Julieta Lavarello y Pablo Salinas representan a los siete denunciados por dos empleados de la Legislatura, luego de la marcha que se realizó el 17 de diciembre de 2019. Ese día, cientos de personas pidieron explicaciones a diputados y senadores que comenzaban a analizar el proyecto de modificación de la ley 7722, que diez días después se aprobó, pero que finalmente fue derogado por el gobernador Rodolfo Suárez, a raíz de la presión popular.

La defensora de los asambleístas por el agua solicitó el sobreseimiento de los acusados, porque consideró que nunca cometieron el delito que se les atribuye y que se trata de una “causa armada”.

Con Legislatura vallada, miles de manifestantes resistieron la reforma de la ley 7722

Sociedad Unidiversidad Ley 7722 / por Unidiversidad / Informe y audios: Noelia Delgado / Publicado el 17 DE DICIEMBRE 2019 Más de 2000 manifestantes se concentraron este martes en la Plaza Independencia en rechazo de la reforma de la Ley 7722 que se trató por segundo día en comisiones en la Legislatura.

Durante aquella jornada, los asambleístas y vecinos aseguraron que no se moverían hasta tanto los senadores y diputados salieran del recinto a dar explicaciones. Eso nunca sucedió y se generó una situación tensa, ya que empleados y empleadas expresaron que no pudieron salir del lugar hasta que se calmó la situación. A raíz de esto, es que dos trabajadores presentaron la denuncia que está en manos del fiscal Juan Ticheli.

Ticheli imputó a tres de los siete acusados, cuyos nombres no se consigna, a pedido de la defensa. Todos están acusados de privación ilegítima de la libertad agravada.

Pedido de nulidad y sobreseimiento

Lavarello y Salinas plantearon la nulidad de las acusaciones, por entender que no existió el delito de privación ilegítima, sino que se trata del derecho a peticionar y manifestarse, tal como hicieron ese día cientos de personas, además de los acusados.

Lavarello aseguró que esta es una causa armada, que la Policía hizo un trabajo de inteligencia para individualizar a algunas personas entre las cientos que estaban en la marcha, y que nunca se configuró el delito de privación ilegítima, que es básicamente un secuestro. Explicó que se generó una situación tensa como parte de un reclamo, pero dijo que no se impidió salir a nadie.

Jornada tensa en la Legislatura para discutir la modificación de la 7722

El proyecto del Ejecutivo provincial para modificar la Ley 7722, que fija las condiciones para la megaminería metalífera, se debate en comisiones desde este lunes. Durante este martes, se vivieron momentos de tensión, dada la importante presencia de ambientalistas que se movilizaron hasta la casa de las leyes.

La defensora comentó que por entender que no existió el delito es que solicitaron el sobreseimiento de los acusados, lo que significa que no existen pruebas para continuar con la investigación. Esto es distinto a la absolución, donde se determina la inocencia de una persona.

Una de las imputadas, cuyo nombre no se consigna a pedido de la defensa, consideró que se trata de una persecución política que significa un retroceso histórico para la democracia. Dijo que participa desde hace muchos años en las asambleas, a las que definió como un ámbito de movilización colectivo cuyo único objetivo es defender el agua como un bien común, frente a quienes pretenden convertirlo en una mercancía.

Pese a la imputación, la asambleísta aseguró participará -como desde hace 12 años- de la marcha por el agua pura, que se realizará el 7 de marzo antes del Carrusel vendimial.