El Gobierno nacional presentó ayer en Buenos Aires un plan para frenar el altísimo nivel de robo de celulares en todo el país. La ambiciosa propuesta contempla la identificación de los dueños de líneas de celulares a través del plan de “nominatividad”.

Según datos difundidos por el Ente Nacional de Comunicaciones, en Argentina en lo que va de 2016 se produjeron 4195 denuncias de robos de celulares. 

Pero el disparador de la iniciativa gubernamental vino a través de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien, de forma azarosa y mientras navegaba por portales de venta online de artículos, detectó que un posteo ofrecía un teléfono móvil perteneciente a su ministerio. El equipo tenía un sticker que lo identificaba en su carcaza y ofrecía un número de emergencia para reportarlo, según cita el portal Infobae. A partir de esta situación, los principales organismos gubernamentales con injerencia en las telecomunicaciones decidieron modificar las reglamentaciones para la tenencia de líneas móviles o para generar nuevas, lo que derivó en los cambios que se anunciaron ayer.

En la presentación de la nueva resolución estuvieron la ministra Bullrich; su par de Comunicaciones, Oscar Aguad, y el presidente del Enacom, Miguel de Godoy. A través de una declaración conjunta, los funcionarios señalaron que en quince días enviarán a las compañías prestadoras del servicio de telefonía móvil las modificaciones para la titularidad de la línea.

La nueva normativa establece que los clientes registren y validen su identidad como usuarios titulares con las empresas antes de que se puedan activar las líneas. El cambio regirá para planes prepagos, pospagos y mixtos. El trámite podrá ser presencial en las compañías, pero también a través de Internet y por teléfono.

Según cita la agencia DyN, Miguel De Godoy afirmó: "El jueves vamos a emitir una resolución que le va a dar un plazo de 90 días a las compañías que prestan el servicio celular para empezar a implementar el nuevo sistema con todas las líneas nuevas, y les vamos a dar 18 meses para que regularicen la situación de todas las líneas telefónicas que estén activas”. Por su parte, Bullrich indicó que el no cumplimiento con el informe de titularidad de la línea "llevará al corte de la misma".

De esta forma el Gobierno busca frenar los robos de equipos, pero también los delitos que se producen a partir del “anonimato” que posibilita la habilitación de una línea y los ilícitos que se generan a partir de ello, como es el caso de los secuestros.