El fiscal de Estado, Fernando Simón, dijo que es imposible que la Provincia plantee ante la Nación la inconstitucionalidad de la ley del cheque si no se logra un consenso político, un acuerdo entre los partidos, que conviertan al reclamo en una especie de política de Estado. 

Simón está analizando la presentación que le hicieron los dirigentes del Partido Demócrata (PD), en la que plantearon la necesidad de que Mendoza demande a la Nación por las pérdidas que significó la implementación de la Ley 25413, que reglamenta el impuesto a créditos y débitos bancarios (más conocida como "Ley del Cheque") y que, aseguraron, ronda los 1000 millones de dólares.

Los demócratas hicieron este mismo planteo hace un año. El presidente del partido, Richard Battagion, recalcó que están convencidos de la inconstitucionalidad de la ley y que Mendoza merece una indemnización por la merma en los porcentajes de coparticipación que recibe, una consecuencia directa de la aplicación de esta norma, según detalló.

La ley fue aprobada en marzo de 2001 durante la gestión como ministro de Economía de Domingo Cavallo, con el argumento de hacer frente a la emergencia económica. Por esta razón, la norma tenía una vigencia limitada –hasta fines de 2002– pero luego fue prorrogada y sigue vigente.

Esta ley determinó que el Estado recaude 0,6 % por cada cheque que se deposita y otro 0,6 % por cada uno que se cobra. Del monto total, el 70 % queda en las arcas del Estado nacional y el 30 % restante se distribuye entre las provincias.

Battagion explicó las razones por las que considera inconstitucional la ley. Dijo que la cláusula sexta de la Constitucional Nacional determinó un piso de recursos coparticipables: el 34 % del total de impuestos recaudados por la Nación, y que Mendoza no llega a ese porcentaje.

El demócrata se basó en un estudio de la Fundación Mediterránea (un análisis tributario), que determinó que las provincias reciben sólo el 30 % de la masa coparticipable, es decir, cuatro puntos por debajo del piso fijado. La razón –explicó– es básicamente la Ley del Cheque, ya que Nación retiene el 70 %, mientras que coparticipa a las provincias sólo el 30 % restante.

Battagion coincidió con el fiscal de Estado en la necesidad de lograr consenso político para enfrentar este problema. Por eso, aseguró que esta semana planteará el tema al gobernador electo, Alfredo Cornejo, líder de Cambia Mendoza (frente que integran los demócratas junto al Partido Socialista, Libres del Sur, Pro y que tiene el apoyo del massismo).

En la misma sintonía que Bataggion, el fiscal de Estado explicó que está analizando la presentación de los demócratas y que hará consultas tanto con las autoridades del Ejecutivo como con referentes de otros partidos. Simón comentó que la justicia federal no reconoce a la Fiscalía como representante del Ejecutivo por lo que, de plantearse una acción de inconstitucionalidad, la misma debería realizarla la máxima autoridad provincial, si es posible acompañada por todo el arco opositor.

Aunque el fiscal recalcó que estudiará a fondo la presentación del PD, definió al tema como importante pero no como urgente, sobre todo teniendo en cuenta las problemáticas que se están analizando como parte de la transición de gobierno, específicamente la deuda provincial.
 

Análisis y críticas

El diputado nacional radical Enrique Vaquié explicó que los planteos relacionados con la coparticipación son de larga data y que deberán ser analizados a futuro y no en forma inmediata. El legislador, que es parte del equipo de Alfredo Cornejo que participa en las reuniones de la transición de gobierno, explicó que hay dos aspectos relacionados con la coparticipación que tienen sustento conceptual para que las provincias planteen reclamos, aunque es necesario –dijo– estudiar el sustento legal.

El primero es el piso de coparticipación del 34 % que plantea la cláusula sexta de la Constitución; el segundo, la sesión del 15 % de la masa coparticipable que hicieron las provincias en 1992 para colaborar con el sistema jubilatorio, que en ese momento estaba en manos de privados y que no podía enfrentar el pago de haberes. 

Vaquié recalcó que en ambos temas es esencial conocer la opinión que tiene y tuvo Mendoza en el seno de la Comisión Federal de Impuestos, un ente formado por la Nación y todas las provincias, donde se analizan estos temas y cuyas decisiones sólo se pueden apelar ante la Suprema Corte de Justicia.

El diputado explicó que una vez que asuman el nuevo gobierno provincial, analizarán estos dos aspectos. Sin embargo, recalcó que no será a corto plazo ya que actualmente están abocados a la transición, específicamente a analizar la deuda provincial.

Por el oficialismo opinó el presidente de la Cámara Baja, Jorge Tanús, quien fue lapidario. Dijo que la iniciativa de los demócratas es vieja, aislada y que sólo responde a la necesidad de ese partido de aparecer de alguna forma en los medios de comunicación. Tanús señaló que el PD es un partido que prácticamente desapareció, que se quedó sin representación legislativa y que debe realizar este tipo de acciones mediáticas para lograr algo de protagonismo.

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