Dos de los principales ejecutivos de YPF fueron imputados por la Justicia federal de Mendoza por contaminación ambiental producida por esa petrolera en los yacimientos La Ventana y Barrancas. Los acusados por la justicia son Santiago Martínez Tanoira, director de Downstream (el área de refinamiento de la petrolera) de la empresa y Javier Sanagua, gerente de Desarrollo.

En el momento en el que se efectuó la denuncia en 2012, ambos tenían cargos de alto rango en YPF Mendoza y quedaron implicados de manera "solidaria" por esos hechos.

La resolución formal de la imputación a Santiago Martínez Tanoira y Javier Sanagua.

Sin embargo, la discusión de fondo de la causa judicial que los tiene como acusados es compleja. Es que la denuncia original fue realizada en 2012 por el Gobierno provincial, en ese momento a cargo de Francisco Pérez, con el objetivo de expropiar la empresa privada bajo un acuerdo con la Nación.

Aquel año, la por entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner tenía como objetivo reestatizar YPF. Mendoza, alineada políticamente con la Nación, denunció penalmente a la petrolera por los desechos ambientales que había en varios yacimientos de Mendoza, entre ellos, La Ventana y Barrancas.

La decisión de hacer efectiva la denuncia provocó un doble resultado en Mendoza. Por un lado, los hechos de contaminación ambiental son concretos y los imputados deberán defenderse ante la Justicia. Por otro lado, en el marco político significó una fuerte pérdida económica para la provincia, ya que pocos días antes de plasmar la denuncia, el gobierno de Pérez había extendido formalmente la prórroga de varias concesiones petroleras en tierras mendocinas.

Volviendo a la resolución actual, la Justicia imputó a los directivos de YPF por violar la Ley de Residuos Peligrosos. En definitiva, el juez federal Walter Bento consideró que hubo “un mal manejo de los residuos peligrosos” y eso generó "adulteración o contaminación de un modo peligroso para la salud" de las personas que viven en los alrededores de los yacimientos.

Sin embargo, la decisión judicial explica que el accionar de los imputados fue realizado con negligencia –por descuido o desconocimiento– y no con dolo –tener la voluntad de cometer el ilícito–. Este atenuante cambia por completo, en caso de concretarse, la pena de los involucrados. En este caso en particular, el artículo 56 de la Ley de Residuos Peligrosos prevé penas de hasta 2 años de prisión cuando el hecho contaminante "fuere cometido por imprudencia o negligencia, o por impericia en el propio arte o profesión, o por inobservancia de los reglamentos u ordenanzas".

La demanda original fue presentada en 2012 y tuvo un buen recorrido hasta la actualidad. Fue elevada por el Gobierno provincial de entonces en la justicia local, luego pasó al fuero federal, volvió a la provincia y ahora, tras un incidente en otra causa paralela, la Justicia Federal se hizo cargo definitivamente.

El desarrollo del caso

Barrancas y La Ventana son yacimiento petroleros antiguos, que estuvieron en desuso por varios años. De hecho, en su reactivación,  acarreaban desechos de años atrás. Este atenuante habría sido decisivo en la consideración del juez.

"Se concluyó que la empresa YPF SA tenía pasivos ambientales no declarados ni en 2008 ni en los informes de situación; como asimismo que no reflejaba la situación encontrada en los respectivos campos. No había declarado pasivos soterrados, expiletas, desconociéndose su impacto ambiental. Acumulaba chatarra y residuos con hidrocarburos a campo aviento. Acumulaban y mezclaban cutting, tierras empetroladas y fondos de tanque. Incorporaban tierras con bajos niveles de hidrocarburos a piletas con petróleo, incrementando la contaminación y el volumen de pasivos, todo incumpliendo de manera reiterada la ley de residuos peligrosos", describe la resolución del juez Bento.

Luego de conocerse la noticia, Unidiversidad le consultó a YPF sobre la acusación judicial y desde la petrolera aseguraron que nada “tiene que ver la empresa” con la causa.

“Los pasivos de los yacimientos La Ventana y Barrancas están en plan de remodelación y están siendo controlados por la DPA”, aseguraron desde la petrolera.

Finalmente, desde la empresa explicaron que están “llevando a cabo un plan para reducir” los pasivos ambientales según lo dispuesto “por las autoridades” competentes.