El Gobierno reglamentó el impuesto a las grandes fortunas

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Para asegurar que los y las contribuyentes alcanzadas por la ley cumplan con su obligación, la AFIP inició una serie de fiscalizaciones integrales a contribuyentes millonarios que omitieron completar las declaraciones juradas e ingresar los pagos correspondientes. "Los procedimientos abiertos a través de la DGI permiten analizar el patrimonio de quienes no cumplieron con sus obligaciones durante un plazo aproximado de 150 días en el que el organismo está habilitado a solicitar información detallada", señalaron desde la AFIP.

Según la dependencia oficial, las estimaciones sobre los fondos son preliminares y continuarán con los procesos de fiscalización iniciados sobre quienes no presentaron sus declaraciones juradas, mientras se espera a que avancen en los juzgados las causas iniciadas por distintos contribuyentes millonarios para no pagar el aporte. Sobre la base de la información disponible en el sistema web del Poder Judicial de la Nación bajo jurisdicción de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, alrededor de 200 contribuyentes con patrimonios superiores a $ 200 millones interpusieron recursos de amparo para evitar el pago de ese tributo.

El destino de los fondos

En cuanto al destino de los fondos, la Ley 27605, aprobada en diciembre del año pasado, estableció que los recursos generados se usarán para financiar distintos proyectos definidos en la normativa. Alrededor de $ 45 000 millones (el 20 % del total recaudado) será destinado a la compra y/o elaboración de equipamiento médico, elementos de protección, medicamentos, vacunas y todo otro insumo crítico para la prevención y asistencia sanitaria.

Una suma similar (el 20 %) irá a subsidios para las micro, pequeñas y medianas empresas, con el principal objetivo de sostener el empleo y las remuneraciones de sus trabajadores. El mismo porcentaje se utilizará para financiar las becas Progresar, de modo que los fondos refuercen el programa que acompaña a las y los estudiantes con un incentivo económico y en todos los niveles de formación durante su trayectoria educativa.

A su vez, más de $ 33 000 millones (el 15 %) se destinarán a la mejora de la salud y de las condiciones habitacionales de los habitantes de los barrios populares a través del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU). Por último, cerca de $ 55 000 millones (el 25 %) financiarán programas y proyectos de exploración, desarrollo y producción de gas natural, actividad que resulta de interés público nacional.