El Ministerio Público Fiscal (MPF) y la Suprema Corte de Justicia (SCJ) ya están realizando investigaciones a empleados, funcionarios y magistrados de esos organismos para determinar responsabilidades en el caso de Horacio Rodríguez, quien salió de la cárcel antes de tiempo por un error de cómputo y mató a Ayelén Arias, una joven de 20 años.

José Valerio, el juez más reciente de la SCJ y en ejercicio de la presidencia de ese organismo en la actualidad; el procurador Alejandro Gullé y el secretario administrativo de la Corte, Felipe Manganiello; recibieron a los periodistas en el Salón de los Acuerdos del edificio del Poder Judicial para esclarecer el caso de Horacio Rodríguez, quien atropelló a Ayelén Arias con un auto robado el pasado sábado 7 de enero.

Rodríguez, de 26 años, había salido de la cárcel en agosto del año pasado. Sin embargo, su pena aún no estaba cumplida: debía quedar en libertad 3 años más tarde, en 2019. Había sido encarcelado por 12 años y 6 meses, el resultado de 2 penas distintas que fueron unificadas. Una fue del 2009 por 2 causas, de un total de 8 años y 6 meses. La otra, fue de 5 años en 2012 por 3 delitos que había cometido cuando era menor de edad.

Aunque Rodríguez debía ser liberado de prisión en 2019, esto ocurrió en agosto del año pasado. Tanto Valerio como Gullé coincidieron en que esta situación se debió a un error de cómputo, una tarea administrativa que se ha judicializado según explicó el juez de corte, quien también aseguró que son cosas que pueden ocurrir y que de hecho ocurren, aunque no con frecuencia.

En tanto, el Procurador afirmó que ha sido un error que, si Rodríguez no hubiese vuelto a delinquir al salir de la cárcel, no habría ocurrido. Esta afirmación de Gullé dejó al descubierto que el sistema penitenciario no está preparado para reinsertar a criminales en la sociedad. “Esto es un número mal puesto, desgraciadamente mucho más que eso en la realidad porque ese número mal puesto trae una cadena de concatenaciones que termina en la desgracia de Ayelén”, dijo Gullé.

Lo que los excamaristas quisieron transmitir es que no hay un sólo responsable del error judicial, y que no hay dudas de que se cometió, pero no hay certezas sobre si fue intencional o no. Valerio explicó que el cómputo no determina la pena sino cuándo corresponde tener por cumplida la pena, y que ésta está impuesta por la sentencia.

Es decir, que la sentencia establece cuánto tiempo deberá pasar el culpable en la prisión y el cómputo indica cuándo se cumplirá ese período.

El cómputo es realizado en primer lugar por el secretario del juez del tribunal (en este caso, de la Quinta Cámara del Crimen) y, si no hay observaciones, el juez firma. De ahí, se le comunica al MPF, donde también interviene el secretario del fiscal titular de la Fiscalía (la Quinta Fiscalía de Cámara en este caso) y también firma el fiscal. Finalmente, firma Penitenciaría.

Por lo tanto, hay muchas partes involucradas en el proceso del cómputo, por eso es que tanto en el Poder Judicial como en el MPF se iniciaron informes sumarios para determinar quiénes intervinieron en la causa y en el cómputo del caso de Horacio Rodríguez y si el error de cálculos fue intencional o no.

Valerio procuró ser muy cauteloso a la hora de hablar de las investigaciones y justificó ese cuidado con que sólo así es posible garantizar “el debido proceso a los implicados” y una respuesta a la familia de Ayelén Arias, quienes visitaron el edificio en la mañana de este martes. El juez de la SCJ aprovechó la oportunidad para destacar la necesidad de un nuevo sistema de justicia.“Es necesario imprescindiblemente producir grandes modificaciones para pasar a un sistema acusatorio oral, digitalizar todo lo que se pueda”, expresó el magistrado.

La “fiscal viajera”, involucrada

El Procurador Gullé explicó que cuando llegó el cómputo de la sentencia de Rodríguez, el titular de la Quinta fiscalía de Cámara, Ricardo Bianchi, estaba ausente, por lo que fueron designados fiscales subrogantes. Hubo dos fiscales que intervinieron en ese cómputo: María Luisa Cannata y Anabel Orozco, la fiscal que atraviesa un jury de enjuiciamiento por haber presentado un certificado médico encubriendo así un viaje de vacaciones a Brasil.

Estas dos magistradas anotaron y fundamentaron una observación en el cómputo porque el condenado ya había cumplido un período internado en el ex COSE.

Renunció la fiscal Orozco

El caso

El pasado sábado 7 de enero por la noche, un hombre que guardaba su BMW azul en una cochera de Las Heras. En ese momento, Horacio Martín Rodríguez y un cómplice llegaron al lugar en moto, interceptaron al dueño, y robaron el vehículo. Rodríguez, de 26 años, condujo el auto hurtado y su compañero lo escoltaba en la moto. En un momento, en el Barrio Tamarindo III, Rodríguez perdió el control del vehículo y se estrelló contra una casilla en la que Ayelén Arias de 20 años esperaba al colectivo junto a su bebé de 1 año y 5 meses.

Ayelén fue trasladada de inmediato al Hospital Central, en donde murió el domingo a las 8 de la mañana aproximadamente. En tanto, el bebé, quedó internado en el Hospital Notti en grave estado.

En cuanto a Rodríguez, se había solicitado su libertad condicional en junio del año pasado, pero se le había negado por mala conducta dentro de la cárcel. Dos meses después de esa negativa, fue liberado. Actualmente está nuevamente detenido e imputado por robo agravado con uso de arma, homicidio simple con dolo eventual y tentativa de homicidio simple con dolo eventual.