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El “ala política” del Gobierno nacional ya piensa en cambios en la reforma impositiva para poder avanzar en la laboral y en la previsional.
La presidenta del Senado, Gabriela Michetti, y el jefe de la bancada oficialista, Federico Pinedo, ya saben que no tienen los votos para avanzar en la modificación de impuestos internos, como parte de la reforma tributaria (Foto Senado de la Nación)
Unidiversidad / Carlos Burgeño para ámbito.com
Publicado el 03 DE NOVIEMBRE DE 2017
El "ala política" del Gobierno ya tiene dudas. Especialmente los legisladores del macrismo, que deberán comenzar a defender en semanas el paquete impositivo que se diseñó en el Ejecutivo y que se presentó en sociedad esta semana. Algunos ya hacen números y determinan que será imposible que, tal como está redactado, sea aprobado en Congreso. Especialmente en el capítulo sobre los impuestos internos.
Según los legisladores, el alza en la presión tributaria para el vino, champagne, cervezas, tabaco y bebidas azucaradas no tiene destino en el Senado; donde se encuentran los representantes de provincias como Mendoza, San Juan, Salta, Tucumán, Río Negro, La Rioja, Misiones, Corrientes, Entre Ríos y, también, la provincia de Buenos Aires.
En todos estos territorios se suman las quejas cada vez más fuertes de los productores vitivinícolas, cerveceros, productores de bebidas alcohólicas, tabacaleras, ingenios azucareros, embotelladores y distribuidores, que ya hablan de las pérdidas de ingresos y de la cantidad de puestos de trabajo que podrían perderse. A las críticas se suman los empresarios instalados en Tierra del Fuego, que ven en la rebaja de los impuestos a la tecnología el disparo casi final para sus emprendimientos del fin del mundo.
Para peor, en las últimas horas comenzó una catarata de protestas de cámaras empresarias de todo tipo y tamaño, criticando la aplicación de los nuevos impuestos internos. En el oficialismo hay quejas contra estos representantes. Se habla de una "valentía que no existía durante el kirchnerismo, con medidas aún peores como el cepo".
Pero también se reconoce que la presión de los privados, sumado a los políticos provinciales propios y extraños que están levantiscos contra el paquete de tributos internos, será difícil de sortear cuando se trate de convencer sobre los beneficios generales de todo el paquete de reformas que intenta impulsar el Gobierno.
Según los números que ensayan la titular del Senado, Gabriela Michetti, y el jefe de la bancada oficialista Federico Pinedo, no hay votos para que avance el capítulo de los impuestos internos. La señal la dio también el aliado indispensable para las reformas, el presidente del bloque justicialista Miguel Angel Pichetto.
Si, en el peor de los casos, todos los legisladores de las provincias involucradas se sumaran a votar en contra, serían 33 senadores con votos no positivos. Si además se suman los que tradicionalmente votan en contra del Gobierno, la aprobación del paquete de impuestos internos es una utopía.
En el "ala política" (no sólo legisladores), en realidad piensan que todo se trata de una estrategia de relojería elaborada desde el oficialismo; que surge de la siguiente especulación. Tal como adelantó ambito.com, el número de reducción del déficit fiscal para 2018 es de $ 123 000 millones, fruto de un déficit fiscal que bajaría de los 4,5 % a 3,2 %. La mayor parte de esta cifra debe surgir de la modificación de la "movilidad jubilatoria" con la que se indexan los pagos a los pensionados, y su reemplazo por la medición a través de la inflación real de la economía.
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Sólo con esto, calcula el Gobierno, el ahorro con respecto a los gastos que figuran en el presupuesto ya presentado para 2018, sería de entre $ 80 000 y $ 90 000 millones. Esto sumado a los cambios en Ganancias, más los ingresos de los tributos a la renta financiera y el IVA a los servicios financieros, más la recaudación extra por la mejora de la actividad económica, le permitirían al Gobierno lograr esos $ 123 000 mágicos millones. En otras palabras, no sería necesario avanzar con los tributos internos.
Siguiendo el razonamiento, se cree que se trata de una estrategia política para que los legisladores avalen los cambios previsionales y laborales (el verdadero norte del macrismo), y que muchos gobernadores y legisladores puedan mirar triunfantes a sus electores.
Sería la aplicación de un duranbarbismo puro y duro, que en otras oportunidades ya había sido intentado por el macrismo con éxitos y fracasos.
Entre los primeros figura la aprobación de los pagos a los fondos buitre. Entre los segundos, la idea de presentar los cambios de ganancias para 2017, planteando originalmente una suba de la presión al 45 %.
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