A raíz de esto, el Frente de Izquierda y de Los Trabajadores (FIT) presentó, a finales de julio, un proyecto de ley en la Cámara de Diputados, asentado sobre tres pilares:

1) La derogación de la Ley 17032, mediante la cual se homologa el acuerdo entre el Vaticano y la República Argentina.

2) La derogación del inciso “c” del artículo 146 del Código Civil y Comercial de la Nación.

3) La derogación de leyes y decretos que establecen el pago de dietas, subsidios, pasajes, jubilaciones y otros privilegios por parte del Estado nacional.

En marzo del corriente año, el jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña, dio a conocer ante el Congreso nacional el presupuesto que le otorga el Estado a la Iglesia Católica. Aclaró que este representaba un monto de más de 130 millones de pesos, lo que despertó la mirada crítica de los diferentes sectores sociales.

Carlos Lombardi, abogado constitucionalista, señaló que el sistema de financiación de la Iglesia Católica Argentina está marcado, en primer lugar, por el mandato constitucional del artículo 2 de la Carta Magna que establece la obligación del Gobierno federal de sostener el culto católico. La Corte Suprema de Justicia ha interpretado ese artículo diciendo que el sostenimiento es puramente económico. Por otra parte, según el artículo 2, el sostenimiento económico esta fundado en la Ley 21950, “sancionada” en la última dictadura militar por el “genocida Videla”, por la cual el Estado argentino se obliga a destinar un presupuesto a la Iglesia Católica que actualmente es de 130 421 300 pesos.

Lombardi ejemplificó que los obispos ganan el 80 % de lo que gana un juez nacional en primera instancia; es decir que un obispo diocesano gana 46 800 pesos; un obispo auxiliar, 40 950 pesos; un obispo emérito, 40 950 pesos, mientras que administradores apostólicos y diocesanos cobran 46 800 pesos. Sumado a esto, sus jubilaciones, según el decreto-ley 21540, son del 70 % de la remuneración que perciben durante el ejercicio de sus cargos; esto alcanza a arzobispos, obispos y vicarios castrenses.

Surgió el interrogante sobre si estaban o no incluidos en el presupuesto mencionado por Marcos Peña el pago de pasajes aéreos que establece el Decreto N.° 1991. Lombardi respondió: “No, va por fuera, al igual que las becas que les paga el Estado a los seminaristas. Es decir, nosotros, con nuestros impuestos, les pagamos a los chicos que estudian en los seminarios, a los que quieren ser sacerdotes, a los sacerdotes de frontera y un subsidio a los obispos auxiliares, obispos titulares, a los administradores apostólicos".

“Hoy en día, ese mandato constitucional –del artículo 2– ha devenido en anacrónico por el paso del tiempo, porque los representantes del pueblo argentino de 1853 fundaron esa obligación en mayorías católicas. Actualmente, la mayoría de los católicos es una mayoría nominal, es decir, el 76 % de los argentinos se han bautizado en la Iglesia Católica, pero solamente el 22 % de ese porcentaje practica la religión. Por lo tanto, el fundamento del punto de vista sociológico ha perdido vigencia”, opinó Lombardi.

Por otro lado, el vocero del Arzobispado, el padre Marcelo de Benedictis, afirmó: “Lo que destina el Estado es principalmente para sueldos o asignaciones para los obispos; después, las parroquias de fronteras y un aporte mínimo para los seminaristas que hay en cada diócesis para la educación del clero. Concretamente, no entra al bolsillo del obispo, entra a la diócesis para el cuidado de la misma, para todo lo que es el mantenimiento de pago de empleados y servicios”. Ratificó: “Cuando me hablan de la separación de Iglesia y Estado, bienvenido sea, pero hagámoslo con diálogo y con justicia. Hubo un atropello en el pasado del Estado argentino, hoy buscamos las cosas justas y queremos la separación Iglesia y Estado", dijo De Benedictis.

Como tercera voz en este debate, aparece el obispo auxiliar monseñor Marcelo Mazzitelli, quien manifestó: “No hay ninguna objeción a lo que es separación Iglesia y Estado, pero que no se tienda a amordazar a la Iglesia para que no hable cuando tiene que hablar”. Afirmó que hay toda una tradición histórica de apoyo del Estado y que eso se replanteó dentro de la propia iglesia. Mazzitelli opinó que, si este proyecto de ley avanza en contra de la Iglesia, van a tener que evaluar la situación en la Conferencia Episcopal.