“Cuando al mediodía hago torrejas con la acelga que coseché y veo que mis hijos comen, soy feliz”, afirmó a Unidiversidad María Laura Molina, una madre de 34 años que vive con su marido y sus tres hijos, la mayoría en edad escolar, en Perdriel, Luján de Cuyo. Ella trabaja limpiando casas y vende productos de limpieza a pedido. Su esposo es albañil. Sin embargo, los ingresos de ambos no alcanzan para cubrir las necesidades de todo el mes: “Vivimos al día”, dijo. Por eso, se embarcó en la tarea de tener su propia huerta, esa que ahora le sirve para alimentar a toda su familia.

Según María, antes de tener la huerta había días en los que al mediodía apenas le alcanzaba para hacer un té y recién podía cocinar algo a la noche. “A veces no llegábamos a hacer las dos comidas”, agregó. Contó que hace cinco años y, después de haber participado de una huerta comunitaria en su municipio, decidió armar una en su casa para tener productos con los que hacer las comidas.

La iniciativa que tuvo María es un camino válido para todas las personas, más aún para aquellas con más necesidades, sin embargo, es poco explorada y promovida a nivel nacional, tal como afirma un reciente informe del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, hecho en alianza con la Fundación Alimentaris. Este estima que apenas un 4,6 % de los hogares urbanos del país posee una huerta o cría animales para el autoconsumo de su familia. Aunque la proporción crece en hogares pobres, la cifra no es significativa: el número asciende a un 5,6 %, casi dos puntos porcentuales más que en los hogares no pobres.

Para Diego Montón, ingeniero agrónomo de la UNCUYO y referente de la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra (UST), las cifras del relevamiento ponen de manifiesto una realidad preocupante: el autoconsumo, tanto de hortalizas como de productos derivados de la cría de animales, ha disminuido considerablemente debido a que hay menos financiamiento e impulso de programas clave por parte del Gobierno nacional.

Sostuvo que en Mendoza, la situación refleja una tendencia similar a la nacional. Sin embargo, aclaró, que los datos oficiales son escasos. "Según fuentes locales, el último registro relacionado con programas de huertas familiares se remonta al extinto programa ProHuerta, implementado por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Este programa, que distribuía kits de semillas a través de distintas agencias y organizaciones, nos proporcionaba un seguimiento efectivo sobre cuántas eran las familias que se volcaban a esta actividad y por qué lo hacían. Además nos permitía saber cuántas de esas semillas se convertían realmente en huertas operativas. Hoy, sin estos números, se complica aún más obtener una visión clara sobre la adopción de huertas en la provincia", explicó Montón, quien también es secretario de la Federación de Cooperativas Campesinas y de la Agricultura Familiar (Fecocaf) y coordinador del MNCI Somos Tierra.

Diego Montón, referente de la UST, secretario de la Fecocaf y coordinador del MNCI Somos Tierra. Foto: Diego Montón.

Montón sostuvo que el hecho de que exista un modesto porcentaje de hogares con huertas combina dos realidades. "Por un lado, hay una creciente conciencia en los sectores medios sobre la necesidad de consumir alimentos saludables, libres de agrotóxicos. Sin embargo, también está el factor económico, que excluye a muchas familias de poder acceder a productos frescos, especialmente frutas y hortalizas", señaló.

En ese sentido, el mismo informe de la UCA indica que en zonas pobres, el 32,2 % de los niños, niñas y adolescentes del país vive en hogares que experimentaron inseguridad alimentaria. Es decir, en hogares que por problemas económicos tuvieron que modificar sus consumos alimentarios en cantidad y calidad, así como bajar el consumo en adultos. 

“El recorte que el Gobierno nacional viene realizando a programas de este tipo y que golpea al que menos tiene y más necesita es una realidad. Antes eran cientos y cientos las familias que venían a nuestra asociación por semillas o a preguntarte cómo hacer una huerta en casa, hoy, lamentablemente, son pocos los que vienen y preguntan, no porque no tengan necesidad, sino porque no tenemos los recursos que antes les brindábamos”, remarcó Montón.

Además, según el estudio, los hogares con niños, niñas y adolescentes tienen el doble de chances de sufrir inseguridad alimentaria. De hecho, uno de cada 10 hogares de este tipo padece de una inseguridad alimentaria severa. Esto significa que los chicos han experimentado situaciones de hambre por problemas económicos.

“Un día podés arrancar la mañana sin dinero y entonces al mediodía podés preparar una comida con algo de la huerta. Y con la plata que juntás durante el día, podés comprar milanesas para comer a la noche. La huerta nos salva”, explicó María. La semana pasada, cosechó tres plantas de acelga, tres de lechuga y casi medio kilo de perejil. Le alcanzó para unas tres comidas: preparó torrejas, tarta y ensalada. Con lo que se ahorró, pudo comprar algunos bifes para la cena.

