El fiscal de Estado, Fernando Simón, estuvo presente en la audiencia pública convocada por la Corte Suprema de la Nación en la que se reunieron representantes del gobierno local con los delegados de la provincia de La Pampa. Aseguró, en diálogo con La Posta, que se generaron muchos aspectos positivos para Mendoza.

"Mendoza vive de sus ríos de montaña, no tiene alternativas, no tenemos lluvias suficientes ni ríos caudalosos. Sin lo poco que tenemos, no podemos subsistir en la montaña y en el desierto", argumentó.

El conflicto por las aguas del Atuel tiene sus orígenes en 1947, cuando se inauguró el embalse El Nihuil, en San Rafael, con el fin de destinar las aguas del río Atuel a la generación de electricidad y regadío. En 1987, tras un reclamo judicial de la provincia vecina, la Suprema Corte de Justicia resolvió que el río tiene carácter interjurisdiccional, que Mendoza tiene un derecho prioritario a irrigar hasta 75 761 ha. y exhortó a las partes a negociar y celebrar de buena fe convenios para regular los usos futuros de sus aguas.

Por tratarse de un conflicto entre provincias, el más alto tribunal tiene en la materia la competencia originaria que le asigna la Constitución Nacional en ejercicio de su función dirimente.

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