Vecinos de las ciudades santafesinas de Reconquista y Avellaneda organizaron una movilización el martes contra la decisión del Gobierno nacional de intervenir y expropiar la empresa agroexportadora Vicentín. Con la consigna "Cuidemos lo nuestro", los manifestantes realizaron un "bocinazo" a partir de las 17, en automóvil y flameando banderas argentinas. Alrededor de las 20, se dirigieron al hotel donde se hospedaban los representantes del Gobierno, encabezados por el subinterventor Luciano Zarich, que debieron abandonar las instalaciones bajo custodia policial.

Zarich se reunió esta mañana con Fabián Lorenzini, titular del Juzgado Civil y Comercial de la Segunda Nominación de Reconquista. Allí, el funcionario le informó al magistrado las medidas anunciadas el lunes por Alberto Fernández.

Según publicaron medios santafesinos, la llegada de Zarich provocó resistencia entre los locales, que le habrían negado el ingreso a las oficinas centrales de la empresa. 

Dionisio Scarpín es intendente de Avellaneda y una de las personas que organizó la protesta. En diálogo con Aire Digital y Radio Mitre, aseguró sentirse "con mucha bronca y angustia" y sorprendido "para mal" con la noticia. "Hablar de Vicentin es hablar de una empresa familiar de la provincia que ha crecido de la nada. No estamos hablando de una multinacional extranjera. Vicentín es una parte muy importante de la economía. Junto a otras empresas, fomentaron el desarrollo de toda una región". El mandatario local puntualizó que si el objetivo es rescatar a la empresa, antes "puede haber un montón de alternativas. En un país que está en crisis, que una empresa tenga problemas no debería extrañarle a nadie". 

Repercusiones de la decisión oficial

Por su parte, los integrantes de la Sociedad Rural de Reconquista, en un comunicado de prensa, expresaron: “No vinieron por Vicentin, no vinieron para proteger la producción. Vinieron por nosotros, vinieron por la democracia. Hoy nuestra bandera a media asta simboliza la tristeza ante el entierro de los valores republicanos. Hemos advertido sobre el uso del odio, y lamentablemente tuvimos razón. No juzgamos conductas empresariales, para ellos está la justicia. Desde el punto de vista ético, juzgamos lo ilícito del accionar de un poder que se atribuye la suma del poder público. Una Nación que respete su Constitución Nacional es una República. Avasallar la constitución es nuestra desintegración como Nación”.

Además, desde Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) se volvieron a pronunciar en contra de la decisión del gobierno. “La expropiación la debe determinar el Congreso de la Nación y lo vemos con preocupación porque vemos que hay una línea orientativa del Gobierno para avanzar sobre las empresas privadas, y la historia de la Argentina demuestra que los avances del Estado sobre las empresas privadas no han sido positivos”, manifestaron en un documento.

“Cuando el Estado ha administrado en el sector privado no ha sido eficiente. No creemos que la expropiación sea la única herramienta. Las actividades y criterios de los empresarios privados y el manejo de sus empresas tienen a la justicia como evaluadora y sancionadora de sus conductas, pero si aceptamos que el Poder Ejecutivo arremeta contra los jueces naturales, habremos convalidado la quiebra del principio republicano de la división de poderes”, agregaron.

Otro sector que se pronunció sobre la situación de Vicentín fue el ligado a la provisión de insumos. Desde la Federación de Distribuidores de Insumos Agropecuarios (FeDIA), advirtieron: “El Estado no debe intervenir en la actividad privada”. Y agregaron: “Creemos desmedida tal acción, habiendo transcendido ofertas de actores privados con más experiencia en el negocio. Asimismo, consideramos que la libertad individual y de organización de una empresa privada siempre debe prevalecer y ser honrada en las decisiones de un Estado democrático”.

Por último, un acreedor de Vicentín señaló en diálogo con Infobae: "Estoy shockeado y muy sorprendido por el anuncio que hizo el presidente de la Nación. Habrá que esperar la implementación de la intervención y expropiación, y el temor sobre lo que sucederá de ahora en más, en el caso de que se decida profundizar el intervencionismo del gobierno en la actividad agropecuaria. No hemos tenido el tiempo suficiente para analizar el Decreto del gobierno”.

La principal preocupación entre los acreedores pasa por determinar cómo funcionará la intervención, hasta donde llegará la expropiación de la empresa y cómo será la operatoria en el mercado de granos. “Habrá que ver si se expropia solamente el sector de la cerealera y aceitera, o también alcanzará a otros rubros de la empresa”, comentó otro acreedor.