“Ahora comemos más sano. Antes comíamos verduras cada tanto, cuando se podía. Pero con la huerta me aseguro de poder hacerlo unas tres o cuatro veces por semana. Hay temporadas en las que la acelga está carísima y no podríamos comprarla. Pero como tengo plantas en mi casa, la podemos comer igual”, dijo.

Huertas urbanas. Foto: María Laura Molina.

Apoyo clave del INTA, aunque con limitaciones

Antes de tener una huerta en su casa, María formaba parte de una huerta comunitaria que trabajaban junto a otras 15 mujeres en un predio del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), en Luján de Cuyo. Sin embargo, el recorte de algunos programas provocó que ella y otras familias tuvieran que dejar esa tarea para llevarla adelante por su cuenta dentro de sus viviendas.

Allí le enseñaron sobre semillas, cosechas, cuidado de la huerta y hasta a preparar comidas. Un día, decidió poner en práctica lo que había aprendido, pero en su casa. En una temporada, llegó a sacar 7 kilos de tomate y 40 zapallos, que cosechaba a medida que los iba necesitando. “Como no tenía mucho lugar, empecé a hacerla en tachos y en botellas”, detalló María, quien ahora tiene un patio grande.

Además de recibir asesoramiento del INTA, principalmente durante la pandemia, María también obtenía los kits de semillas que se entregaban a través de ProHuerta, un programa conjunto del Gobierno nacional y el INTA, que desde el inicio de la gestión actual perdió financiamiento. Estaba dirigido a poblaciones en situación de vulnerabilidad y promovía la producción agroecológica de alimentos mediante la capacitación, educación, implementación y apoyo a huertas en entornos familiares y comunitarios, entre otros.

“Se necesita una estrategia nacional”

Cuando se trata de desarrollar una huerta en zonas urbanas, Montón señaló que la limitación más frecuente es la falta de espacio. Otra es el acceso al agua. De hecho, según el informe de la UCA, casi uno de cada 10 niños, niñas y adolescentes experimentan inseguridad en el acceso al agua.

“Armar una huerta no es caro en términos económicos. Muchos de los insumos pueden obtenerse a bajo costo o gratis, como las semillas de frutas. Pero el tiempo y el conocimiento necesarios para mantener una, sí pueden ser una barrera. Para hacer algo planificado, que les permita a las familias tener autoconsumo y sustento, tiene que haber planificación. Por eso, el acompañamiento técnico es clave”, explicó el especialista.

Para Montón, “es fundamental integrar la autoproducción de alimentos en las estrategias nacionales de seguridad alimentaria y nutricional”. Y si bien piensa que cualquier momento es buen momento para poner una huerta, advierte que “las huertas urbanas no deben ser vistas como la única solución o herramienta para combatir la inseguridad alimentaria”.

“No existe una única estrategia capaz de resolver el problema de la inseguridad alimentaria, dada su complejidad y múltiples causas”, destacó el integrante de la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra. Y agregó: “Es esencial abordar la problemática de manera integral y disponer de diversas acciones estratégicas de largo y corto plazo que se complementen y que atraviesen el sector público, el sector privado y la sociedad civil. Y que permitan, en algún momento, alcanzar tanto la seguridad como la soberanía alimentaria”.

Este situación tambien se ve reflejada en los productores de hortícolas, donde el aumento del costo de los insumos necesarios es uno de los principales problemas que enfrentan.

“Un informe reciente del Instituto de Desarrollo Rural (IDR) de Mendoza destacó que el costo de producción de alimentos ha aumentado drásticamente, en gran parte debido a la dolarización de insumos como semillas y agroquímicos, muchos de los cuales son importados. En enero de 2023, un pequeño productor mendocino necesitaba vender cuatro kilos de tomate para comprar un kilo de pan. En enero de 2024, esa cifra ascendió a 11 kilos de tomate", ejemplificó.

Además de la presión de los altos costos, muchas familias de productores trabajan en condiciones de informalidad, lo que les impide acceder a créditos o beneficios como el seguro agrícola. "Más del 60 % de estas familias en Mendoza alquilan la tierra que cultivan, y estos acuerdos, al ser informales, las excluye de programas de apoyo estatal. Esta falta de acceso a financiamiento y la eliminación de programas nacionales de apoyo al sector, como el ProHuerta y el programa Cambio Rural, han agravado la situación para los agricultores de pequeña escala”, remarcó.