La Justicia determinó que no existían motivos razonables para detener a Leonardo Adolfo Rodríguez (30), que el 16 de enero de 2015 fue traslado a la Comisaría 27 por “actitud sospechosa” y horas después –según la versión oficial– se ahorcó en el calabozo. Por esta razón, imputaron por privación ilegítima de la libertad e incumplimiento de los deberes de funcionario público a Romina Flores y Juan Andrés Vera, los policías que lo aprehendieron.

En los fundamentos de la decisión que tomó el fiscal especial que lidera la investigación, Juan Manuel Bancalari, se destaca que “no existían motivos razonables para sospechar que (el joven) había cometido un delito o estuviese a punto de hacerlo”. Además, se consigna que llevaba su documento de identidad, por lo que la aprehensión no cumplió con ninguna de las circunstancias previstas por la ley 6722, que regula este tipo de procedimiento.

La imputación de los uniformados fue confirmada por uno de los abogados de la familia del joven, Lucas Lecour, integrante de la Asociación para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos (Xumek).
 

La versión oficial

La muerte del joven conmocionó hace un año a los vecinos del barrio Parque Sur, de Godoy Cruz, ya que todos lo conocían. Nadie, y mucho menos su familia, creyó en la versión oficial que dio a los medios de comunicación el entonces jefe de la Policía, Juan Carlos Caleri. Dijo que un llamado alertó sobre la presencia de un hombre en actitud sospechosa en el Corredor del Oeste, por lo que fue trasladado a la Comisaría 27 en la madrugada del 16 de enero de 2015, y que lo encontraron –horas más tarde– ahorcado con su propia remera.

Los vecinos y la familia del joven iniciaron una campaña y realizaron marchas para pedir Justicia. Su mamá, Cornelia Marilú Contreras, se convirtió en querellante en la causa, con el patrocino de los abogados de Xumek.

La investigación quedó en manos del entonces fiscal especial, Daniel Carnielo, (quien poco después, a raíz de una denuncia, fue desplazado por el procurador de la Corte), por lo que en su lugar quedó Bancalari. La fiscalía especial abrió dos causas: una por averiguación de muerte, que no avanzó, y otra que impulsaron los querellantes por las irregularidades en la detención. Por esta última, según confirmó Lecour, fueron imputados por privación ilegítima de la libertad y el incumplimiento de los deberes de funcionario público la oficial ayudante Romina Flores y el auxiliar Juan Andrés Vera.

Lecour recalcó que la detención del joven fue ilegal, ya que llevaba su documento y nunca quedó claro cuál fue la “actitud sospechosa”, por la que lo aprehendieron por averiguación de antecedentes. Para el abogado, la muerte de Leonardo fue otro caso de violencia institucional, de detención arbitraria e inconstitucional, que terminó con la muerte del joven.