera presión para que paguen o acepten aumentos en un momento en el que las familias están muy vulnerables por la pandemia. Pedimos que se comuniquen con nosotros a través de las redes sociales y hagan una denuncia a defensa al consumidor porque hasta el momento no hay un órgano regulador de las inmobiliarias”, detalló Miranda Berrios.

A partir de que se puso en marcha el decreto, los aumentos semestrales se congelaron y los inquilinos que podían afrontar el pago optaban por efectuarlo de acuerdo a lo indicado en el contrato, o por el contrario podían no pagar. Esta deuda contraída se comenzaría a abonar en seis cuotas sin interés luego de que el decreto dejara de tener vigencia.

 Si bien estiman que mañana podría publicarse en el Boletín Oficial la prórroga del decreto, aún existe cierta incertidumbre por el tipo de viviendas que estarían protegidas por esta normativa. “Tenemos que ver si ahora se incluyen los comercios, porque en un principio cubría a la vivienda única, urbana y rural, pero ahora se esperaba que también cubriera a los comercios, que lo están necesitando para salir de la crisis”, expresaron desde la AIM.

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Contratos en pandemia

Gregorio Lazarte es un mendocino que durante la pandemia tuvo que renovar el contrato de su alquiler, el cual vencía en durante el mes de julio. Sin embargo, aseguró a este portal que fue víctima de amenazas por parte de la propietaria de la casa.

“Nosotros teníamos intenciones de renovar el contrato y nos pegamos a lo que decía el decreto 320, lo habíamos leído bien y le explicamos a la dueña de la casa que pretendíamos seguir alquilando pero que queríamos que terminara el decreto que, en ese momento, finalizaba en septiembre. Como la mujer no estuvo de acuerdo, nos quiso desalojar si no firmábamos el contrato con las condiciones que ella quería, recibimos amenazas y hostigamiento. En plena pandemia era muy difícil conseguir otro alquiler, recién se estaba abriendo todo, por eso tuvimos que firmar lo que nos exigía”, dijo el mendocino.

Sin embargo, la nueva ley de alquileres de la provincia les permitió resguardar sus derechos. “La dueña se quiso adelantar a la promulgación de la nueva ley y se apegó a la normativa anterior, en donde los aumentos son semestrales. Nosotros nos pusimos firmes con la inmobiliaria y en julio hicimos nuevamente el contrato con la ley correspondiente”.

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Para la vocera de la Asociación Inquilinos de Mendoza, la situación de amenaza se ha dado durante todos los meses de pandemia. “Entendemos que las inmobiliarias y propietarios quieren cobrar pero necesitamos que tengan un poco de empatía porque muchas familias tienen un techo por el decreto, porque se quedaron sin trabajo y no han podido pagar el alquiler”.

Desde la entidad esperan a futuro la incorporación de los alquileres a la Canasta Básica Familiar ya que consideran que “siempre queda por fuera y no es algo menor cuando son tantas las familias que no llegan con los sueldos a cubrir sus necesidades”.

“Un alquiler de una casa sencilla de barrio, con dos o tres habitaciones puede costar entre $20 mil y $30 mil aproximadamente, y no hablamos de algo lujoso. Hay familias con tres hijos que tienen que recurrir a departamentos pequeños, con pocas habitaciones porque es a lo que pueden acceder”, concluyó Julieta Miranda Berrios, vocera de la AIM.