El Gobierno de la Nación tiene preparado un decreto que impondrá a los gremialistas a que se hagan públicos los bienes patrimoniales que poseen. 

Actualmente quienes dirigen y administran las obras sociales, que en la mayoría de los casos son jefes sindicales, están obligados a presentar sus declaraciones juradas “en sobre cerrado y firmado” ante la Superintendencia de Servicios de Salud. En la actualidad, esas DDJJ están disponibles pero sólo se abren ante un pedido puntual de la Justicia.

Desde la Casa de Gobierno amenazan con modificar esa situación que, según señalan en el oficialismo, sirve para esconder el el enriquecimiento de muchos dirigentes.

Para cambiarlo podría recurrirse a un nuevo decreto que aclara que las autoridades de las obras sociales deberán presentar “una declaración jurada patrimonial integral, conforme los términos y oportunidades establecidos en la Ley 25.188 (de Ética en Ejercicio de la Función Pública) y sus modificatorias, garantizando el carácter público, la libre accesibilidad y la consulta por toda persona interesada en forma gratuita a través de internet”. Es decir, al alcance de cualquier ciudadano.